Andorra colaborará y enviará al juez Ruz toda la información de Pujol Ferrusola

Las autoridades andorranas han dado el visto bueno a la comisión rogatoria remitida por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en la que reclamaba“toda la documentación o información que estuviera a disposición de la Banca Privadade Andorra de productos bancarios y/o fondos de los que hayan visto beneficiados” tanto Jordi Pujol Ferrusola como su mujer, Mercé Gironés, y las cinco mercantiles de las que son propietarios, según fuentes jurídicas.

El Principado muestra así su intención de colaborar con la justicia española respecto de la familia Pujol, después de que el patriarca, el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, reconociera públicamente que durante años había guardado una herencia de su padre en un banco andorrano sin declarar a la Hacienda Pública española. A raíz de esta revelación, hubo varias actuaciones judiciales.

Por un lado, se admitió una querella del sindicato manos Limpias contra Pujol y su mujer, Marta Ferrusola, en un juzgado de Barcelona, y por otro lado Ruz, que ya investigaba desde hacía tiempo a uno de sus hijos, decidió dar un paso más en su causa y citó para declarar como imputados para el próximo día 15 al mayor de los hijos del exdirigente y a su mujer, Mercé Gironés. En ese mismo auto, enviaba una comisión rogatoria a Andorra para obtener datos de sus bancos.

Una comisión restringida

Hasta ahora, Andorra no había dado respuesta a la intención del magistrado, hasta esta semana que ha dado luz verde a remitir toda aquella información que sea solicitada, según informan fuentes del caso a El Confidencial. Ahora bien, hace una restricción a la petición del juez: las autoridades del Principado enviarán toda la documentación requerida pero no podrá ser utilizada para el delito contra la Hacienda Pública.

La razón es que en el país vecino no existe tal delito y por tanto no puede dar autorización para que clientes de sus bancos sean investigados por delitos que en su país no están contemplados en el Código Penal. A pesar del visto bueno andorrano para remitir toda la información requerida por Ruz, el juez del país vecino ha dejado en suspenso durante treinta días la decisión para que la defensa de Pujol informe sobre su oposición la comisión rogatoria así que durante el mes de septiembre el magistrado de la Audiencia Nacional no recibirá ningún dato de los bancos andorranos.

Esto significa que para que Ruz pueda utilizar la información que en su momento se mande tendrá que ser por otros delitos ajenos al delito fiscal o al blanqueo de capitales procedente de ese delito. Por ahora, el juez central de Instrucción número 5atribuye indiciariamente al matrimonio Pujol Ferrusola/Gironés un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública por pagos superiores a 200.000 euros que sus empresas habrían recibido de sociedades que habrían sido adjudicatarias de contratos públicos en Cataluña.

De ahí que cursara la comisión rogatoria a Andorra para recabar “toda la documentación o información que estuviera a disposición de la Banca Privada de Andorra de productos bancarios y/o fondos de los que se hayan sido beneficiarios” los dos imputados y las cinco mercantiles de las que son propietarios (Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Ative Translation e Iberoamericana de Business and Marketing).

Por ahora, Ruz tiene indicios del delito fiscal y del blanqueo lo que hace indicar que la información que remita Andorra tendría poca utilidad siempre y cuando el magistrado no encuentre indicios de otros delitos como podría ser el de tráfico de influencias al tratarse de dinero que habría obtenido de contratos públicos en la comunidad autónoma.

Ruz abrió este procedimiento en 2013 tras recibir una denuncia de la exnovia de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, quien aseguró el pasado 17 de enero ante el juez que acompañó al hijo mayor del exmandatario catalán a Andorra para trasladar una mochila llena de billetes de 500 euros. Sin embargo hasta ahora no le había citado a declarar para que diera explicaciones de su dinero en el extranjero.