condenado por terrorismo y colaboraCIÓN con eta

Un alcalde del PP ficha al abogado Boye, látigo de Génova y Aguirre en el caso Gürtel

El consistorio dirigido por Jesús Gómez contrató los servicios de Gonzalo Boye para que les defendiera en el caso 'Facturas'

Foto: El alcalde de Leganés, Jesús Gómez (EFE)
El alcalde de Leganés, Jesús Gómez (EFE)

Un abogado contra el PP contratado por el PP. Para defender sus intereses en el 'caso Facturas', el Ayuntamiento de Leganés fichó al abogado Gonzalo Boye, curiosamente un letrado personado como acusación particular en el caso Bárcenas, el mayor caso de corrupción de los populares. Preguntado en Pleno sobre esta polémica contratación en un consistorio donde gobierna el PP, el alcalde Jesús Gómez, uno de los hombres del círculo más íntimo de Esperanza Aguirre, subrayó que se dejó seducir por Boye porque es “uno de los mejores penalistas de España”.

El Ayuntamiento de Leganés contrató los servicios de este abogado después de que se personara oficialmente en el Juzgado de Instrucción número 2 de Leganés como acusación particular en un caso en el que presuntamente empresas contratistas del ayuntamiento leganense (cuando estaba en manos del PSOE) destinaron parte del 1,5% reservado a campañas de concienciación municipal a abonar inserciones de publicidad política del candidato socialista durante la precampaña electoral de 2007, Rafael Gómez Montoya.

Contratación del abogado Gonzalo Boyé

Vídeo: Pregunta de ULEG sobre la contratación del abogado Gonzalo Boyé

Según fuentes oficiales del consistorio, el ayuntamiento sacó a concurso la oferta para buscar un abogado que les representase en esta causa, y el bufete de Boye “hizo la oferta más económica” de las tres que se presentaron, aunque no desvelaron cuánto se le abonó por el trabajo. De nacionalidad chilena y licenciado en Políticas y Economía, vino a España en 1987 para trabajar en su propia consultora. En 1992 fue detenido al ser acusado de colaborar con ETA en los secuestros de Emiliano Revilla y Manuel Prado y Colón de Carvajal, por lo que fue condenado en 1994 a catorce años entre rejas, tiempo en el que aprovechó para matricularse en la UNED y sacarse la licenciatura de Derecho.

Boye sería puesto en libertad en 2002. Cinco años después, en 2007, ejerció la acusación particular en el caso del 11-M, juicio en el que representó a una única víctima, una viuda chilena que perdió a su esposo en el atentado. Actualmente ejerce la docencia en el Colegio de Abogados de Madrid. En 2009, como abogado del Centro del Centro Palestino de los Derechos Humanos, se querelló contra el ministro israelí de Defensa, querella que fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional. Además de haber presentado una de las querellas contra Bárcenas y haberse convertido en el látigo de Génova, Boye es editor de la revista satírica Mongolia y colabora en eldiario.es.   

Fuentes internas del consistorio leganense aseguran a este diario que no es casualidad ver a Gonzalo Boye frecuentemente por la sede del consistorio de Leganés. Sin embargo, fuentes oficiales del mismo Ayuntamiento aseguran que no hay ninguna relación personal entre algún alto cargo del consistorio y este abogado. Su acercamiento se ha debido siempre “única y exclusivamente a un tema profesional”. El fichaje tampoco se entendió entre los populares madrileños, que criticaron la doble moral del alcalde de Leganés al contratar a una persona que se ha personado en una causa que va contra el propio partido.

Polémico caso en Leganés

El polémico caso por el que se fichó a Boye en Leganés se remonta a una querella presentada por el Partido Popular, a la que se sumó Unión por Leganés (ULEG), contra el anterior alcalde y los que eran concejal y directora de Medio Ambiente en el mandato 2003-2007, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, en el caso del primero, y de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, en el caso de los otros dos querellados.

Después fue el partido Unión por Leganés (ULEG) el que presentó en Pleno una moción, a la que se sumaron y consensuaron el resto de grupos municipales de la corporación (PP, PSOE e IU-Los Verdes), y pidieron la personación del ayuntamiento en esta causa. La sorpresa fue mayúscula para todos cuando se desveló que el letrado era el mismo que estaba buscando las vergüenzas más profundas del Partido Popular.

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