El testigo clave de la formación denuncia el uso de alumnos como ''mano de obra ilegal''

Otras cinco horas ante la juez Mercedes Alaya y las declaraciones del testigo clave en presunto fraude de los cursos de formación en Andalucía, el funcionario de Empleo Teodoro Montes, incrementan el caos y las supuestas ilegalidades entorno a esta trama dando una “magnitud descomunal” al caso, coinciden los abogados, y sembrando la “sospecha generalizada” sobre la gestión de la Junta en la formación en Andalucía. Montes, según fuentes judiciales, apuntó ante la instructora al presunto cobro ilegal de comisiones por parte de la patronal y los sindicatos en la adjudicación de los cursos.

Además denunció, según algunos de los presentes en el interrogatorio, que se pudo usar a alumnos como “mano de obra ilegal y barata”. Llegó incluso a relatar que en su tarea de inspección anuló un curso impartido por una fundación dedicada a la integración de discapacitados mentales tras detectar que los alumnos estaban en penosas condiciones de inseguridad e insalubridad y relatando que algunos tenían síntomas de “haber sido medicados” para aguantar “temperaturas extremas de hasta 60 grados”, según relató.

El funcionario de la Consejería de Empleo, que Alaya ha vuelto a citar a declarar este miércoles en la tercera jornada que comparecerá ante la instructora, ha señalado que tanto la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) como los sindicatos CCOO y UGT recibían una gran cantidad de cursos para impartir que ni siquiera tenían capacidad de ejecutar y que subcontrataban a otras entidades previo pago de comisiones “de hasta el 20%” de las cantidades asignadas.

Varios abogados consultados por El Confidencial aseguran que la subcontrata de cursos por parte de los agentes sociales podría no ser ilegal, sin embargo sí lo sería en cualquier caso que se consignaran cantidades económicas como contrapartida. El testigo ha puesto el énfasis en la patronal.

Montes ya declaró la semana pasada ante la jueza Alaya ratificando sus declaraciones ante la Guardia Civil y constatando graves irregularidades en la gestión de los cursos de formación en Andalucía. Según narró, su departamento, dedicado al control y la inspección de los cursos, fue desmantelado y se le dejó solo al frente de la supervisión de miles de actividades formativas. Denuncia que sus superiores obstaculizaron su labor de control de estos cursos.

Entre las perlas que Montes ha soltado en su segunda jornada de declaración ante la jueza Alaya, varias fuentes judiciales coinciden en que lo más llamativo sea quizás la dimensión que ha dado al supuesto fraude. En su declaración el funcionario ha declarado que solo él en la provincia de Sevilla y en lo relativo a cursos para desempleados llegó a contabilizar en un solo año, 2008 o 2009, la adjudicación de unos 3.800 cursos. Si se amplía esta cifra a las ocho provincias andaluzas se podría hablar de hasta 25.000 cursos impartidos al año con fondos públicos y sin capacidad de control y supervisión, según ha ratificado ante la instructora. Según ha afirmado de forma general y tajante ante la juez, “ninguno de estos cursos han servido para nada”.

Esto podría dar pie a “la mayor causa judicial de la historia de España”, coinciden varios abogados, convencidos de la intención de la jueza Mercedes Alaya de volver a instruir otra macrocausa de dimensiones que podrían superar con creces al fraude de los ERE en Andalucía. Montes podría dar pie a la magistrada para armar ese gran caso. Sus denuncias han sido “muy generales y con connotaciones políticas”, confirman varias fuentes, abundando en la hipótesis delictiva de que la Junta pudo participar en el supuesto fraude desde el origen mismo de los cursos y el sistema arbitrado para sus adjudicaciones.

Teodoro Montes, según confirmaron desde la Junta de Andalucía, sigue siendo funcionario de la Consejería de Educación, competente ahora en los cursos de formación, en la provincia de Sevilla. Pese a que por su edad debería de estar jubilado, desde la administración autonómica confirmaron que el testigo pidió su reingreso en la Junta y se acogió a una prórroga de cinco años para seguir en activo tras cumplir los 65.

La Junta aprobó en febrero de este año su reincorporación a la plantilla. Montes, que cuenta con una sentencia firme a su favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por mobbing, denunció en febrero de 2013 ante el juzgado número 6 de lo contencioso en Sevilla parte de lo que ahora ha narrado ante Alaya y la Guardia Civil. Sin embargo esa denuncia contra la administración por supuestamente obstaculizar e impedir su labor de control de los cursos de formación fue archivada en julio de 2013 y el testigo fue condenado al pago de las costas del juicio.

El funcionario, un señor de edad avanzada, barba y aspecto frágil, volverá ante Alaya, quien todavía, informan fuentes judiciales, no ha terminado su ronda de preguntas. Junto a él portaba una bolsa cargada de documentos que iba mostrando a la magistrada para apuntalar algunas de sus denuncias.