La UCO temía un chivatazo a Granados y extremó el secreto del 'caso Púnica'

Las cifras de la Operación Púnica contra una trama de corrupción que amañaba contratos públicos en toda España permiten dimensionar la importancia de esta investigación, pero también las precauciones que tomó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para garantizar el secreto de sus actuaciones. Según fuentes cercanas a las pesquisas consultadas por El Confidencial, nunca antes el Instituto Armado había tomado tantas medidas para evitar que los cabecillas de una trama de corrupción pudieran ser alertados de las averiguaciones que se estaban realizando sobre ellos.

La cautela se mantuvo desde el inicio de las pesquisas, hace ahora un año, hasta el mismo momento de las detenciones, el pasado lunes 27 de octubre. Fuentes próximas a la investigación aseguran que los jefes del nuevo Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO esperaron hasta el viernes anterior a las detenciones, 24 de octubre, para comunicar oficialmente a sus superiores que ya se había fijado una fecha para lanzar la fase operativa. Ese mismo día también fue informado del vendaval informativo que se avecinaba el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Cándido Cardiel.

Comunicaciones intervenidas

Los responsables políticos del Instituto Armado fueron informados a continuación, pero sólo un reducido número de miembros del Gobierno supo que Púnica ya estaba en marcha. Entre otros motivos, porque los agentes de la UCO encargados del caso habían advertido a sus mandos de que todos los integrantes de la presunta red corrupta tenían las comunicaciones intervenidas. Ningún integrante del Ejecutivo se arriesgó a verse envuelto en un nuevo caso Faisán.

Según ha podido saber este diario, la UCO adoptó estas medidas para evitar que el principal dirigente político implicado en la trama, Francisco Granados, pudiera ser avisado por alguno de sus muchos contactos en el Partido Popular y en el PSOE, pero también en las Fuerzas de Seguridad y la Justicia. La UCO consideraba que ese riego era elevado por las responsabilidades que había desempeñado con anterioridad. Además de secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, Granados había ocupado el cargo de consejero de Presidencia, Justicia e Interior.

De hecho, los investigadores detectaron al menos una filtración. Junto a los 51 empresarios, dirigentes y funcionarios imputados por su relación con la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos, los miembros de la UCO también detuvieron a un colega de la misma unidad que avisó al exconsejero del Partido Popular de la investigación a la que estaba siendo sometido. Se trata de un agente operativo, José Manuel Rodríguez Talamino, que ha quedado en libertad provisional acusado de revelación de secretos.

Alijo de droga en Alicante

La filtración obligó a los agentes a desmontar el dispositivo de vigilancia que habían colocado en las inmediaciones del edificio Éboli de Pinto, el cuartel general del constructor David Marjaliza, otro de los principales implicados en la trama. Por esas instalaciones desfilaban decenas de políticos de todos los partidos, según aseguran fuentes cercanas a la investigación. Pero el Instituto Armado tuvo que prescindir de las cámaras y recurrir a otros medios para proseguir las averiguaciones.

El aviso del agente de la UCO generó tanto temor en Granados y sus socios que estos llegaron a paralizar por completo su presunta actividad fraudulenta. Pero los agentes descubrieron a tiempo el chivatazo e idearon un engaño para subsanar sus consecuencias. Contaron al confidente del exconsejero que las diligencias sólo afectaban de forma muy tangencial a Marjaliza y que estaban relacionadas con una reciente aprehensión de droga en Alicante. La mentira funcionó. Los agentes de la UCO no tardaron en detectar una nueva comunicación entre el guardia civil imputado y Granados en la que ambos comentaban esa novedad. A partir de ese momento, la red volvió a operar con normalidad.

Vídeo: Granados y Marjaliza blanquearon supuestamente 4 millones

Con todo, los investigadores prefirieron minimizar el riesgo y aceleraron las pesquisas. La Guardia Civil disponía de información sobre el amaño de contratos públicos en instituciones de todo el territorio nacional, pero decidieron dividir el caso en varias fases para evitar que las actuaciones se eternizaran y pudieran producirse nuevas fugas. Por ahora sólo se ha desencadenado la primera fase, centrada en municipios de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, como adelantó El Confidencial, la UCO ya trabaja en un segundo bloque, que incluye a todos los organismos que licitaron con Cofely, la compañía energética sobre la que gira el grueso de las irregularidades.

Enfado en el PP

La confidencialidad con la que actuó la Guardia Civil ha generado un enorme malestar en la dirección del PP, que habría preferido ser informada previamente de la detención de cuatro alcaldes del partido y de un personaje tan relevante como Granados. El día antes de que estallara el escándalo, por ejemplo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, manifestó en Murcia que los casos de corrupción sólo son “algunas pocas cosas”.

Sólo unas horas después, los agentes de la UCO registraban dependencias municipales gobernadas por los populares. La secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, una de las más molestas por el mutismo de los investigadores, se enteró de Púnica por la prensa. Lo mismo les ocurrió a varios miembros del Ejecutivo. A un sector de Génova aún no se le ha pasado el susto, y ya ha hecho constar su enfado.