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El PP rechaza que Rajoy comparezca en el Congreso en un pleno sobre corrupción
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APUESTAN POR OTRO TIPO DE MEDIDAS

El PP rechaza que Rajoy comparezca en el Congreso en un pleno sobre corrupción

El Gobierno ha decidido reactivar sus reformas legislativas sobre la llamada 'regeneración democrática' como respuesta a la suma de casos de corrupción

Foto: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (d); la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría. (EFE)
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (d); la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría. (EFE)

El Gobierno ha decidido reactivar sus reformas legislativas sobre la llamada regeneración democrática como respuesta a la suma de casos de corrupción de las últimas dos semanas: desde las tarjetas opacas a la Operación Púnica. La ofensiva de imagen arrancará en el próximo Consejo de Ministros con la condensación de las medidas a cargo de Soraya Sáenz de Santamaría y seguirá en el Congreso con un debate específico, pero no sobre los escándalos sino sobre proyectos en trámite parlamentario para evitarlos, como son el del estatuto del cargo público o el de régimen económico de los partidos.

Por ello, esta mañana el PP ha rechazado en la Junta de Portavoces del Congreso la convocatoria de un pleno extraordinario de la Cámara Baja, solicitado por el PSOE e IU y apoyado por todos los grupos de la oposición, en el que el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, diera explicaciones sobre los últimos casos de corrupción. A la salida de la reunión, el portavoz del PP, Alfonso Alonso, ha justificado su rechazo en que ayer ya se celebró un debate sobre la corrupción en el Congreso y en que no desea más debates "destructivos" como ése sino en positivo.

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Después de casi dos meses de diálogo, los socialistas han preferido ir por libre con sus propias recetas, aunque se vayan a quedar en el enunciado de un próximo programa electoral dada su exigua representación parlamentaria. Por su parte, el Gobierno reactiva los citados proyectos de ley, que datan del mes de marzo y que no habían pasado siquiera el trámite del debate de totalidad.

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En fuentes del Grupo Popular insisten en que el retraso de los mismos se debe primero al paréntesis forzado por la abdicación del Rey y luego por el vacío creado en la dirección del PSOE entre la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba y la elección de Pedro Sánchez. La orden de Rajoy es recuperar el tiempo perdido y sacarlos adelante aunque sea sólo con los votos del PP.

De todas formas habrá un periodo obligado de negociación y posible pacto en los trámites de enmiendas y, se supone, que de voto general a favor en las medidas que extreman el control sobre la financiación de los partidos y los filtros de intereses en el caso de los políticos.

El calendario que maneja el Grupo Popular consiste en celebrar un debate de totalidad en noviembre para que los proyectos vayan al Senado antes de fin de año y puedan entrar en vigor en el primer trimestre de 2015. La mayoría absoluta del PP en ambas Cámaras permite al Gobierno un desarrollo rápido de todo el proceso.

El Gobierno rechaza la exigencia del PSOE y demás grupos de la oposición de celebrar un pleno monográfico sobre el problema de la corrupción en el que Mariano Rajoy dé explicaciones sobre los últimos escándalos. En medios del PP comprenden que los demás partidos tengan un gran interés en desgastar a Rajoy en una sesión de acoso al jefe del Ejecutivo, pero descartan ofrecerles esa baza por interés propio, e incluso por el del propio sistema porque sería otro espectáculo de “y tú más” para beneficio de las opciones extraparlamentarias como Podemos.

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En el Grupo Popular reiteran que es mejor un “debate de medidas” que un debate de choque entre partidos sin consecuencias prácticas frente a la corrupción política basado en tirarse los trastos a la cabeza, cosa que ya han hecho en el Congreso. El PSOE lo pide, pero porque sabe que la mayoría del PP garantiza que no se va a celebrar, añaden en fuentes del PP. Los socialistas lo han planteado tan mal que ni siquiera habían registrado su petición de pleno extraordinario cuando lo plantearon en la última Junta de Portavoces del Congreso, órgano que se ha reunido hoy y ha rechazo la propuesta.

Los pilares de la respuesta de regeneración democrática defendida por Rajoy son dos proyectos de ley muy amplios. El primero es el de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos que afecta a tres leyes vigentes: la de financiación de los partidos, la ley de partidos y la del Tribunal de Cuentas que audita a todo el Estado. El segundo es el proyecto de ley reguladora “del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado”.

Vía enmiendas del Grupo Popular también se modificará en la misma propuesta de regeneración del sistema político la reforma del Código Penal que Alberto Ruiz-Gallardón llevó a la Cámara antes del verano y que su sucesor, Rafael Catalá, se ha comprometido a retomar. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se encargará después del Consejo de Ministros de presentar todo ese paquete completo de medidas anticorrupción que el Gobierno se propone sacar delante de forma inmediata.

El Gobierno ha decidido reactivar sus reformas legislativas sobre la llamada regeneración democrática como respuesta a la suma de casos de corrupción de las últimas dos semanas: desde las tarjetas opacas a la Operación Púnica. La ofensiva de imagen arrancará en el próximo Consejo de Ministros con la condensación de las medidas a cargo de Soraya Sáenz de Santamaría y seguirá en el Congreso con un debate específico, pero no sobre los escándalos sino sobre proyectos en trámite parlamentario para evitarlos, como son el del estatuto del cargo público o el de régimen económico de los partidos.

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