EL GOBIERNO DIFIERE LOS PAGOS HASTA EL 2030

El gasto en armamento se disparará a partir de 2016 por las facturas aplazadas al sector

Los compromisos de pago contraídos por el Ministerio de Defensa con la industria armamentística y de la defensa ahogan la viabilidad futura del Ministerio.

Foto: Morenés, en una imagen de archivo el día en el que Pedro Argüelles tomó posesión como secretario de Estado de Defensa. (EFE)
Morenés, en una imagen de archivo el día en el que Pedro Argüelles tomó posesión como secretario de Estado de Defensa. (EFE)

Los compromisos de pago contraídos por el Ministerio de Defensa con la industria armamentística y de la defensa durante los últimos 17 años ahogan la viabilidad futura del propio departamento hasta situarlo al borde del colapso financiero. De aquí a 2030, durante la próxima década y media, el ministerio debe cumplir un estricto calendario de pagos para hacer frente a los llamados Programas Especiales de Armamento (PEAS), compras masivas de material militar que se iniciaron a finales de los 90. Las cifras y la magnitud del problema hablan por sí solas. El precio final de estos programas ronda los 30.000 millones de euros, una cantidad que equivale al 3% del PIB. Es casi igual a lo que supuso un rescate y medio de Bankia, y la cifra roza, por ejemplo, el importe total de las nóminas de los funcionarios de todo el Estado (33.290 millones de euros).

Morenés y su número dos en Defensa, Pedro Argüelles, se encontraron, en 2012, al principio de la legislatura, con un grave problema de impago arrastrado durante los dos últimos años del Gobierno socialista, que suspendió los pagos para contener el déficit nacional. El nuevo Gobierno tuvo pues que afrontar desembolsos no sólo relativos a 2012, sino también a los dos ejercicios anteriores a través de medidas extraordinarias de financiación. Pero restan por pagar todavía, entre 2014 y 2030, 22.500 millones de euros, es decir, un 2,25% del PIB nacional.

Así se desprende de un informe elaborado por la diputada de UPyD Irene Lozano con el asesoramiento de Bernardo Navazo, analista de Defensa de la Fundación Alternativas. Dicho informe, al que ha tenido acceso este diario, incluye el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de agosto en el que se detalla, negro sobre blanco, el refinanciamiento de la deuda para los próximos 15 años. Un calendario de pagos que, pese a la enorme trascendencia política que tiene, nunca se ha hecho público por parte del Gobierno hasta hoy.

Y es que, ante la existencia de compromisos de pago inasumibles y la persistencia de la crisis económica, que obliga a un estricto control del gasto público, el ministerio renegoció en 2012 los contratos firmados con las empresas del sector. Principalmente, con Santa Bárbara Sistemas, Navantia y EADS-CASA. Un programa de refinanciación, “reconducción o reprogramación” en palabras del propio Argüelles, del que apenas han trascendido datos más allá de los que facilitó el secretario de Estado en una somera comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso en mayo de 2013. Entonces, Argüelles deslizó sólo la cifra total por estos programas (29.500 millones de euros), pero no ofreció más detalles sobre las cantidades que se pagarían en los próximos años, el calendario resultante de la refinanciación o el importe total que quedaba por enjugar.

Se dispara hasta los 2.000 millones en el 2020

Detalles que ahora se pueden conocer en base al citado calendario aprobado por el Consejo de Ministros el 2 de agosto de 2013 y que implican, en la práctica, una fuerte contención de los compromisos contraídos para 2014 y 2015 y, en cambio, un disparo del gasto en armamento a partir del 2016, pasado ya el año electoral, y que llega a alcanzar en algunos ejercicios, como en el 2020, los 2.045 millones de euros. Ese calendario es un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el de Hacienda por el cual el departamento de Cristóbal Montoro reconoce como propios los compromisos de pago adquiridos y aún no satisfechos por el ministerio de Defensa a causa de los Programas Especiales de Armamento y que los autoriza a Defensa por un total de 22.500 millones de euros (ver calendario desglosado en el gráfico adjunto).

Carro de combate Leopard (EFE).
Carro de combate Leopard (EFE).

La llamada “reconducción” de Morenés y Argüelles consiste en alargar los pagos en el tiempo (de 2025 a 2030) y poder reducir así los que vencen más a corto plazo, en este año y en el siguiente. De este modo, Defensa pagará en 2014 un compromiso máximo de gasto de 915.652.349 euros y en 2015, algo menos: 873.538.779. Ambas cifras suponen una considerable reducción a la baja con respecto a lo establecido en los compromisos adoptados por el Gobierno anterior en diciembre de 2009. En ese otro calendario, correspondía pagar 1.032.564.553 en 2014 y 1.276.654.644 en 2015.

Todo esto, en un contexto añadido de recortes drásticos en las Fuerzas Armadas, obligadas a reducir horas de vuelo, de maniobras y de navegación, y que está causando pérdidas en su capacidad operativa. Con estas facturas en el horizonte, que se retrotraen a compras masivas efectuadas, principalmente, entre 1997 y 2004, la necesidad anual media de financiación extra para el ministerio de Morenés es pues de 1.320 millones de euros anuales de aquí a 2030. Hay que recordar que el presupuesto anual ejecutado de Defensa suele rondar los 9.000 millones de euros, por lo que estos compromisos de pago suponen, de aquí a 2030, una hipoteca de antemano de entre un 10% y un 25% de los recursos.

Los Programas Especiales de Armamento es el término con el que se define a los 19 programas de adquisición de sistemas de armas iniciados, principalmente entre 1997 y 2004. Los principales programas consisten en aviones de combate, fragatas, carros de combate (Leopard), aviones de transporte, carros blindados (Pizarro), buques, helicópteros, submarinos, artillería remolcada, misiles contra carro… Los PEA, mantenidos con diferentes Gobiernos y con diferentes ministros, desde Eduardo Serra a Carme Chacón, merecieron una categoría especial y un programa presupuestario ad hoc por la enorme cantidad de recursos movilizados para su realización (lo que llevó a contar con el apoyo, vía prefinanciación, del Ministerio de Industria) y por sus largos periodos de definición, diseño, ejecución y puesta en funcionamiento.

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