las comisiones se pagaron con fondos públicos

Los funcionarios del 'caso Enredadera' se vendieron hasta por un cable de 14 euros

La operación Enredadera dirigida por la jueza Mercedes Alaya ha permitido desmantelar una trama de corrupción que amañaba contratos públicos en toda España.

Foto: Agentes de la UCO en la sede de la Diputación Provincial de Sevilla (EFE)
Agentes de la UCO en la sede de la Diputación Provincial de Sevilla (EFE)

La operación Enredadera dirigida por la jueza Mercedes Alaya ha permitido desmantelar una trama de corrupción que amañaba contratos públicos en toda España. La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha servido para imputar a 32 empresarios y funcionarios implicados en la concesión fraudulenta de adjudicaciones a la empresa sevillana Fitonovo a cambio de regalos que en ocasiones apenas llegaron a ascender a 14 euros. Pero las pesquisas también han servido para taponar un enorme agujero por el que se habrían esfumado miles de euros públicos entre 1995 y 2013.

Ese es el periodo durante el que estuvo operando la red, según asegura la jueza Alaya en el auto de prisión de uno de los cabecillas de la red, Juan Andrés Brugueras Foye, director comercial de Fitonovo y responsable directo del entramado. El Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO no sólo ha constatado que esa compañía llegó a contar con más de una veintena de funcionarios en nómina que le concedían contratos públicos de forma recurrente. También ha probado que las comisiones y los regalos que recibían los presuntos prevaricadores se financiaron con dinero del erario público. Es decir, que Fitonovo ni siquiera tuvo que renunciar a parte de sus ganancias para sufragar los cohechos. Su fiesta la pagaron los contribuyentes.

La mecánica del fraude

Los investigadores han aportado a Alaya abundante información sobre esta práctica. La jueza concluye “que las dádivas o bien eran cargadas directamente a la facturación que emitía la empresa [Fitonovo] a la Administración con la connivencia del funcionario, o bien se derivaba del ahorro que a Fitonovo le suponía realizar la ejecución del contrato de forma distinta a la legalmente prevista, realizando menos kilómetros o metros de tratamiento o desbroce [la principal actividad de la firma, junto al mantenimiento de taludes], empleando medios diferentes, o menos personal, que le generaran un beneficio a la empresa con cargo al erario público en cualquier caso”.

La operación Enredadera saca a la luz una red de sobornos por amañar contratos públicos

Vídeo: La operación saca a la luz una red de sobornos por amañar contratos

 

Los agentes de la UCO han documentado numerosos casos en los que la organización corrupta utilizó estos métodos. En noviembre de 2008, Fitonovo acordó con un funcionario de Adif abonarle el 4% de un contrato amañado. Los fondos salieron “de la no ejecución de los trabajos comprendidos en el contrato público en determinados tramos” de vía.

“En perjuicio de las arcas públicas”

Entre 2004 y 2012, la compañía pagó 5.800 euros en sobornos a un funcionario de la Delegación del Ministerio de Fomento en la provincia de Huelva a cambio de contratos de mantenimiento de carreteras. El funcionario en cuestión, que debía encargarse de la supervisión de los trabajos, permitió que la firma de Brugueras ahorrara “en el coste de ejecución, bien permitiendo la facturación de tramos superiores a los ejecutados o bien permitiendo hacer los trabajos de forma distinta a la contratada en perjuicio de las arcas públicas”. Con la diferencia se pagaban las comisiones. El dinero salía directamente de los Presupuestos del Estado.

Fitonovo también compró a otro funcionario del Ministerio de Fomento en Huelva para acceder a nuevos encargos. En concreto, según ha podido averiguar la UCO, le dio 67.336 euros, que salieron de las propias licitaciones, “realizando menos tramos de lo que venía obligada a realizar por contrato, [utilizando] menos personal o [ejecutando las obras] de forma diferente a lo contratado”.

Vista de la antigua estación de El Portillo, sede de Adif en Zaragoza. (EFE)
Vista de la antigua estación de El Portillo, sede de Adif en Zaragoza. (EFE)

Los sobornos no sólo circulaban en metálico. Como reveló El Confidencial este miércoles, la trama también corrompió a funcionarios con cámaras de vídeos, estancias en hoteles, cava, joyas, agendas electrónicas y hasta pastillas de Viagra. Los funcionarios cayeron tan bajo que llegaron a aceptar como regalo un cable óptico valorado en apenas 14,61 euros, según detalla el documento judicial. Los agentes han constatado incluso un episodio en el que uno de los empleados públicos que colaboraba con la red pidió expresamente a Fitonovo que colara en una adjudicación un viaje a Panamá –“al parecer destinado al funcionario”– valorado en 3.000 euros. La red actuaba a demanda.

Un fraude de hasta el 50%

La cantidad defraudada al Estado llegó al 50% del importe de las licitaciones. Así ocurrió, por ejemplo, en las adjudicaciones concedidas a la empresa investigada en 2012 por la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras de la Junta de Extremadura. El jefe de este organismo acordó con Brugueras que sólo se ejecutara la mitad de los servicios contratados por el erario público. El precio de la otra mitad se lo repartieron a partes iguales el funcionario y Fitonovo.

La juez Mercedes Alaya. (Reuters)
La juez Mercedes Alaya. (Reuters)

A los acusados le resultará difícil contrarrestar las imputaciones. Según Alaya, “el informe elaborado por la Guardia Civil ha sido exhaustivo, pormenorizado, descendiendo a los mínimos detalles que permiten relacionar no solamente las cantidades con los funcionarios públicos sobornados, sino los expedientes de contratación concretos de Fitonovo que se vieron favorecidos por las dádivas recibidas por tales funcionarios”. Para la instructora, el atestado de los investigadores de la UCO permite “concluir que los indicios existentes contra los imputados son extraordinariamente sólidos y consistentes”.

El virus que asfixia al Estado

Fuentes de la investigación consultadas por El Confidencial aseguran que los funcionarios habrían actuado a título personal. Los agentes disponían de tantos datos que el martes, cuando se desencadenaron las detenciones, “sólo se registraron los puestos de trabajo de los imputados”. “Ya se sabía dónde estaba la información que se buscaba. La investigación está perfectamente documentada”, señalan las mismas fuentes.

Se trata de una de las tramas de corrupción desmanteladas con mayor arraigo en el sector público. Al contrario que en otras operaciones, los partidos políticos habrían jugado en este procedimiento un papel secundario. Ese es uno de los motivos que da nombre a la Operación Enredadera. La UCO aprovechó que Fitonovo comenzó dedicándose al cuidado de parques y jardines para bautizar las pesquisas con el nombre de esa planta. “Las enredaderas trepan por los árboles hasta que los asfixian, y eso es lo que está haciendo la corrupción con el Estado”, precisan fuentes próximas a la operación. "La corrupción ha llegado hasta el nivel de los funcionarios".  

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