El Gobierno recuerda a Torres-Dulce que es jefe de los fiscales y que Mas se saltó al TC

El Gobierno hace equilibrios para que no se note públicamente que presiona al fiscal general para que actúe ante el simulacro de consulta del 9-N en Cataluña, pero deja evidencia de su disgusto por el retraso. “Es el defensor del Estado en el ámbito penal”, recuerda Soraya Sáenz de Santamaría. Sigue el pulso del Ejecutivo con su titular, Eduardo Torres-Dulce, quien deja la iniciativa en manos de los fiscales catalanes pese a que en el ministerio público prima la “dependencia jerárquica”.

Han pasado cinco días desde que los partidos independentistas, con el control y el respaldo de Artur Mas y varios de sus consejeros, celebraran el “proceso participativo” impugnado por el Tribunal Constitucional. Durante la semana, Torres-Dulce y los fiscales generales empezaron por pasarse la pelota mutuamente. Al final el máximo responsable de la institución se la dejó a sus subordinados en Cataluña, pese a que no está claro que se atrevan a ir contra el presidente de la Generalitat. Más bien parecen dispuestos a congelar esa pelota hasta que se diluya el asunto, según se temen en el PP.

Torres-Dulce pone en aprietos al Ejecutivo porque, de momento, parece que a Mas y a su vicepresidenta les puede salir gratis desobedecer al TC

Torres-Dulce pone en aprietos al Ejecutivo porque, de momento, parece que a Mas, a su vicepresidenta y a sus consejeros les puede salir gratis desobedecer al TC. Pero también deja en mal lugar al Partido Popular, que desde el martes da por hecho que habrá querellas de la Fiscalía en Cataluña contra los máximos responsables del simulacro de consulta mientras se presenta como defensor de los derechos de los catalanes que no admiten el proyecto independentista. Pero sigue sin notarse la presencia del Estado (Administración central) frente al desafío de los partidos que trabajan por la secesión.

Torres-Dulce se ha cerrado en banda con las premisas de que la institución actuará “en los tiempos de la legalidad” y que el proceso ya está en los tribunales “porque lo han llevado los ciudadanos”. El fiscal general se muestra comprensivo con el tiempo que se están tomando sus subordinados en Cataluña para averiguar si hay “elementos suficientes” para plantear una querella, e incluso insinúa que también es posible que no encuentren esos elementos.

El responsable del ministerio público niega que tenga presiones del Ejecutivo y expresa su confianza en que tampoco la Generalitat lo haga sobre los fiscales en Cataluña. El Gobierno no comparte ese diseño confederal de funciones que Torres-Dulce dibuja al dejar en manos de sus subordinados la decisión última sobre si el Estado se querella o no contra Mas y sus consejeros protagonistas del desafío del 9-N prohibido por el Tribunal Constitucional.

La vicepresidenta del Gobierno, cuando compareció después del Consejo de Ministros, llevaba una respuesta muy preparada sobre la parálisis y la delegación de funciones de Torres-Dulce. “La Fiscalía actúa de manera autónoma respecto del Gobierno y debe someterse en su actuación a los principios de unidad de actuación bajo la dependencia jerárquica del fiscal general del Estado”, recordó.

Sáenz de Santamaría insistió en que el Gobierno desconoce qué va a hacer la Fiscalía frente al 9-N, pero dejó entrever que sí espera que lo haga. Y sobre todo, dejó claro que es la institución que debe actuar una vez que el Ejecutivo recurrió al TC y que éste impugnó la consulta independentista original más el remedo posterior. Luego llegó la desobediencia.

Además de describir pormenorizadamente el proceso jurídico del pulso entre Mas y las instituciones del Estado que se ha seguido hasta el mismo día 9 de noviembre, la vicepresidenta recordó que a la Fiscalía le corresponde “la defensa de la legalidad” y que el ministerio público es el defensor del Estado en el ámbito penal.

Falta que Torres-Dulce y los fiscales catalanes se pongan en ello en este caso y decidan “si se ha producido o no una actuación contraria a la ley constitutiva de delito” (definición de la vicepresidenta), extremo que está muy claro para los dirigentes del PP.