Interior se prepara para el 9-N: movilizará a policías y guardias civiles frente al desafío

El Gobierno marcó en rojo el próximo 9 de noviembre desde que se convirtió en la fecha escogida por los partidos soberanistas catalanes para celebrar el referéndum por la independencia. El escenario ha cambiado en la última semana por la renuncia del presidente de la Generalitat, Artur Mas, a mantener su desafío y transformar la consulta en un rocambolesco “proceso participativo”. Pero el Ministerio del Interior mantiene activado un amplio dispositivo de seguridad que se encargará de velar de que esa jornada transcurra en Cataluña sin incidentes.

Según ha podido saber El Confidencial, en las últimas semanas se han producido varias reuniones de mandos de las direcciones generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil para perfilar los detalles del diseño de esta operación. No obstante, la fecha es tan sensible que las reuniones han sido supervisadas por los máximos responsables del Ministerio del Interior, que cuentan con un conocimiento preciso de todas las decisiones que se han adoptado.

El dispositivo ya está cerrado, aseguran las mismas fuentes. En lo que afecta a la Dirección General de la Policía, estará compuesto por un máximo de 22 grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), que en la práctica supone la movilización de un millar de antidisturbios (cada grupo cuenta con unos 45 funcionarios disponibles). Se desplazarán desde todos los puntos de España. En el caso de la Comunidad de Madrid, se ha decidido encomendar esta misión a la Unidad Central de Intervención de la UIP, acostumbrada a desplegarse por el territorio nacional para prestar apoyo a unidades de otras regiones. Pero los mandos policiales quieren que también participen agentes de otras comunidades para evitar que el dispositivo se interprete en Cataluña como una agresión centralista. Incluso se ha contado con grupos de las Islas Canarias.

Un plan preventivo

La Guardia Civil ocupará en el dispositivo un papel menos relevante porque la atención se ha concentrado en las grandes ciudades catalanas. Con todo, también se movilizarán hasta 500 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (GRS) del Instituto Armado, la sección encargada de mantener el orden público en las demarcaciones de la Guardia Civil, que suman el 80% del territorio español. Su labor consistirá en garantizar que no se produzcan altercados en las zonas rurales. Fuentes próximas a Interior afirman que los GRS se desplazarán, al igual que las UIP, desde distintas provincias.

El dispositivo tiene únicamente carácter preventivo. En Cataluña, la labor de mantenimiento del orden público es una competencia exclusiva de los Mossos d´Esquadra, que desempeñan esta función en todo el territorio de la comunidad, tanto en áreas urbanas como rurales. La Generalitat ya los ha movilizado para el 9-N. El director de la policía catalana, Albert Batlle, firmó este viernes una resolución para activar a todos sus agentes tanto el día de la consulta como su víspera ante “los diferentes escenarios posibles”. En concreto, el documento ordena expresamente “elaborar un plan de seguridad global” con el objetivo de “garantizar la ordenada convivencia, hacer compatibles el libre ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos con el derecho de circulación y manifestación, así como minimizar las posibles afectaciones”.

En teoría, el dispositivo de los Mossos debería ser suficiente para evitar que se produzcan incidentes. Pero el Ministerio del Interior prefiere tener a las Fuerzas de Seguridad del Estado en la zona para intervenir con la máxima celeridad en el caso de que sea necesario. Sólo en el supuesto de que las movilizaciones que se produzcan -casi con toda certeza- esos días desborden la capacidad de la policía autonómica, entrarán en escena los antidisturbios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En ese escenario, su prioridad sería, además, proteger las instalaciones que tiene en Cataluña la Administración General del Estado, como delegaciones del Gobierno, comisarías y cuarteles del Instituto Armado, entre otras.

Cambios inquietantes en la hoja de ruta

El cambio en la hoja de ruta soberanista forzado por el Tribunal Constitucional añade aún más incertidumbre a las previsiones sobre el 9-N. El plan inicial de CiU era realizar una consulta parecida a las que tienen lugar en las elecciones ordinarias, que en este caso iba ser organizada con los recursos y medios de la Generalitat y que contaba con el soporte de todas las formaciones independentistas. El Gobierno de Mariano Rajoy ha logrado abortar ese plan pero la nueva estrategia de Artur Mas genera todavía más inquietud en Interior porque no disfruta del apoyo de todo el espectro ideológico. No está claro cómo se va a articular en la práctica el "proceso participativo" que defiende ahora el presidente de la Generalitat ni tampoco cómo van a reaccionar los grupos violentos que se sienten defraudados por la paralización del referéndum y han decidido desmarcarse de los planes del soberanismo moderado.

Interior ya ha tomado algunas medidas en el marco de esta operación. En días previos a la festividad de la Diada, el pasado 11 de septiembre, desplazó cuatro grupos de UIP a Cataluña que se sumaron a los dos que hay instalados de forma permanente en Barcelona. Y fuentes consultadas por El Confidencial aseguran que en las últimas semanas han llegado a coincidir en esta comunidad hasta 10 grupos de UIP. Oficialmente, la misión de estos agentes sólo es reforzar los planes de seguridad contra la criminalidad itinerante. Pero, en privado, hasta los policías de la escala básica saben que su presencia en Cataluña está directamente vinculada con la deriva independentista.

Con todo, el departamento de Fernández Díaz prefiere seguir manteniendo la prudencia. Las fuentes consultadas aseguran que incluso podría descartarse la movilización de estos grupos si los preparativos de la jornada se producen en un contexto pacífico. Dependerá de cómo evolucione la situación durante los próximos días. Y aún en caso de que sea necesario activar el operativo de seguridad, los agentes se enviarán preferentemente a la frontera con Francia y a la ciudad de Zaragoza para evitar que la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado sea vista como una amenaza. Además, los desplazamientos se harían escalonadamente. Interior no quiere echar más gasolina en el fuego de los soberanistas. Con todo, se está preparando por si tuviera que apagarlo.