Rajoy maneja cinco leyes para reducir el numero de aforados y de altos cargos

El Gobierno maneja varias vías, proyectos de ley en trámite parlamentario y anteproyectos pendientes de aprobar por el Consejo de Ministros, para emplazar al PSOE en septiembre a pactar medidas de regeneración democrática. Ley del Poder Judicial, estatuto del alto cargo, ley del control financiero de los partidos políticos, la reforma de la Administración y ley electoral son los textos legislativos que el Ejecutivo maneja para encajar sus compromisos.

Mariano Rajoy iba en serio cuando avanzó a la dirección del partido su oferta de debate y renovación de las instituciones para el próximo curso. La mayoría de las medidas están en marcha o se pueden añadir rápidamente a anteproyectos listos, sobre todo si la oposición se suma a las iniciativas del Gobierno.

El monotema económico de la recuperación que ya ha llegado (según se esfuerza en repetir el Ejecutivo), más el político del desafío independentista en Cataluña difuminan la labor gubernamental y su grupo parlamentario en pro de esas medidas de regeneración democrática, la mayoría esbozadas o en trámite desde principios de año.

La campaña europea en mayo, la abdicación del Rey en junio y la inmediata crisis sucesoria en el PSOE han paralizado en las Cortes leyes fundamentales para mejorar la transparencia de las instituciones y los partidos y para luchar mejor contra la corrupción. Se trata de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y de la nueva normativa para regular el control financiero de los partidos.

“Detección temprana de conflictos de intereses”

El nuevo estatus del cargo político, que regulará incompatibilidades, retribuciones, examen de situación patrimonial o “detección temprana de conflictos de intereses”, entró en el Congreso el 28 de febrero y en abril pasó la fase de comparecencias de expertos. Luego llegó la campaña europea, la abdicación de Don Juan Carlos, la proclamación de Felipe VI y la retirada efectiva de Alfredo Pérez Rubalcaba. La crisis del PSOE obliga al Grupo Popular a dejar cualquier negociación con la oposición socialista para septiembre.

Lo que ha hecho ahora Rajoy es emplazar ya a quien salga elegido secretario general de los socialistas a debatir medidas de la llamada regeneración democrática que, de todas formas, tendrá que apoyar, enmendar o rechazar en cuanto se ponga al frente de la oposición en septiembre.

La reducción del número de aforados se podrá abordar dentro del proyecto de reforma del Poder Judicial que tiene pendiente el Ministerio de Justicia de llevar al Consejo de Ministros después del verano. Es el mismo texto en el que el Gobierno planea reconducir e integrar después el recién aprobado aforamiento de Don Juan Carlos y demás miembros principales de la Familia Real: la Reina, Doña Sofía y los Príncipes de Asturias.

El citado estatuto del alto cargo que está en trámite no toca esa faceta, pero también podría incluirlo vía enmiendas y dejar la parte de jueces y fiscales para la reforma del Poder Judicial.

En los planes del Ejecutivo no entra tocar el aforamiento de diputados, senadores y ministros (lo establece la Constitución), pero sí se plantea reducir los demás casos. El ochenta por ciento de los 10.000 aforados para hay en España no son políticos y la mayoría de los políticos aforados son parlamentarios y miembros de ejecutivos autonómicos. Jueces, fiscales y funcionarios policiales son el grueso de los beneficiarios.

El Gobierno puede intervenir en el área del Poder Judicial pero en el de las Autonomías choca con sus estatutos blindados en competencias. Sería imprescindible el pacto con los demás partidos, incluidos los nacionalistas, que se niegan en redondo a cualquier pérdida de estatus ante los tribunales.

La reforma general de la Administración que entra este otoño en trámite parlamentario permite incluir la reducción de aforados y por vía más directa: rebajar el número de altos cargos. Es un plan para terminar con la duplicidad en competencias y funciones y mejorar la eficacia de las tres administraciones: central, autonómica y local.

La ley, que es de propuestas más que de normas, incluye medidas de reducción del aparato político y burocrático del Estado, pero muchas de ellas dependen de la decisión que tomen las Autonomías. La voluntad reformadora del Gobierno choca especialmente en esta ley con el blindaje competencial de los gobiernos regionales.

Elección directa de alcaldes contra coaliciones de izquierda

Para promover la elección directa de los alcaldes sí que habría que elaborar otro proyecto nuevo con el fin de reformar la ley electoral general, modificada la última vez en 2011. El PSOE apunta que no le va a gustar nada aunque lo llevaran en su programa electoral, igual que el PP. Pretextan que sólo faltan seis meses para los comicios municipales de mayo próximo, aunque sean diez porque prefieren descontar los periodos inhábiles. La ley podría estar lista en diciembre o febrero si los grupos estuvieran de acuerdo y quisieran darse prisa.

Falta por ver si el Gobierno se atreve a impulsar esa reforma pese al rechazo del PSOE. Los socialistas sí lo hicieron en tiempos de Zapatero para imponer las listas paritarias, pero garantizar que los alcaldes sean los candidatos de la lista más votada (siempre que supere el 40 por ciento) es un cambio drástico en las reglas del juego.

La norma esbozada por Rajoy estropearía los planes de alianzas de partidos de izquierda que tanto juego han dado a los socialistas para gobernar los municipios donde el PP se queda al borde de la mayoría absoluta. Y para los populares todo un salvavidas electoral ante su previsto descenso de votos en ciudades clave como Madrid o Valencia.