también sus RETRIBUCIONES variables

El Tribunal de Cuentas cuestiona los contratos a dedo en el Instituto Cervantes

El Tribunal de Cuentas ha sacado los colores al Cervantes y ha puesto en duda los procesos de selección llevados a cabo por la institución en 2012.

Foto: Víctor García de la Concha, en su toma de posesión como director del Instituto Cervantes (EFE)
Víctor García de la Concha, en su toma de posesión como director del Instituto Cervantes (EFE)

El Tribunal de Cuentas (TCU) ha sacado los colores al Instituto Cervantes y ha puesto en duda los procesos de selección llevados a cabo por la institución para fichar a sus altos directivos tanto para su sede central de Madrid como para buena parte de los centros de su amplia red. El último informe del órgano de fiscalización referente al ejercicio 2012 pone en duda que los procesos hayan servido para contratar a los mejores atendiendo a los principios de “mérito y capacidad” que obliga la ley. El Tribunal también cuestiona el reparto de retribuciones variables a los altos directivos sin que conste criterio alguno objetivo que justifique dichas gratificaciones.

No es un informe muy halagüeño para la institución que dirige Víctor García de la Concha. El Tribunal de Cuentas ha escrutado buena parte de las contrataciones de directivos que se llevaron a cabo en el año 2012 en el Cervantes para concluir que no siempre se eligió a los más preparados y que, incluso en una ocasión, se designó como directora de un centro a una persona que no cumplía con los mínimos requisitos que el propio Cervantes había requerido en su convocatoria pública.

Se trata, en concreto, del nombramiento, en julio de 2012, de Luisa Castro Legazpi, una licenciada en Filología Hispánica, como directora del centro de Nápoles. El informe del TCU explica que, en el proceso de fiscalización, el Cervantes facilitó unos listados con los solicitantes que cumplían los requisitos y los que no. Pues bien, en ellos, Luisa Castro figuraba como una de las candidatas que no cumplía las condiciones mínimas pese a que, finalmente, fue la elegida para tan alto cargo. Según añade el informe, el Instituto no ha podido aportar ninguna documentación que pruebe que sí acreditaba esas condiciones.

No es ese, sin embargo, el único caso sobre el que el órgano fiscalizador llama la atención. De hecho, el TC pone en cuestión los 22 directores nombrados en 2012 mediante un proceso que sí cumplió con el principio de publicidad y concurrencia. El informe explica que “el análisis del proceso no permite concluir que la selección de los directores se acomodara a los principios de mérito y capacidad” porque no constan en ningún lado las valoraciones otorgadas a cada uno de los candidatos respecto a los requisitos exigidos en la convocatoria pública. Es más, el TCU encuentra significativo que la plaza de Nueva Delhi quedase vacante a pesar de que 38 aspirantes cumplieran con los requisitos y de que siete de ellos fueran personal del propio Cervantes.

Mariano Rajoy,  en el Instituto Cervantes de Pekín. (EFE)
Mariano Rajoy, en el Instituto Cervantes de Pekín. (EFE)

En aquella convocatoria, el Cervantes nombró 9 nuevos directores: Cristina Conde de Berolding en Berlín; Julio Crespo en Londres; Luisa Castro en Nápoles; David Manuel Alvarado en Orán; Juan Manuel Bonet en París; Ramiro Alonso de Villapadierna en Praga; Alberto Gómez Font en Rabat; Sergio Rodríguez López Ros en Roma; y María Jesús García González en Toulouse. Otros trece directores de centro cambiaron de destino al cumplir el periodo máximo de permanencia en una ciudad.

Las mismas dudas sobre posibles contrataciones a dedo se extienden también sobre dos subdirectores que se contrataron para la sede central del Cervantes para los puestos de Gabinete de Dirección y Gabinete Técnico de Secretaría General. Ambas contrataciones, propuestas por Rafael Rodríguez Ponga, secretario general del Cervantes, fueron aprobadas por el Ministerio de Hacienda, pero “del análisis de los procesos” tampoco se puede deducir que los fichajes “se acomodaran a los principios de mérito y capacidad y que se llevaran a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia”.

“Las bases de la convocatoria preveían que, una vez comprobados los requisitos y valorados los méritos, se realizaría una entrevista a aquellos candidatos que hubieran obtenido mayor valoración, adjudicándose la plaza al que más puntuación obtuviera en la fase de la entrevista”, explica el informe. “En el acta de la comisión de valoración no se informó de las puntuaciones obtenidas en las entrevistas celebradas para la cobertura de ambos puestos. Esas puntuaciones deberían haber sido determinantes para la selección de los candidatos propuestos”. El Cervantes dice que esas puntuaciones constaban en un anejo al acta de la Comisión de Valoración, pero no ha aportado el citado informe en ningún momento.

Variables retributivas no objetivas

El informe explica que en el año 2012 los directivos percibieron “una cantidad en concepto de retribución variable destinada a retribuir el cumplimiento de objetivos” por un importe máximo que, en promedio, ascendía a 9.000 euros anuales. Se ha comprobado que en todos los casos analizados, el Cervantes abonó las cantidades máximas recogidas en los respectivos contratos de directivos sin que conste que su retribución respondiera a una evaluación del grado de cumplimiento efectivo de los objetivos del año anterior. En total, el importe abonado en dicho ejercicio por este concepto variable ascendió a 89.295 euros.

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