El Tribunal Supremo manda cuatro años a la cárcel a Carlos Fabra por fraude fiscal

El Tribunal Supremo confirmó este miércoles la sentencia de cuatro años de prisión para el expresidente del PP y de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por cometer cuatro delitos contra la Hacienda Pública al haber estafado más de 693.000 euros entre 1999 y 2003.

El Alto Tribunal rechazó el recurso de la defensa del exmandatario 'popular', pero estima parcialmente el de su exmujer, María Amparo Fernández, para quien se rebaja la pena de dos a un año de cárcel. Los magistrados también rechazan el recurso de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que pedía que se duplicara la condena de Fabra al entender que no se debían aplicar dilaciones indebidas en la condena.

La sala estaba presidida por Joaquín Giménez y conformada también por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral y Luciano Varela. El exdirigente del PP de Castellón se sentó el pasado octubre en el banquillo de los acusados por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal tras una instrucción de un caso que se prolongó durante diez años y pasó por las manos de hasta nueve jueces distintos.

Finalmente, fue condenado en noviembre de 2013 a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, al pago de una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar al fisco con la misma cantidad. La Fiscalía pidió en el juicio que Fabra fuera condenado a 13 años de prisión y pagara una multa de 1,98 millones de euros.

Vídeo: El Supremo confirma la condena de Fabra.

El origen de este proceso se sitúa en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al proceso ya abierto.

La Audiencia de Castellón apreció la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, absolvió a Carlos Fabra, al empresario Vicente Vilar –propietario de Naranjax que presentó la querella que dio lugar al proceso–, y a su exmujer, Monstserrat Vives, de los delitos de tráfico de influencias y cohecho, así como al exsenador del PP Miguel Prim de tráfico de influencias.

La sentencia señaló que entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2004 Carlos Fabra y Amparo Fernández realizaron un elevado número de operaciones bancarias en las cuentas de las que eran titulares, como imposiciones en efectivo, mayoritariamente, así como ingresos mediante cheque o transferencia, cobros en efectivo de cheques y otros pagos en efectivo que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados y que fueron ocultados a la Hacienda Pública.