La bronca del aborto sorprende al Gobierno mientras negocia la visita del Papa a España

Al Gobierno y al PP les ha sorprendido el rebrote interno de la pelea sobre la reforma del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón en el peor momento: con el Ministerio de Justicia centrado en la respuesta jurídica al desafío de Artur Mas y con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de visita en Roma. El Ejecutivo pide apoyo al Vaticano en los principios de la unidad de la UE y de España, e intenta cerrar la visita del Papa a España para el próximo año, preferentemente en agosto, para que presida en Ávila los actos del V Centenario de Santa Teresa.

En la Moncloa, en el Ministerio de Justicia y en la sede de Génova se preguntan cómo y quién ha removido el asunto en un momento tan delicado para airear que todo seguía como estaba desde antes de las vacaciones: con el proyecto de Ruiz-Gallardón metido en el congelador por orden de Rajoy y porque sigue sin haber acuerdo ni en el Gobierno ni en el PP sobre el mismo.

“Todo sigue igual, no hay ninguna novedad”, repiten desde la vicepresidenta del Ejecutivo a los portavoces del Grupo Parlamentario para frenar el debate. También vienen a reconocer que eso quiere decir que la reforma está igual de atascada porque a nadie le convence salvo al ministro de Justicia.

Pese a la instrucción de guardar silencio, el disgusto y el recelo son evidentes en diferentes sectores del PP, donde se atribuye a “los progres” del partido (Celia Villalobos, parte del PP vasco y algún barón como José Antonio Monago) que se dé ya por enterrado el proyecto de Ruiz-Gallardón. En el otro lado, el de los defensores del principio del derecho a la vida, recuerdan que se pone en cuestión el cumplimiento de un punto muy claro del programa electoral y el propio recurso presentado en 2010 ante el Tribunal Constitucional por el Grupo Popular contra la ley de plazos de José Luis Rodríguez Zapatero.

El citado recurso está firmado, en primer lugar, por Mariano Rajoy y le sigue en la lista Soraya Sáenz de Santamaría. Además, hay varios ministros del gabinete como los titulares de Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Sanidad, Ana Mato. “Para renunciar a todo habría que dar muchas explicaciones a mucha gente”, reconocen en medios del PP.

Como salida intermedia a incumplir otro compromiso electoral, en fuentes del Grupo Parlamentario sólo manejan alguna en la que podría haber consenso interno: derogar la normativa vigente, la llamada “ley Aído” y reponer la anterior, la de Felipe González de supuestos, con algunos matices o añadidos. Devolver la pelota al Tribunal Constitucional ya no sirve de nada porque supondría de cualquier modo dejar la enmienda de la ley para otra legislatura.

De momento y pese al lío interno, en el Partido Popular no creen que Alberto Ruiz-Gallardón vaya a dimitir porque su texto siga en el cajón (en la Moncloa) una temporada más. “Ya tenía que saber que hasta noviembre como mínimo (convocatoria de la consulta de Mas) Rajoy no se iba a meter con el aborto aunque fuera para darle la vuelta al anteproyecto”, apuntan en los mismos medios.

Mientras en el PP volvía a saltar el conflicto interno por la reforma del aborto, la vicepresidenta del Gobierno se presentaba el pasado lunes en el Vaticano para entrevistarse con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Sáenz de Santamaría reiteró la invitación al Papa para que visite España el próximo año, igual que habían hecho antes los Reyes.

La representante del Gobierno dijo que también había tratado con Parolin la situación económica y social en España, los retos a que hace frente la Unión Europea y los esfuerzos necesarios para salir de la crisis. Fue una reunión “de marcado carácter social”, según explicó Sáenz de Santamaría en Roma, sin poder concretar la confirmación y fecha de la próxima visita del Papa.

En fuentes del Partido Popular reconocen que será difícil que Su Santidad acuda en marzo a las primeras celebraciones del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Ávila. Son actos previstos sólo dos meses antes de la campaña electoral de las municipales. El Gobierno prefiere que el Papa deje su visita para agosto, poco antes de que acabe la legislatura, que se debería agotar en noviembre. La tercera opción queda para principios de 2016.

Mientras Sáenz de Santamaría estaba en Roma, el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, declaraba desde Salamanca que "los compromisos electorales están para cumplirlos" y que si la nueva ley para la protección del concebido y de los derechos de la mujer embarazada no llegara a aprobarse sería "una mala noticia". La vicepresidenta del Gobierno volvió del Vaticano sin fecha para la visita del Papa.