Cofely articuló una trama de facturas falsas para pagar los cohechos de la Púnica

La multinacional Cofely recibió contratos públicos millonarios en diversos ayuntamientos y Administraciones, algunos de los cuales ascienden a los 100 millones de euros. Según el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, para conseguir esas adjudicaciones la compañía hizo uso de una red de tráfico de influencias como “práctica habitual para lograr dichos contratos”.

La persona de la compañía que articuló todo este sistema de facturas es el director de mercado público, Pedro García, de quien el magistrado ha acordado su ingreso en prisión incondicional. Le considera el “principal interlocutor y articulador” de la red de tráfico de influencias y de pago de cohechos de la que se sirve la empresa para lograr la adjudicación de contratos, por lo que habría cometido los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsificación de documentos, utilización de información confidencial, malversación y fraude.

Sin embargo, el mismo director general de Cofely, Didier Maurice, era “conocedor y partícipe” de que la compañía que dirige estaba incurriendo en delitos contra la Administración Pública, al igual que el director comercial, Constantino Álvarez de la Cueva, y el jefe del centro operacional de la empresa, José Antonio Hernández Pérez.

Granados pide su libertad por detención ilegal

Los principales cabecillas de la trama, el exconsejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y el empresario David Marjaliza, todavía no han declarado ante el juez a pesar de estar detenidos desde el lunes. Sus abogados presentaron un ‘habeas corpus’ solicitando su libertad por detención ilegal por entender que se había superado el máximo de 72 horas de retención por las fuerzas de seguridad.

Una juez de la madrileña localidad de Majadahonda tuvo que decidir durante la madrugada sobre la posible detención ilegal. Una vez interrogado Granados, consideró que era ajustado a derecho que siguiera detenido. De la versión de los guardias civiles que procedieron a su arresto y la del ex ‘número dos’ de Esperanza Aguirre, la instructora sostiene que la detención judicial comenzó el miércoles cuando la decretó Eloy Velasco. Los tres días anteriores supusieron detención policial y, por tanto, no se puede considerar que se hayan cumplido las 72 horas máximas de detención, ordenando en un auto el archivo de las actuaciones.

Tras esta resolución, la Guardia Civil trasladó a Granados de nuevo a los calabazos de la localidad madrileña de Las Rozas hasta que el juez de la Audiencia Nacional ordene su entrega para poder tomarle declaración. Había sido su esposa quien había presentado la petición de libertad en un último intento de que uno de los presuntos líderes de la trama Púnica quedara en libertad.

Velasco lleva dos días interrogando a 27 detenidos por la Operación Púnica, de los cuales cinco han ido a prisión de manera incondicional, trece a prisión con fianza, dos en libertad con fianza y siete de ellos han quedado en libertad, si bien cuatro de estos últimos tienen que acudir mensualmente al juzgado para firmar.

El alcalde de Valdemoro, a la cárcel por favorecer a empresarios

Entre los últimos detenidos que fueron interrogados se encuentra el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, para quien se ha fijado prisión incondicional por haber favorecido de manera continuada a empresas vinculadas a Marjaliza y otros empresarios en materia de contratación pública y promoción urbanística, mediante adjudicaciones irregulares, revelación de información, “y otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e imparcialidad de la administración a intereses particulares de ciertos empresarios”.

La mano derecha de Marjaliza, Ana María Ramírez, también ha sido enviada a prisión incondicional. Se encargaba de la gestión diaria de sus compañías y es “parte imprescindible de la articulación de su complejo entramado empresarial” para que su jefe pudiera cometer delitos. No sólo eso, el juez tiene indicios de su participación directa en la entrega de cantidades económicas a autoridades y funcionarios públicos, y en la trama de facturas falsas.

Quien ha tenido más suerte es el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, al quedar en libertad a pesar de ser considerado “cabeza de un entramado de tráfico de influencias”. Hay pruebas de que se ha concertado con diversas autoridades en Murcia, León y Madrid la adjudicación de contratos públicos o la facturación de trabajos a la Administración a través de contratos públicos adjudicados a terceras personas.

En la misma jornada, el magistrado envió a prisión bajo fianza de 300.000 euros al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, al considerar que habría puesto en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro (en León) en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas al ‘conseguidor’ Alejandro de Pedro, uno de los cabecillas de la trama, ahora en prisión incondicional, "a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León".