Mas mantiene el 9-N y estudia emprender acciones legales contra el Gobierno central
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el gobierno impugna ante el constitucional

Mas mantiene el 9-N y estudia emprender acciones legales contra el Gobierno central

El Consejo de Ministros ha acordado hoy impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) las actuaciones de la Generalitat encaminadas a celebrar una consulta

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Mas mantiene el 9-N y estudia emprender acciones legales contra el Gobierno central

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, mantiene el proceso participativo convocado para el 9-N y ordenará a los servicios jurídicos de la administración autonómica que estudie la posibilidad de emprender acciones legales por el "abuso de poder y legal" del Gobierno central, y para proteger las competencias de la Generalitat sobre participación ciudanana.

En rueda de prensa en la Generalitat después de que el Consejo de Ministros haya anunciado un recurso ante el TC contra la nueva propuesta de 9-N, Mas ha afirmado que el Govern completará el operativo de cara al proceso de participación, "que está prácticamente acabado".

Vídeo:Denunciará "abuso de poder"

Mas afirma que los recursos del Ejecutivo central esconden su falta de capacidad política y demuestran que está "actuando con abuso de poder y de derecho porque está utilizando el TC de manera impropia", haciéndole desempeñar un papel que no le corresponde: resolver un asunto que debe solucionarse políticamente.

En el recurso, el Ejecutivo pide al Constitucional la suspensión de todas las actuaciones que se hayan llevado a cabo o que se vayan a llevar a cabo para convocar esta consulta, denominado "proceso participativo".Y lo hace después de que el órgano consultivo haya determinado que existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar la convocatoria, así como "cualesquiera otras actuaciones -con independencia de su naturaleza- en relación con dicho proceso".


La vicepresidenta ha resumido algunos de los argumentos esgrimidos por el Consejo de Estado para avalar la impugnación de una consulta que el Ejecutivo considera que no tiene "ninguna base legal" ni las garantías democráticas "más básicas".En ese sentido, ha recordado que no hay censo, que no hay administración electoral, que el proceso lo pilotan quienes defienden un resultado concreto y que lo organizan voluntarios "captados, seleccionados e instruidos por los promotores".

El Gobierno pretende, según la vicepresidenta, preservar la vigencia del ordenamiento jurídico constitucional y del Estado de Derecho, en el que "no tiene cabida" este procedimiento de consulta, además de "proteger la democracia frente a lo que es una perversión de sus mismos fundamentos", en particular los derechos a la libertad y a la igualdad.

Otro de los principales motivos por los que el Gobierno ha decidido llevar al TC la consulta es proteger los derechos de los catalanes, sobre todo de los funcionarios públicos a los que la Generalitat pretende colocar "ante la intemperie legal" de no dar ninguna cobertura jurídica a su actuación.Ha criticado Sáenz de Santamaría que la Generalitat sitúe a esos funcionarios ante la responsabilidad de asumir por sí mismos el incumplimiento de la ley, algo que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no está dispuesto a hacer con su firma.

En ese sentido, ha confiado en que Mas sea consciente de que, si la primera consulta fue suspendida porque vulneraba la Constitución, en este caso vulnera derechos de los ciudadanos a los que gobierna y representa al trasladarles una responsabilidad que no les compete.Sáenz de Santamaría ha confiado en que el presidente de la Generalitat cumpla esta vez las resoluciones judiciales "al menos por respeto a los ciudadanos".

En resumen, ha añadido, el Ejecutivo quiere con la impugnación "evitar un fraude a los ciudadanos y un fraude de ley".La vicepresidenta del Gobierno ha descartado tomar medidas que afecten a la financiación de Cataluña a pesar de los incumplimientos de la Generalitat, cuyo comportamiento "ya ha perjudicado bastante a los derechos de los catalanes".

En ese sentido, ha indicado que el dinero destinado a Cataluña a través del fondo a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) es el único instrumento para garantizar que en esa comunidad los funcionarios cobren sus nóminas, se pague a las farmacias y se presten los servicios públicos.

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