El Gobierno vuelve a aprobar un crédito extraordinario para el Ministerio de Defensa

El Ejecutivo de Mariano Rajoy lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a aprobar dos créditos extraordinarios para el Ministerio de Defensa que suman 914 millones de euros. Según recoge el BOE publicado este sábado, el crédito tiene dos partidas. Una, relacionada con los gastos de adiestramiento y alistamiento, de 30.560.000; la otra, para el pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento, de 883 millones de euros.

La aprobación de estos créditos a través de un Real Decreto Ley empieza a ser una tradición en verano pese a que este tipo de normas -el real decreto- están contempladas para asuntos de urgencia, ya que se evita el trámite parlamentario. Así, en 2012, el departamento de Pedro Morenés recibió una partida extraordinaria aprobada en septiembre de 1.782 millones de euros; en 2013 se aprobó otra a finales de julio por una cantidad total de 877 millones de euros.

De este modo, el presupuesto aprobado por el Gobierno para Defensa no refleja su gasto real. Así, en 2012 el Ejecutivo había presupuestado 6.316 millones aunque en realidad el gasto ascendió a 9.000 gracias a esa partida presupuestaria. Algo similar sucedió un año después cuando la partida aprobada era de 5.900 millones, pero el Real Decreto lo aumentó hasta los 7.860 millones de euros.

UPyD denuncia su inconstitucionalidad

La fórmula utilizada por el Gobierno en la figura del real decreto ley, prevista para situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”, ha sido criticada por las minorías parlamentarias. UPyD habla directamente de “claramente inconstitucionalidad”.

Un informe de la formación de Rosa Díez asesorado por Bernardo Navazo, analista de Defensa de la Fundación Alternativas, así lo determina. UPyD ha constatado la utilización por parte del Gobierno del ‘decretazo’ en verano para pagar los programas de armamento, a pesar de que los compromisos de pago ya están suscritos de antemano hasta 2030.

Para la diputada de UPyD, Irene Lozano, los reales decretos de Defensa, “minimizan la exposición pública de esta cuestión, muy controvertida en el actual contexto económico español de consolidación del gasto público y recortes”.

Así, la formación magenta ha exigido al Gobierno más transparencia sobre los programas de armamento que conforman los llamados Programas Especial de Modernización (PEAS) de Defensa suscritos con el sector. Han presentado una Proposición no de Ley en el Congreso para encargar “de inmediato” una auditoría que permita conocer la realidad de esas deudas.