Juristas y psiquiatras abogan por implantar métodos de vigilancia a los pederastas
El perfil reincidente del presunto pederasta de Ciudad Lineal ha reavivado el debate sobre la conveniencia o no de implantar la cadena perpetua
El perfil reincidente del presunto pederasta de Ciudad Lineal ha reavivado el debate sobre la conveniencia o no de implantar la cadena perpetua revisable. Antonio Ortiz, al que se le imputan cinco raptos y tres intentos de secuestro, tiene antecedentes penales, como ya ocurrió con el agresor de Mari Luz Cortés o con el violador del Eixample, por lo que, una vez más, ha vuelto a surgir la misma pregunta: ¿se podría haber evitado el sufrimiento de las víctimas con la reforma que Alberto Ruiz-Gallardón dejó en el cajón?
El endurecimiento del Código Penal pone el foco, principalmente, en los delincuentes sexuales, cuya capacidad de reinserción es más que dudosa, según apunta el psiquiatra forense y profesor de la Universidad Complutense de Madrid Alfredo Calcedo. “En España tiene que haber un cambio de paradigma en relación al tratamiento de los delincuentes sexuales, debido a que las intervenciones psicoterapéuticas que se desarrollan en prisión no son suficientes para disuadirlos”, lamenta.
La mayoría de juristas coinciden en que para introducir la cadena perpetua revisable en el Código Civil habría que reformar antes de la Constitución. “La reforma prevista por el actual gobierno popular plantea que estas penas sean revisables, por lo que si cabe la resocialización del delincuente se reduciría la condena”, explica el catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Navarra Pablo Sánchez-Ostiz. Sin embargo, el problema, añade, es que la Constitución establece que las condenas se reorientarán a la reinserción, lo cual no es sinónimo de que la reeducación se pueda imponer. Aspectos jurídicos que todavía generan ciertas dudas, si bien en el caso de la cadena perpetua no revisable hay unanimidad sobre su inconstitucionalidad.
Tenga o no encaje legal esta medida, un debate que deberá afrontar el nuevo ministro de Justicia Rafael Catalá, lo que una buena parte de la sociedad reclama son soluciones para evitar el daño provocado en los menores por pederastas que ya habían cumplido condena antes, como se ha encargado de recalcar estos días el padre de Marta del Castillo. ¿Cómo? Para el psiquiatra Calcedo habría que empezar, en primer lugar, por aplicar un “modelo de gestión de riesgos cuando vuelvan a salir a la calle”. Esto quiere decir, matiza, que se debe estudiar, caso por caso, el perfil de los pederastas: “qué elementos influyen en su reincidencia, si tiene retraso mental, si consume drogas, etc., pues se trata de factores que aumentan el riesgo de que vuelva a delinquir y que se podrían controlar”.
Libertad vigilada
Para el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, Antonio Cuerda, firme opositor a la cadena perpetua revisable, esta suerte de control o seguimiento “sí sería razonable en casos excepcionales, como cuando sigue existiendo riesgo de que una vez cumplida la pena el delincuente sexual no se haya reeducado”. Sólo en estos opina que podrían implantarse medidas de seguridad, como la libertad vigilada, ya sea mediante “pulseras telemáticas en el tobillo (como ocurre con los maltratadores) o bien con otro tipo de medidas de control policial sobre estas personas que ya han cumplido condena, pero siguen siendo peligrosas”.
En diversos países como Bélgica, Reino Unido o Estados Unidos ya se aplican este tipo de modelos de vigilancia para mantener bajo control a los denominados sexually violent predator, cuya legislación tiene ya más de dos décadas de vida. Sin embargo, Sánchez-Ostiz vuelve a señalar el texto constitucional como posible freno a su implantación en España: “Puede ser adecuado, pero es difícil que se logren imponer medidas de seguridad antes de que se cometa un delito”.
Al margen de la constitucionalidad o el encaje legal de unas y otras medidas, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, señala que el endurecimiento de las penas “no provoca necesariamente un descenso de la delincuencia, como ya se ha demostrado y que, de manera clara podemos comprobar con los datos de los estados de EEUU en los que existe la pena de muerte”. Por otra parte, insiste en que las normas penales tienen como principio básico la generalidad, “debiéndonos abstraer de las circunstancias sociales como esta (caso pederasta Ciudad Lineal) y analizar detenidamente los diferentes estudios sobre la materia”.
La castración química
Para Bosch, el camino más idóneo consiste en “buscar formas de reinserción social adecuadas y tratar de huir de determinadas máximas o tópicos que ya han sido desmentidos por la experiencia empírica, como el hecho de que este tipo de delincuentes siempre son reincidentes”. En este sentido, llama la atención del hecho de que “si limitamos la libertad de las personas para que no vuelvan a delinquir estaríamos atacando el derecho de la mayoría de condenados por sólo unos pocos, lo cual choca contra el Estado de derecho”.
El psiquiatra Calcedo todavía apunta otra alternativa para evitar estas situaciones: la castración química. Varios países aplican este método a pedófilos y violadores que voluntariamente lo solicitan. Como explica el profesor, “se trata de tratamientos farmacológicos que bloquean los receptores de testosterona. Al bajar los niveles de esta hormona relacionada con el deseo sexual, se logra inhibir la libido”. Sin embargo, recalca que uno de los problemas que conlleva este tratamiento es que posteriormente no se volvería a recuperar el deseo. Asimismo, señala que en el caso de los delincuentes con un alto componente de obsesión parafílica se están comenzando a ensayar fármacos antidepresivos, similares al Prozac, con resultados que hasta el momento parecen favorables.
En algunos estados norteamericanos (Texas, Luisiana o Montana), así como en Polonia, la castración química incluso es obligatoria en los casos más extremos, los de los denominados sexually violent predator. A pesar de ello, la medida no ha demostrado totalmente su eficacia. En España, el violador del Eixample, Alejandro Martínez, se sometió a este tratamiento con el fin de reducir sus impulsos sexuales. A pesar de ello, en la cárcel tuvo que recibir también tratamiento psicológico para modificar sus conductas, ya que su principal problema eran las fantasías psicológicas, según los expertos que trabajaron con él en la cárcel.
El perfil reincidente del presunto pederasta de Ciudad Lineal ha reavivado el debate sobre la conveniencia o no de implantar la cadena perpetua revisable. Antonio Ortiz, al que se le imputan cinco raptos y tres intentos de secuestro, tiene antecedentes penales, como ya ocurrió con el agresor de Mari Luz Cortés o con el violador del Eixample, por lo que, una vez más, ha vuelto a surgir la misma pregunta: ¿se podría haber evitado el sufrimiento de las víctimas con la reforma que Alberto Ruiz-Gallardón dejó en el cajón?
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