La Policía acelera la investigación contra el fraude de los cursos y acorrala a la Junta

La Operación Edu contra el fraude de la formación para el empleo en Andalucía ha entrado en una nueva fase que tiene a la Junta en su punto de mira. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía realizó este martes las primeras detenciones después de dos años investigando la presunta malversación de los fondos transferidos a Sevilla por la Unión Europea para financiar cursos contra el paro. A última hora de este martes, los agentes habían detenido a nueve personas en la provincia de Málaga y a otras cuatro en Granada, pero fuentes judiciales consultadas por El Confidencial aseguran que se producirán nuevas detenciones en las próximas horas. Se prevé que el número total acabe rebasando la treintena.

Vídeo: En libertad los detenidos por el fraude

Hasta ahora, los agentes se habían limitado a tomar declaración a alumnos, profesores y administradores de supuestos cursos fraudulentos. Los primeros pasos de la UDEF se centraron en un único expediente de la provincia de Málaga con apenas 20 empresas beneficiarias y 1,7 millones de subvención. Pero esas primeras pesquisas se saldaron con testimonios y pruebas contundentes que han permitido la apertura de diligencias en juzgados de todas las provincias andaluzas para esclarecer las presuntas responsabilidades penales que podrían derivarse de esta estafa. Los agentes han podido constatar que el fraude habría tenido una incidencia masiva en toda Andalucía y creen que la Junta pudo usar los fondos de la UE para tejer una sólida red clientelar a lo largo y ancho de todo su territorio.

Las detenciones de las últimas horas, que se han realizado en coordinación con los jueces instructores en las provincias afectadas, implican un salto crucial en la operación. Los arrestados son en su mayoría administradores de las sociedades que habrían recibido fondos públicos para financiar cursos que no reunieron los requisitos para ser subvencionados o que directamente nunca llegaron a celebrarse. También hay funcionarios entre los detenidos. A estos últimos se les acusa de no haber realizado ningún seguimiento de los fondos. Entre los 13 apresados este martes se encuentran asimismo dos policías locales del municipio malagueño de Coín, según fuentes de la investigación judicial.

Las provincias más avanzadas

Las primeras detenciones se han concentrado en Málaga y Granada por ser las provincias en las que la instrucción judicial está más avanzanda, pero fuentes cercanas al caso aseguran que el operativo se extenderá en los próximos días al resto de regiones andaluzas. De hecho, se esperan detenciones inminentes en la provincia de Almería, una de las que a juicio de los investigadores presenta la mayor tasa de fraude.

Los agentes pretenden tomar declaración a los detenidos y dejarlos en libertad tras formular contra ellos la acusación correspondiente por su supuesta vinculación con la trama. Probablemente no tendrán que pasar a disposición judicial como imputados hasta después del verano. El principal objetivo de las detenciones es obtener nueva información con la que avanzar en las pesquisas.

Niveles superiores

El foco de la operación Edu se centra por ahora en los administradores de las sociedades que recibieron subvenciones de forma fraudulenta y en los funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo que otorgaron irregularmente las ayudas, pero los agentes sospechan que la responsabilidad de la estafa se encuentra en instancias superiores. Las declaraciones de los detenidos inauguran una nueva fase que permitirá a los investigadores estrechar el cerco sobre los dirigentes políticos de la Junta.

Para el operativo se han desplazado desde Madrid agentes del Servicio de Inspección de la Seguridad Social de la UDEF, la unidad que dirige las pesquisas desde que arrancaron hace más de dos años. Cómo adelantó El Confidencial, los agentes estiman que la presunta malversación en Andalucía de las transferencias de la UE y la Administración General del Estado para la financión de cursos contra el desempleo podría haber alcanzando los 2.000 millones de euros, una de las cantidades más elevadas que hayan sido objeto nunca de una investigación judicial.