Los donantes del PP preparan su ofensiva para salir de los ‘papeles de Bárcenas’

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ya no tiene razones para mantener la imputación de 18 empresarios que presuntamente dieron dinero al PP en concepto de donaciones a cambio de recibir adjudicaciones de Administraciones gobernadas por esta formación. Así es por lo menos como lo entienden ellos, según diversas fuentes jurídicas, después de que la Intervención General del Estado (IGAE) haya concluido definitivamente que no se puede establecer ninguna vinculación entre las donaciones y los contratos.

La razón por la que empresarios comoel presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, o el expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, se encuentran imputados en esta causa es porque tanto el instructor como las acusaciones consideran que puede haber un nexo de unión entre las donaciones que aparecen en la contabilidad B del PP elaborada por su extesorero Luis Bárcenas y los contratos recibidos tanto por la Administración central, como las autonómicas y locales.

Los funcionarios públicos que han realizado el informe sostienen que no se puede establecer una “correlación temporal general” entre donaciones y contratos, lo que significa que no se puede determinar que la entrega de una cantidad de dinero por parte de los empresarios llevara aparejada una adjudicación concreta.

Tampoco concuerdan los contratos que han recibido durante los años gobernados por la formación con la cantidad de la donación. Es decir, no se puede determinar que esta fuera en concepto de comisión, como se ha visto en otros casos de corrupción. Entre algunos ejemplos que aporta la IGAE es el de Sacyr, que habría recibido por Administraciones gobernadas por el PP entre 2002 y 2009 más de 6.000 millones de euros, mientras que habría entregado al partido a cambio 480.000 euros, una cantidad poco significativa para el volumen de contratación.

Otro apunte que hace la IGAE es que todas las compañías analizadas recibieron adjudicaciones tanto del PP como del PSOE cuando llegó al poder en 2004, y en algunos casos recibieron más dinero por adjudicaciones durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ni cohecho ni tráfico de influencias

Con estos argumentos, unidos al último informe policial que no pudo establecer tampoco una vinculación directa, los empresarios imputados consideran que Ruz ya no tiene base para mantener su implicación en el caso por un delito de cohecho, según diversas fuentes consultadas por El Confidencial. Primero, porque no hay manera de acreditar que los empresarios pagaron para recibir a cambio una adjudicación. Y segundo porque paraque se dé ese delito la dádiva tendría que ir al funcionario o autoridad que deba conceder esos contratos y no al partido porque se trata de una entidad privada que no concede contratos, sino que tendría que ejercer una influencia en las Administraciones.

Según el relato de hechos deLuis Bárcenas, de haber cometido los empresarios constructores un delito,sería el de tráfico de influencias, que tiene una prescripción de tres añosy según las fechas de los apuntes, tienen más antigüedad (los papeles ‘mueren’ en 2009). Por tanto, el juez de la Audiencia NacionalPablo Ruzestaría manteniendo una investigación, o por lo menos la parte que afecta a los empresarios, que ya está prescrita, según la tesis de los propios imputados.

Para el caso que se pudiera mantener el tráfico de influencias no ayudan las últimas resoluciones del Tribunal Supremo, que se ha relajado en la persecución de este delito. Al archivar la investigación al exministro socialista José Bono, el Alto Tribunal sostenía que, para que se cometa este delito, se tiene que acreditar la celebración de un acto concluyente "por el cual se ejerza predominio o fuerza moral sobre un sujeto pasivo de manera que su resolución o actuación sea debida a la presión ejercida". Asimismo, exige el abuso de la situación de superioridad y no puede penalizarse genéricamente "cualquier gestión realizada por quien ostenta una posición jerárquica superior, sino únicamente aquella en que la posición de superioridad se utiliza de modo desviado", lo que complica bastante tu enjuiciamiento.