La causa de Aguirre se complica: el juez permite que haya una acusación particular

A la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cada vez se le complican más las cosas tras su fuga de unos agentes de Movilidad en abril de este año. El juez de Madrid que la investiga por un delito de desobediencia acaba de admitir como acusación popular a un abogado de Lucena (Córdoba) siempre y cuando éste pague una fianza de 200 euros.

Este letrado del Colegio de Abogados de Lucena denunció a la presidenta del PP madrileño al día siguiente de tener conocimiento que se había dado a la fuga y que había desobedecido las órdenes tanto de los agentes que le estaban multando por aparcar en un lugar prohibido como de la Policía Municipal que le dio el alto y le persiguió hasta su domicilio.

Sin embargo, el titular del Juzgado número 14 de Madrid no había tramitado la denuncia de Sebastián Gómez hasta este miércoles, que en una providencia a la que ha tenido acceso El Confidencial, le requiere una fianza de 200 euros antes de aceptarle formalmente como acusación popular. En cuanto el letrado ingresa la cantidad ya podrá actuar legalmente contra Aguirre.

El instructor ha tramitado esta petición a pocos días de que la dirigente 'popular' tenga que acudir a los madrileños juzgados de Plaza de Castilla a declarar como imputada. Este lunes está citada a las 11 de la mañana para ser interrogada por juez, fiscal y abogados de la acusación particular de uno de los agentes y la acusación popular de la asociación Transparencia y Justicia, por el incidente provocado el pasado 4 de abril, que acabó con la moto de uno de los agentes en el suelo.

En su denuncia, Gómez solicita al magistrado la recusación “de cualquier fiscal que hubiera sido elegido para su puesto por Aguirre, mientras ostentaba el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, o de cualquier otro juez o fiscal vinculado con la misma, directa o indirectamente”. El fiscal superior de Madrid, que está haciendo de portavoz en este asunto, fue elegido meses antes de que Aguirre llegara a la Comunidad, concretamente en julio de 2003, y ha sido ya reelegido en dos ocasiones.

Este letrado también pide que se tome declaración a la imputada por los delitos de atentado contra la autoridad, desobediencia muy grave a la autoridad y daños y/o vejaciones injustas con publicidad. El instructor comenzó la tramitación de este asunto como falta hasta que la Audiencia Provincial de Madrid le obligó a seguir el caso por un presunto delito de desobediencia aunque el tribunal descartaba el delito de atentado contra la autoridad.

El abogado que se persona ahora en la causa recuerda al instructor que el asunto de Aguirre es muy similar al de otra mujer que fue condenada a seis meses de cárcel por la Audiencia Provincial de Madrid el año pasado por un delito de desobediencia grave por aparcar en la madrileña estación de Atocha, en un carril de entrada en el que está prohibido el estacionamiento. Los agentes le informaron de que no podía aparcar en ese lugar, pero la acusada no escuchó la advertencia y salió del coche. Cuando regresó, los funcionarios le anunciaron que iban a multarla, instante en el que ella subió al vehículo, lo puso en marcha y golpeó a uno de los agentes, que previamente le había ordenador detenerse. Los funcionarios, apoyados por otra patrulla, fueron detrás de ella, le ordenaron que se detuviese, pero la mujer hizo caso omiso hasta que fue interceptada en un semáforo en rojo.

Este lunes, Aguirre se someterá a un interrogatorio en el que, entre otras cosas, se le preguntará por el trato de los agentes, por las razones por las que se dio a la fuga y por su encuentro minutos más tarde con varios agentes en la puerta de su casa, hasta donde fue seguida ante su negativa a detenerse. Una semana después, el 30 de septiembre, están citados como testigos tanto los agentes de Movilidad que le multaron como los policías municipales que la siguieron por toda la calle Gran Vía.