La instrucción del Madrid Arena se cierra con 16 acusados y penas de hasta 12 años

La instrucción del caso Madrid Arena llega a su fin. El juez Eduardo López Palop dictará la semana que viene el auto con el que concluirá la investigación sobre la muerte de cinco jóvenes la madrugada del 1 de noviembre de 2012 en el Madrid Arena, un recinto que pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Según fuentes implicadas en el caso, habrá 16 acusados de cinco delitos de homicidio imprudente y nueve delitos de lesiones. Todos los políticos imputados quedarán exonerados de la causa. Parece que no correrá la misma suerte el inspector jefe de Madrid, Emilio Monteagudo, a quien la propia Fiscalía arropó hace un mes con un inusual auto en el que le eximía de cualquier responsabilidad.

La resolución final se dividirá en tres apartados: qué ocurrió en los minutos previos a que se desencadenara la tragedia para que la fiesta acabara en desdicha; la participación de cada uno de los acusados en los hechos (se habla deexceso deaforo, local sin licencia, puertas cerradas, falta de control en los accesos, escaso número de agentes de la Policía Municipal, incumplimiento de Ley de Espectáculos, entradas sin numerar...) y los delitos que se les imputan, dependiendo del grado de responsabilidad en lo sucedido.

Las primeras investigaciones sobre la fiesta de Halloween organizada por la empresa Diviertt S.L. ya apuntaban a que la avalancha humana la pudo producir un exceso de aforo. Pero todos los implicados señalan a otros como culpables: el organizador (Miguel Ángel Flores, propietario de la empresa Diviertt), el dueño del local (el Ayuntamiento de Madrid) y las empresas de seguridad contratadas (Seguriber –que dependía del consistorio– y Kontrol 34 –contratada por Diviertt–).

En cuanto a los delitos, el juez imputará cinco de homicidio imprudente, uno por cada joven fallecida, penados entre uno a cuatro años de prisión, pero la condena se refundirá, por lo que cada acusado cumplirá como máximo una pena de 12 años de cárcel. En el caso de los delitos de lesiones, estas oscilan entre los tres meses y los tres años.

Una vez que se dicte el auto, todas las partes dispondrán de un mes de plazo para presentar recursos y escritos de calificación. Ya una vez que se abra el juicio oral, la causa se elevará a la Audiencia Provincial de Madrid, que tendrá potestad para revisar el número de acusados propuestos por el juez. Fijado el número de personas acusadas en el caso, se celebrará finalmente el juicio oral.

De los 26 imputados en la causa, la Fiscalía de Madrid pidió hace un mes en una comparecencia que se acusara finalmente a 14 personas y se dejara libre sin cargos a otros doce inculpados, entre ellos todos los políticos implicados en el caso. Llamó poderosamente la atención que la Fiscalía pidiese la exoneración del inspector jefe de la Policía de Madrid, Emilio Monteagudo, el máximo responsable del endeble dispositivo policial que la noche de autos no disipó el macrobotellón que existía en los aledaños del pabellón donde horas más tarde se desencadenó la tragedia.

Monteagudo se sentará en el banquillo

Las mismas fuentes aseguran que Palop elevará de 14 a 16 el número de personas que la Fiscalía quería sentar en el banquillo, entre ellos Monteagudo. No se librarán tampoco del juicio el promotor de la fatídica fiesta, Miguel Ángel Flores, que acude una vez a la semana a firmar ante el juzgado después de que la Audiencia Provincial de Madrid le revocara las comparecencias diarias.

Ninguna ley establece cuál es el equipamiento médico mínimo necesario para una fiesta de estas dimensiones. El equipo que contrató Diviertt estaba compuesto por Simón Viñals, un médico de 72 años, y su hijo, un funcionario del Departamento de Salud del Ayuntamiento de Madrid. No había contrato. El acuerdo fue “verbal”, según manifestó el propio Viñals en la comisión de investigación. Hubo adolescentes que fueron atendidos que han asegurado ante el juez que la enfermería estaba cerrada cuando llegaron. El médico lo niega. El habitáculo, que sólo disponía de una camilla, no tenía desfibrilador. Las ambulancias eran de la empresa de otro hijo de Simón Viñals. Los dos tendrán que dar explicaciones también en el banquillo de los acusados.

Diez imputados serán sobreseídos

Entre las diez personas imputadas que quedarán sobreseídas figuran el exdelegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Antonio de Guindos, que dimitió de sus cargos el mismo día que fue imputado; la concejala delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Fátima Núñez; Alfonso del Álamo, director general de Emergencias y Protección Civil, y los máximos responsables de Madridec, José Ángel Rivero y Jorge Rodrigo, a los que Botella fulminó supuestamente por esconder el contrato ‘vip’ que el Ayuntamiento mantenía con Flores, pero que estaba en poder del consistorio. Un error garrafal provocado por la avalancha de datos nuevos que removieron los cimientos del Palacio de Cibeles durante los días posteriores a la aciaga fiesta de Halloween y que todavía no se terminan de asentar.