Madrid ya ha recolocado a tres de sus altos cargos 'apartados' por el Madrid Arena

Dos años después de que cinco jóvenes murieran tras una avalancha humana en el Madrid Arena, todavía no hay ni un solo acusado en prisión. Las familias de las fallecidas solicitan 20 años de cárcel para Miguel Ángel Flores, el promotor de la fatídica fiesta, y entre 3 y 4 años para el resto de los acusados. El Fiscal rebaja la pena para todos, y pide cuatro años de prisión para el empresario; tres para los once procesados responsables de la organización y la seguridad del evento, y dos años y medio para los doctores Simón y Carlos Viñals, el equipo médico encargado de la enfermería del Madrid Arena y cuya mala praxis quedó más que en evidencia. Aunque el coste político tras el terremoto que provocó aquel accidente fue elevado, el Ayuntamiento de Madrid, propietario del recinto donde se produjo la avalancha, sigue manteniendo en nómina a algunos de los máximos implicados en aquella tragedia.

El suceso puso en el punto desde el primer día a Emilio Monteagudo, inspector jefe de la Policía Municipal, que se resistió a dejar el cargo cuando se puso en duda el endeble dispositivo policial que se montó y por qué no se evitó el botellón que se celebró a las afueras del pabellón, que, según el juez, tiene relación directa con la muerte de las cinco chicas. Tras las presiones que durante meses pedían la cabeza del máximo responsable de la policía municipal, Monteagudo no dimitió hasta que el juez no lo imputó en el caso este verano.

Sobre Monteagudo tendrán que dirimirse también responsabilidades acerca de la pieza separada que le investiga por un supuesto delito de falsedad documental en relación con este caso, por si pudieron haber falsificado un documento que elevara el nivel de seguridad establecido con motivo de la fiesta. Pese a esta doble imputación, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido seguir contando con los servicios de su exinspector jefe, para quien han creado el puesto de director de Relaciones Internacionales en el mismo cuerpo del que fue apartado.

El consistorio tampoco ha prescindido todavía de Carlos Viñals, un funcionario del Ayuntamiento de Madrid que formó, junto con su septuagenario padre, la plantilla médica contratada por Flores. Él fue quien atendió en un primer momento a las víctimas que fallecían minutos después. Ante la comisión de investigación, su padre reconoció que ninguna maniobra sirvió para reanimar a las jóvenes. El Samur, por el contrario, aseguró que no había. El auto de 25 años que el juez Eduardo López Palop entregó a las partes fue demoledor contra su figura: ninguno de los dos doctores hicieron nada por reanimar a las víctimas. “Los doctores son incapaces de detectar que las tres chicas que llegaron a la enfermería están en parada cardiorrespiratoria y diagnostican que han fallecido”, sentenció el juez.

Viñals hijo, funcionario de carrera, es director de programa del Departamento de Salud Laboral de la Dirección General de Seguridad, un puesto de libre designación que se pone y se quita voluntariamente. Tras su incierta actuación aquella noche de Halloween, el Ayuntamiento que dirige Ana Botella le aplicó el artículo 95.2 del Estatuto Básico del Empleado Público y le suspendió de empleo y sueldo seis meses, una sanción razonable teniendo en cuenta que el consistorio pudo haberle apartado de sus funciones durante seis años. La multa, de momento, no se ha aplicado, ya que el funcionario puso un recurso contencioso-administrativo y los tribunales lo han admitido a trámite.

Otros cargos que sí fueron destituidos

El alcalde del minúsculo pueblo madrileño de Garganta de los Montes, Rafael Pastor, era el máximo responsable de la seguridad de Madridec, la empresa a la que pertenecía el recinto donde se consumó la tragedia. En su declaración ante el juez, el popular declaró cosas tan desconcertantes como que desconocía que tuviera que haber un espacio habilitado para la enfermería; tampoco sabía que algunas de las puertas estuvieran precintadas; ignoraba si había coordinación entre todos los elementos de seguridad; no comprobó el contrato de una de las empresas de seguridad –Kontrol 34- con Diviertt –la promotora de la fiesta–; no conocía la normativa de incendios y, de haberse creído que la evacuación era insegura, “no hubiera permitido la celebración del evento”.

Aun así, el director de Seguridad de Madridec permaneció en su puesto hasta el pasado mes de septiembre, cuando el juez mantuvo su imputación. Pero fue cesado para ser reubicado en otro puesto de la estructura municipal. No corrieron la misma suerte sus jefes, los máximos representantes de Madridec, José Ángel RiveroyJorge Rodrigo, que fueron destituidos por Botella fulminantemente cuando se descubrió que Flores mantenía un contrato de fidelización con el Ayuntamiento de Madrid,aunque ya habían detallado anteriormente punto por punto la relación entre el empresario y el consistorio. Tampoco corrieron la misma suerte que Pastor los responsables de Operaciones (María Cabeza Quirós), Nuevas Tecnologías (Víctor Iriberri), la responsable del Departamento Jurídico (Paula Cisneros) y la de Infraestructuras (Elena Rodríguez). A todos se los llevó por delante el tsunami Madrid Arena.

El portavoz de UPyD en el ayuntamiento, David Ortega, mantiene que, “dos años después de lo sucedido en el Madrid Arena, es muy grave y frustrante constatarel destino deestos tres altos mandosdel Ayuntamiento involucrados en la tragedia. Hay que preguntarse si esto es lo que entiende el Ayuntamiento por asumir responsabilidades: quitardel primer planoa los que se equivocaron gravemente pero mantenerlosenbuenos puestos a costa del dinero público. Es una vergüenza quepersonas señaladas tan claramente por el juez por suineptitud profesionalsigan en puestos importantes del Ayuntamiento”.