La IGAE exculpa a Cospedal y no ve ilegal el contrato con Toledo que reveló Bárcenas

El informe definitivo de la Intervención General del Estado concluye que el contrato de basuras adjudicado a Sufi, una filial de Sacyr, por el Ayuntamiento de Toledo cumple la legalidad administrativa. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz estaba investigando si ese contrato se concedió como consecuencia de las donacionesdel ahora expresidente de la compañía, Luis del Rivero, imputado en la pieza separada conocida como 'papeles de Bárcenas' en la que se investiga la contabilidad B del PP.

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, aseguró ante el juez que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, medió para que Toledo concediera esa obra a Sufi. Sin embargo, el informe de la IGAE al que ha tenido acceso El Confidencial concluye que esta empresa fuera la que mÁs puntuación tenía en el concurso de adjudicación, aunque reconoce que en el expediente falta alguna documentación. Este informe era uno de los definitivos que estaban pendientes por llegar en la causa. Todavía queda otro de la IGAE donde indique si los contratos concedidos por las administraciones del PP tiene vinculación con las donaciones irregulares al partido.

Ruz investiga si esta adjudicación se produjo después de la entrega por parte de Sacyr de una comisión de más de 200.000 euros a miembros del PP de Castilla-La Mancha para financiar la campaña electoral del año 2007.En sus conclusiones, señala que “la preparación del contrato se realizó cumpliendo, en términos generales, con el régimen jurídico aplicable”. Así, indica que se ha comprobado que se evacuaron los informes preceptivos y se cumplió el trámite de audiencia pública. “No obstante, no consta en el expediente la justificación de ella elección del procedimiento de contratación elegido ni se motiva su necesidad. Tampoco se aporta un certificado de insuficiencia de medios que justifique la contratación”.

“Por tanto, salvo por las debilidades del procedimiento señaladas, y teniendo en cuenta que no se ha podido analizar el sobre B que contiene la documentación técnica de las ofertas, no se han encontrado diferencias significativas a la hora de aplicar los diferentes criterios de valoración a las ofertas”, destaca el informe.

A pesar de esta falta de documentación, el informe, del pasado 9 de junio y con 56 páginas, señala que los pliegos definen correctamente el contrato, los derechos y obligaciones de las partes y los requisitos presentados para acreditar la solvencia económica, financiera y técnica se consideran suficientes. “Los criterios de valoración utilizados son también habituales en este tipo de licitaciones y están razonablemente definidos y concretados”. La IGAE ha examinado también la propuesta de Sufi y la encuentra conforme.

En el documento recoge cómo ese contrato se tuvo que ver ampliado por un cambio de condiciones de los trabajadores de las empresas pero la Intervención sostiene que ese error operó en beneficio del Ayuntamiento, “ya que sin modificarse el precio se alarga la duración del contrato de siete a diez años”. Explica que la duración de diez años del contrato estaba establecida en el pliego de cláusulas económico-administrativas que regía el procedimiento de contratación y cuyas cláusulas se consideran parte de contrato. “Además el plazo de ejecución fue correctamente incluido en los anuncios de la licitación en los boletines oficiales. No consta en el expediente ninguna oposición a la rectificación del error material”, destaca.

Sin embargo, la IGAE no avala todo el contrato. Destaca que falta en el expediente las actas de recepción o de conformidad con el servicio prestado y tampoco se incluyen las actas del control de calidad previsto en el pliego de prescripciones técnicas. “Por este motivo no se opina en el presente informe sobre el cumplimiento por parte de la empresa concesionarias de las obligaciones asumidas en el contrato”.