Prisión para el presidente de la Diputación de León y uno de los cerebros de la Púnica

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado el ingreso en prisión incondicional del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y del empresario Alejandro de Pedro Llorca, eludible con una fianza de 300.000 euros para el dueño de la empresa Waiter Music José Luis Huerta. Los tres han prestado declaración a lo largo de este jueves.

Por otra parte, han pagado las fianzas impuestas este miércoles para evitar la prisión los alcaldes de Parla, José María Fraile, y de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas, así como Antonio Cándido Ruiz García, que durmieron en prisión tras ser interrogados este miércoles. El juez ha librado los correspondientes mandamientos de libertad.

La Fiscalía había pedido prisión incondicional sin fianza para Marcos Martínez después de su interrogatorio en la Audiencia Nacional tras ser detenido el pasado lunes en el marco de la Operación Púnica. El dirigente popular ya se había negado a declarar ante la UCO de la Guardia Civil. De la investigación se desprende que Martínez había accedido a conceder adjudicaciones irregulares a la trama liderada por David Marjaliza y Francisco Granados a cambio de comisiones ilegales.

Según el auto, Marcos Martínez habría puesto en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro (en León) en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas al "conseguidor" Alejandro de Pedro "a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León". Además, dice el auto, Martínez "tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude".

El PP de Castilla y León le ha abierto expediente disciplinario para expulsarle del partido y le ha exigido "la inmediata devolución" del acta de concejal del municipio leonés de Cuadros –del que es alcalde– y de su escaño en la Diputación de León.

De Pedro ofrecía reputación a políticos

Respecto de Alejandro de Pedro, el instructor explica que en la trama Púnica es uno de los “conseguidores”, aunque él por sí mismo era la cabeza de otro entramado de tráfico de influencias alternativo al de David Marjaliza, empresario y amigo del exconsejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. En el auto queda acreditado que presta servicios de reputación en internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos púbicos con otro objeto.

Además, estos trabajos de reputación le abrirían la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían la contratación en otros sectores para sí o para terceros, como sucede en Murcia, León y Madrid. Para Velasco, su comportamiento tiene indicios de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude.

En el caso de Huerta, el magistrado explica que su empresa, Waiter Music, ha sido históricamente adjudicataria de numerosos contratos públicos en diversos municipios de Madrid así como en empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid, donde Francisco Granados ocupó cargos de relevancia.

Concretamente, ha tenido como uno de los principales clientes al Ayuntamiento de Valdemoro desde 2004 al 2013, municipio que gobernó Granados hasta un año antes. Además, los investigadores han observado ventas a empresas públicas regionales como el Patronato madrileño de áreas de montaña, Arpegio Áreas de Promoción Empresarial, Instituto Madrileño de Desarrollo o Fundación Arpegio. Los obtuvo “durante ejercicios en los que Granados ocupaba cargos de relevancia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que le conferían la condición de administrador de estas sociedades púbicas y por lo tanto la capacidad de influir sobre los contratos públicos dimanantes de dichas empresas públicas”.

Waiter Music también tiene contratación durante varios ejercicios con diversos municipios en los que a lo largo de la investigación se ha arrojado evidencia de la irregularidad de su contratación administrativa, incurriendo presuntamente en los delitos de organización crimina, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación, falsificación documental y fraude.