a través de un decreto

UPyD denuncia por "inconstitucional" el modo de pagar los programas de armamento

El calendario de pagos aprobado por el Consejo de Ministros en agosto del año pasado condiciona la forma en la que Defensa deberá convalidarlos

Foto: El ministro de Defensa, Pedro Morenés, en una visita a las tropas españolas en Gabón (EFE).
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, en una visita a las tropas españolas en Gabón (EFE).

El calendario de pagos a la industria de armamento aprobado por el Consejo de Ministros en un acuerdo del pasado 2 de agosto y revelado por El Confidencial condiciona la forma en la que el Ministerio de Defensa deberá convalidar en el Parlamento estos compromisos con el sector. En años anteriores, el departamento que dirige Pedro Morenés ha recurrido a una práctica que bordea la Constitución al utilizar la figura del real decreto-ley, prevista sólo para situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”, como medio para sufragar los pagos de los programas especiales de armamento (PEA). La fórmula ha sido recurrentemente criticada por las minorías parlamentarias y, según UPyD, es “claramente inconstitucional”.

Es la conclusión a la que llega la fuerza que dirige Rosa Díez en su informe sobre los PEA elaborado con el asesoramiento de Bernardo Navazo, analista de Defensa de la Fundación Alternativas. Y es que, en los últimos años, se ha convertido en costumbre utilizar la figura de un ‘decretazo’ en mitad de verano para aprobar créditos presupuestarios adicionales para el Ministerio de Defensa con los que hacer frente al pago de estos programas de armamento. Compromisos de pago ya suscritos de antemano (PDF), como queda constatado en el citado plan de pago hasta el 2030, y que, sin embargo, no se incluyen en los presupuestos iniciales que presenta anualmente Defensa.

No se incluyen de manera ordinaria pero se aprueban, después, vía real decreto-ley con créditos extra que van desde los 900 hasta los 1.700 millones de euros. Es decir, son decretazos que incrementan el presupuesto final de Defensa entre un 10 y un 18% sobre lo inicialmente anunciado, y todo en un contexto de recortes en áreas sensibles como la educación o la sanidad. Así ha ocurrido en los dos últimos años. En el 2012, el presupuesto del Departamento contemplaba para el concepto “programas especiales de modernización” una cantidad inicial de sólo 4,9 millones de euros. Meses después, el 6 de septiembre de ese año, a través del Real Decreto-Ley 26/2012, se incrementaba ese mismo apartado con nada menos que 1.782 millones de euros adicionales que se explican, también, porque, ese año, Morenés y su equipo tuvieron que hacer frente a pagos pendientes de los dos años anteriores. 

El procedimiento se repitió otra vez, sin embargo, en 2013. El presupuesto inicial contemplaba sólo 6,8 millones de euros para los pagos a la industria pero, después, vía el Real-Decreto Ley 10/2013, de 26 de julio, se autorizó un crédito extraordinario por otros 877 millones de euros. La dinámica apunta a una maniobra parecida para este 2014. El presupuesto actual parte igualmente con una infradotación de 6,8 millones de euros, por lo que, según el informe de UPyD, “el precedente hace prever que, a lo largo de este 2014, el Ministerio solicite al Consejo de Ministros un aumento de su presupuesto por la cantidad de 915 millones de euros”. Dicha petición y la posterior aprobación parlamentaria del real decreto-ley podrían tener lugar “en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados de finales de julio”, añaden.

“El real decreto-ley ha sido el procedimiento elegido porque su rápida tramitación, con una única votación en el Congreso de los Diputados, minimiza la exposición pública de esta cuestión, muy controvertida en el actual contexto económico español de consolidación del gasto público y recortes”, sostiene la diputada de UPyD, Irene Lozano.

Defensa explica que lo importante es que el Ministerio ha hecho frente a las obligaciones adquiridas y añade que, en 2012, sí había una razón de "extraordinaria y urgente" necesidad pues se tuvieron que abonar los pagos aplazados correspondientes a los dos años anteriores. "Las sucesivas reducciones del presupuesto de Defensa, de un 30% entre 2008 y 2013, no permiten hacer frente a las obligaciones derivadas de los PEA. Por eso ha habido que recurrir a medidas extraordinarias. Lo importante es que se han atendido las obligaciones y se ha recuperado la confianza de nuestros socios en los consorcios internacionales y con la industria de defensa –añaden–, y se ha recuperado la confianza de nuestros socios en los consorcios internacionales y con la industria de defensa a través de vías alternativas que han sido totalmente transparentes. Se han llevado al Congreso y se han publicado en el BOE".

La jurisprudencia demuestra su inconstitucionalidad

La figura del real decreto-ley está prevista en la Constitución para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, pero la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado varias veces a la hora de establecer los límites a la discrecionalidad que tiene el Gobierno para hacer uso de esta figura. 

Según estableció el Tribunal en su sentencia 23/1993, “el Decreto-Ley debe contemplarse como un instrumento del que es posible hacer uso para ordenar situaciones que, por razones difíciles de prever, reclaman una acción legislativa inmediata”. Para UPyD, este argumento ya no se sostiene en el momento en que hay encima de la mesa un acuerdo del Consejo de Ministros que ordena el calendario de pagos para la próxima década y media. “El aumento de recursos del Ministerio de Defensa en 2014 (y 2015, 2016, 2017…) ni es “extraordinario” (no puede aducir el Gobierno que son gastos “inesperados”) ni es “urgente” (el pago a las industrias podría esperar el mes o mes y medio necesario para la tramitación de un Proyecto de Ley en vez de un Real Decreto”, sostiene el grupo político en su informe.

El secretario de Estado, Pedro Argüelles (EFE).
El secretario de Estado, Pedro Argüelles (EFE).

Por otro lado, el Tribunal declaró inconstitucional otro decretazo en 2011 ya que la situación a la que este hacía frente “era conocida y estaba diagnosticada (…) sin que su evolución ulterior hubiese sido sorprendente ni extraordinaria, menos aún impredecible” (sentencia 137/2011). Para UPyD, dicho argumento es perfectamente aplicable al caso de los PEA: “La existencia del calendario de pagos 2014-2030 y la propia comparecencia del Secretario de Estado ante la Comisión de Defensa en mayo del año pasado para explicar la reconducción indican que 'la situación era conocida y estaba diagnosticada', ergo no puede ser, de nuevo, ni extraordinaria ni urgente”, explica UPyD.

Por último, una tercera sentencia (la 23/1993) establece que “deben excluirse todos aquellos Decretos-leyes que supongan una continuación de situaciones establecidas con anterioridad, pues no existe en ellos la imprevisibilidad inherente al presupuesto habilitante”. De nuevo, el calendario aprobado por el Gobierno hace trizas cualquier intento por seguir utilizando esta fórmula del real decreto.

"El rito anual"

De hecho, no ha sido sólo UPyD la que en el pasado ya se ha quejado de forma recurrente del recurso al decretazo para estos créditos millonarios. El portavoz adjunto de IU- Izquierda Plural, José Luis Centella, se lo reprochó directamente al secretario de Estado, Pedro Argüelles, en su comparecencia de octubre del año pasado. “No es que vaya a haber un acontecimiento especial que les obligue a modificar los presupuestos; es que ustedes lo saben y no modifican el presupuesto. Ustedes saben que van a cumplir con el rito anual de presentarnos en determinado mes un complemento y nosotros también cumplimos con el rito anual de denunciarlo en este trámite como lo denunciaremos cuando venga. Por eso, admítanos que estemos desmotivados con este trámite”.

UPyD avisa, en este sentido, que, a partir de ahora, el Gobierno tendrá más difícil convalidar estos reales decretos con la facilidad con la que se ha venido haciéndolo hasta ahora. La formación magenta espera que, cuando las minorías (CIU, IU, UPyD y PNV) logren sumar los 50 diputados que se necesitan para interponer un recurso de inconstitucionalidad, puedan entonces parar este procedimiento ante el Alto Tribunal. El cambio obligaría al ejecutivo a emplear el procedimiento legislativo ordinario (proyecto de ley, por trámite o no de urgencia), lo que implicaría, en su opinión, "un debate más articulado en Congreso y Senado y una mayor atención mediática (y oposición pública en el contexto de recortes y contención del gasto)”. De este modo, el informe de UPD afirma que, si el pago de los PEA es un “rito anual”, no puede ser entonces algo “extraordinario y urgente”.

Defensa niega que se encarezca en 2.000 millones la reconducción

Sobre las informaciones publicadas en los últimos días por este diario sobre los gastos en armamento, Defensa matiza que no es cierto que el cambio de rumbo llevado a cabo por Morenés y Argüelles suponga un incremento de 2.000 millones en la "reconducción" aprobada con la Industria. Como informó el miércoles este diario, en el antiguo Plan de 2009 estaban por abonar 20.000 millones de euros en el periodo 2014-2025, que pasan, ahora, con la nueva planificación de Morenés y Argüelles, a 22.000 millones de euros para un periodo más extenso, de 2014 a 2030. Así queda reflejado en el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de agosto. 

Sobre este respecto, Defensa explica que las cifras de 2009 no fueron actualizadas al cierre del Gobierno socialista de forma oficial, aunque sí de forma estimativa. Según esas estimaciones, que el exsecretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, señaló que podrían estar entre 31.000 y 36.000 millones de euros, es de donde hay que tomar la referencia, según el equipo de Morenés, para valorar la renegociación llevada a cabo por su departamento. Según los portavoces de Defensa, con esos cálculos el ahorro de la negociación de Argüelles habría llegado hasta los 7.000 millones de euros, tal y como ha defendido siempre el Ministerio. 

Las cifras oficiales, las que fueron al Consejo de Ministros del 2 de agosto, no contemplan esos datos y remiten a la planificación de pagos acordada en 2009. El estudio elaborado por UPyD, del que se ha hecho eco este diario, toma como únicos datos comparables entre sí los que aparecen como tal en la documentación oficial manejada por el Gobierno del PP. 

España
Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
3 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios