Polémica en Vigo: el alcalde socialista se niega a retirar una cruz franquista

Uno de los pocos alcaldes que ostenta una vara de mando municipal dentro del PSOE –el de Vigo, Abel Caballero– le ha salido ‘rebelde’ a Pedro Sánchez y a las consignas de su partido, que hizo de la ley de memoria histórica y de la retirada de simbología franquista uno de sus principales caballos de batalla durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. El edil socialista de Vigo, Abel Caballero,que ocupa también la vicepresidencia de la Fundación Española de Municipios en representación de su partido, ha decidido recurrir la sentencia judicial que le obliga a derribar la Cruz de O Castro, construida en 1961 en homenaje a los caídos en el bando nacional. Argumenta en su defensa que, desde que fue reformada en 1981, ya no es un símbolo de connotación franquista.

La rebeldía de Abel Caballero llega después de que el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Vigo, Antonio Martínez Quintanar, estimase el recurso interpuesto por la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36 y condenase al Concello de Vigo a adoptar “de forma inmediata” las medidas oportunas para “retirar” el monumento.

De momento, sin embargo, el consistorio ha decidido dejar las cosas como están a la espera de que la sentencia sea firme. “Acatamos la sentencia, pero seguiremos el procedimiento jurídico como hacemos con todos los casos”, explicó ayer Caballero, que ha advertido de que “el 95 %” de los recursos presentados por la corporación “los ganamos”.

El argumento principal del regidor socialista es que el Pleno de Vigo acordó en 1981 por unanimidad de todos los grupos, entre los que había representación nacionalista y comunista, despojar a la Cruz de O Castro de toda connotación franquista. Entonces fueron retirados de ella dos lemas en los que se podía leer: “Caídos por Dios y por España” y “Presentes”, dos escudos preconstitucionales y el emblema de la falange, cambios que ya el propio juez considera en su sentencia insuficientes como para justificar su permanencia.

La retirada de simbología franquista, según destaca la sentencia, no fue “total” pues persisten en el frontispicio de arranque de las escaleras las figuras de un marino y un soldado “con los uniformes de la época” y “los emblemas en bronce de los tres ejércitos”. Y sigue la propia cruz con la “carga simbólica inherente” al tipo de construcción que era: "Monumentos falangistas erigidos en honor a los 'Caídos por Dios y por España', esto es, a los fallecidos en la Guerra Civil exclusivamente de un solo bando, el vencedor, responsable de la dictadura y la represión”.

El alcalde de Vigo ha subrayado que en la ciudad “no hay un solo símbolo fascista vigente”, y que bajo su mandato se retiraron “por docenas” y también se rebautizaron calles con nombres de represaliados y asesinados. También ha señalado que existe “un acuerdo total” en el Gobierno local con respecto a la presentación del recurso, a pesar de que algunos de sus miembros, entre ellos la teniente de alcalde, Carmela Silva, firmó en su día a favor de la demolición de la Cruz de O Castro.

El abogado de la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36, impulsora de la demanda, cree, por su parte, que la sentencia es "muy difícil", sino "imposible de tumbar". Guillermo Presa ha recalcado que es "sólida" y está "perfectamente armada, muy bien razonada", por lo que ve pocas opciones de que pueda prosperar el recurso del PSOE, que gobierna en minoría en Vigo.

El PP de Vigo acata la sentencia, aunque matiza que este elemento escultórico no le “molesta” y que en estos momentos hay “otros asuntos de mucha mayor importancia” para la ciudad. El líder de los populares vigueses, José Manuel Figueroa, ha aplazado cualquier "pronunciamiento político" hasta que los juristas municipales emitan un informe jurídico sobre la situación de la Cruz de O Castro, pues ha señalado que existen "sentencias contradictorias" al respecto.

Mientras, la portavoz local del BNG, Iolanda Veloso, indicó antes de conocer el anuncio de Caballero que “no entendería” la presentación de un recurso, porque alargaría en el tiempo “una decisión de sentido común”.