Las entidades españolas gastan más de 28 millones al año para hacer 'lobby' en la UE

Iberdrola, Repsol o Gas Natural. Pero también Ecologistas en Acción o la Asociación Agroforestal Europea. Son sólo algunas de las entidades con las que tendrá que lidiar el recién elegido comisario de Clima y Energía, Arias Cañete. El lobby español que ejerce presión en esta cartera es el más activo entre los que están registrados en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. Según el análisis que El Confidencial ha realizado entre este registro voluntario de lobistas, hasta 214 entre organizaciones, bufetes de abogados y grandes empresas, declaran querer influir en políticas de este ámbito en el Parlamento en la Comisión Europea.

En total, hay 399 organizaciones españolas dadas de alta en el Registro, que incluye a más de 6.000 de todos los países del mundo. Pensado como mecanismo de control de la actividad de los lobistas ante la Comisión y el Parlamento, es un catálogo voluntario donde todas las entidades que pretenden influir sobre el policy-making comunitario "están invitadas" a ofrecer información. El cálculo que este diario ha llevado a cabo tras analizar los datos del registro –y excluyendo los casos de asociaciones inexistentes o que habían complementado de forma errónea su información– arroja luz sobre la relevancia de este lobby: el conjunto de las entidades que tienen sede en España dedica al menos 28 millones de euros anuales a hacer valer sus intereses en Bruselas. Una cifra calculada a la baja, ya que no incluye a las más de 100 que declaran dedicar "menos de 50.000 euros anuales" y la decena que no ofrece datos.

"Es fundamental estar en Bruselas", asegura Javier Valiente, lobista profesional y socio director de Political Intelligence. "Uno de los aspectos clave es que los intereses, los puntos de vista y las problemáticas que más impacto tienen para las empresas españolas se juegan allí, y es donde hay que explicarlas y defenderlas", añade.

Cuando comenzó su actividad en la capital belga, a mediados de los años 90, para acercarse a un diputado bastaba con solicitar un pase para el Parlamento. A día de hoy, el registro sigue siendo voluntario, pero más de un parlamentario ha dejado clara su posición: no se reúne con nadie que no esté registrado. Un plus de transparencia sobre el que está insistiendo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker. Tras la nominación de los nuevos Comisarios, les ha instado a abrir sus agendas: "Los ciudadanos tienen el derecho de saber con quién se reúnen los comisarios, sus equipos, los miembros del Parlamento y los representantes del Consejo, sobre todo cuando hay un proceso legislativo en curso", ha detallado una portavoz del presidente a este periódico.

A la espera de esta apertura, lo que se puede conocer es lo que cada entidad dedica a las "actividades directas de representación de intereses ante las Instituciones Europeas". Y algunas cifras son contundentes.

Es el caso de la SGAE, que durante el año 2013 aseguró dedicar a actividades de lobby "entre 50.000 y 60.000 euros"; o de la petrolera Repsol, que destina "entre 300.000 y 350.000" euros para hacer presión a las puertas de Europa.

Según destacan fuentes del sector, muchas empresas españolas todavía prefieren enviar a directivos de forma puntual, mientras otras, más convencidas de la necesidad de estar al lado del poder, han creado departamentos ad hoc. Por ello no faltan colosos españoles como Indra (entre 300.000 y 350.000 euros anuales) o Iberdrola, que supera los 600.000. Cifras altas, pero lejos de los 4 millones que declara dedicar la norteamericana Microsoft.

Telefónica, por su parte, cuenta con una oficina en la ‘capital’ europea desde hace 25 años. Su actividad principal es justamente el seguimiento de las políticas de la Unión, de ahí que declare en el registro dedicar 2,4 millones de euros anuales a esta actividad. La compañía de Alierta fue, entre las españolas, la primera en registrarse: lo hizo el 23 de junio de 2008.

Entre las registradas se encuentra también Gowex, la empresa que a comienzo de este verano se reveló como un fraude de manual, con unos modestos 8.000 euros anuales para actividades de lobby.

El aumento de las empresas españolas en el registro ha sido constante: en lo que va de 2014 faltan 13 compañías para que igualen las de todo el año anterior. Entre ellas, el IE Business School y el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno vasco. Esta pata de la Lehendakaritza, que tiene su delegación en Bruselas, dedica alrededor de 700.000 euros a ejercer sus intereses ante los diputados y la Comisión.

Escaso control

¿Es el registro de la UE la panacea a todos los problemas de opacidad? Ni de lejos. Basta comprobar los errores que reporta, como, entre otros, el de la Asociación Mundial de Derechos Inventor [sic], que con sus 158 afiliados declara dedicar 10 millones de euros al lobby. Una cifra que se debe, han asegurado sus representantes, a un error a la hora de completar el formulario (por lo que, como otros casos parecidos, no ha sido tenida en cuenta para realizar el cálculo que ofrece este periódico).

"Hay muy poco personal dedicado a verificar los datos que se introducen", subraya Pam Bartlett, investigadora de Access Info, organización que –fichada en el registro– se dedica a hacer presión por el derecho de acceso a la información en toda Europa. Y tampoco, destaca, hay un control efectivo sobre quién se reúne con los políticos: "Depende de lo que busque cada diputado: muchos defienden la posibilidad de reunirse con cualquier que le ofrezca una reunión", algo que su organización rechaza.

En la misma línea, Joan Navarro, de la consultoría Llorente & Cuenca, se muestra optimista: "Si una empresa no aparece en el registro de lobistas, será complicado que un parlamentario se siente a hablar con ellos". Su despacho, afincado en Bruselas y presente en el registro, representa a más de 50 empresas en la capital europea, entre ellas las más importantes del Ibex 35.

Como integrante del Foro por la Transparencia, este despacho aboga por implantar en España el mismo sistema de transparencia en materia lobista que en Europa. "A más luz, menor sospecha de que existan hechos ilícitos en la actividad". Además, apuestan por una mayor transparencia en las agendas públicas de los políticos y puntualiza que, "a pesar de que no ha habido ningún grupo lobista implicado en un caso de corrupción, es bueno que exista un registro para evitar que en un futuro lo haya”.

Pero se puede hacer más. O esta es la apuesta la agencia Corporate Europe: "Existen compañías que operan como lobistas en Bruselas, pero no están registradas", asegura su portavoz a este diario. Además, le ponen ‘peros’ al registro existente: "Las empresas no están obligadas a decir cuánto dinero les reporta la actividad lobista". Y, al menos hasta 2016, ni siquiera a inscribirse en el Registro de Transparencia.

*Nota metodológica

Lo que las entidades dedican a "actividades de representación de intereses" está explicitado en las fichas del registro de cada una de ellas. Para calcular la cifra total, 28 millones de euros, este periódico no ha tenido en cuenta lo declarado por la Fundación Zaragoza Logistic Center, el Colegio Vasco de Economistas y la Asociación Mundial Derechos Inventor tras comprobar errores en las cifras declaradas. Tampoco se han sumado aquellas entidades que declaran dedicar a estas tareas "menos de 50.000 euros". Para las que indican un presupuesto incluido en una horquilla (por ejemplo, "entre 300.000 y 350.000 euros") se ha tenido en cuenta la media entre los dos extremos (en este caso, 325.000 euros).