Bárcenas acusa a Ruz de no tener "rigor jurídico" e instruir "para algunos medios"

El extesorero del Partido PopularLuis Bárcenasacusa al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de no tener rigor en sus resoluciones después de que concluyera parte de la instrucción del caso Gürtel, que le imputaba once delitos. Según recoge su abogado en el recurso presentada ante la Sala de lo Penal del órgano judicial, la resolución del magistrado podrá servir “para que algunos medios de comunicación disfruten con la noticia, pero, para nosotros y supones que para quienes tienen a la justicia como guía, ese ámbito queda muy lejos de la técnica y el rigor jurídico deseables”.

Para el letrado, Javier Gómez de Liaño, el instructor ha decididoconcluir la parte de la trama Gürtel desde 1999 a 2005incluyendo a su cliente como posible autor de once delitos, entre ellos cohecho. Sin embargo, para la defensa del extesorero, el magistrado únicamente afirma que “habría percibido comisiones y regalos en efectivo en consideración al cargo que ocupabay a su intermediación en el ámbito de la contratación pública”, pero sin concretar los indicios sobre las comisiones presuntamente percibidas, ni sobre las sociedades beneficiadas, ni sobre los contratos adjudicados.

No sólo eso, el abogado recalca que Ruz acusa a Bárcenas de cobrar comisiones por la adjudicación de contratos desde 1999 cuando Bárcenas no tuvo ningún cargo público hasta 2004, cuando fue elegido senador, y que “jamás tuvo facultades ejecutivas”. Por tanto, los datos que aporta el instructor en el auto de conclusión dictado a finales de julio y que ahora recurre son, “a todas luces, insuficientes para proseguir el procedimiento contra él en el marco de este macroproceso”.

Entiende, por tanto, que Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, también imputada en la causa, no tienen nada que ver con los hechos que relata Ruz en esta parte de la instrucción y por eso solicita que se abra una pieza separada en la que sólo se investigue al matrimonio y a las personas que hayan mantenido relación con él por los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad y estafa procesal.

Para Gómez de Liaño, el magistrado no va más allá de afirmar que Bárcenas y Jesús Merino “habrían recibido de Francisco Correa regalos en consideración particular” a los cargos que desempeñaban y por su intervención en el ámbito de la contratación pública. “Esta vaga, genérica e imprecisa expresión es la que se ha venido repitiendo resolución tras resolución”, recoge el escrito. El abogado recalca que han pedido en reiteradas ocasiones al juez que concretara los hechos, pero este siempre se negaba al entender que en fase de instrucción no era preciso puntualizar con detalle. “Todavía hoy, cuando se hace necesario identificar hechos concretos, se siguen manteniendo afirmaciones difusas carentes de indicios”, insiste.

Suiza “desencadenó” esta situación

Entiende el letrado que no hay indicios contra su cliente porque desde 2009 que se inició la investigación, cuando el ya exjuez Baltasar Garzón ordenó la detención, entre otros, de Correa, lo único que se ha venido diciendo es que Bárcenas recibió comisiones para ayudar a una serie de empresas. “Pero lo que no se dice –sin duda porque no hay elemento para hacerlo– son las fechas, las personas que intervienen, o la obra adjudicada. Únicamente se 'deja caer' que Luis Bárcenas habría cobrado comisiones”, espeta.

Reconoce que el juez habla de empresas como Ros Roca, Teconsa, Sufi y Constructora Hispánica, beneficiadas de esas prácticas. Lo hace, según el letrado, con el fin de dar “cierta credibilidad” a su relato, pero “sobre estas sociedades nada más dice”.

Lo que parece que tiene claro el extesorero, y así lo refleja su abogado, es que contra él no había nada. Es más, recuerda que en 2001 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se encargaba en ese momento de la instrucción, acordó el sobreseimiento libre respecto del extesorero. Sin embargo, todo cambió a raíz de que las autoridades suizas informaran de que el extesorero tenía cuentas en las que llegó a acumular hasta 48 millones de euros, hecho que “como es notorio, ha desencadenado esta situación”.

PP: “Nosotros somos los perjudicados”

Por su parte, el Partido Popular también ha recurrido el auto de conclusión de Ruz por el que les hace responsables a título lucrativo en dos localidades madrileñas, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. Es decir, el magistrado entiende que la formación se benefició de los actos ilícitos cometidos por los que fueran alcaldes de estos municipios, uno de ellos, Jesús Sepúlveda, el exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y por tanto entiende que deberían devolver el dinero del que se han beneficiado.

Sin embargo, en su recurso, el abogado del PP “entiende que en este caso no puede ser el responsable civil a título lucrativo –puesto que ningún beneficio ha tenido como consecuencia de los hechos que se investigan–, sino la de perjudicado por los mismos dado que son más que evidentes los perjuicios de todo orden que el PP ha sufrido y sigue sufriendo por hechos que se imputan a personas concretas y respecto de los cuales la organización política que represento es absolutamente ajena”. Ruz recogía que el PP se habría beneficiado de 236.000 euros que se habrían empleado para actos electorales.