SE MANTENDRÁ LA GRATUIDAD

Gallardón anuncia que los registradores mercantiles gestionarán el Registro Civil

Los registradores mercantiles asumirán la gestión del Registro Civil y los expedientes y certificados que tramiten seguirán siendo gratuitos para el ciudadano

Foto: El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. (EFE)
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. (EFE)

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este martes que los registradores mercantiles asumirán la gestión del Registro Civil y que los expedientes y certificados que tramitarán seguirán siendo gratuitos para el ciudadano.

El titular de Justicia ha hecho este anuncio en el Pleno del Senado, al ser preguntado por el diputado del PSOE Antonio Julián Rodríguez Esquerdo acerca de la intención de su Ministerio sobre la reforma del Registro Civil. El socialista ha censurado que se quiera "privatizar" este servicio público.

El Gobierno socialista aprobó en 2011 una ley –que tenía su entrada en vigor el 22 de julio de 2014– que lo desjudicializaba para entregárselo a los funcionarios judiciales o los secretarios judiciales. Gallardón ha anunciado que se prorrogará en los próximos días su entrada en vigor para modificar su organización.

Gallardón ha asegurado que no se destruirá un solo puesto de trabajo, incluidos aquellos de los interinos que prestan servicios en el territorio Ministerio -las comunidades sin las competencias transferidas-, y que los empleados públicos pasarán a trabajar en juzgados de primera instancia. "Será completamente gratuito para los ciudadanos y para la Administración", ha proseguido el ministro, que ha dicho que todas las capitales de provincia contarán con una oficina y que las notarías o juzgados de paz puedan realizar estas funciones en los municipios donde no haya registros mercantiles.

El Ejecutivo busca acabar con el colapso y las largas colas que se acumulan en las puertas de estos centros, que están llegando a dar citas para 2019, y que representan el 44% de las quejas que se presentan contra la Administración de Justicia

El ministro ha defendido que los registradores mercantiles tienen carácter de funcionarios públicos dependientes del Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, según los artículos 274 de la Ley Hipotecaria y 536 del Reglamento Hipotecario. Según ha explicado, este colectivo pasará a denominarse "registradores civiles y mercantiles" y ha sido elegido por el Gobierno para gestionar el Registro Civil frente a los registradores de la propiedad o los secretarios judiciales por tres razones principales.

En concreto, ha dicho, por su experiencia en las funciones registrales, por su "capacidad" para hacerse cargo de la inversión que supone la creación de una plataforma digital, así como por su "conformidad" con una de las "líneas rojas" establecidas por el Ministerio, como era la gratuidad de los trámites para la ciudadanía.

También ha pesado que los registradores mercantiles asumirán esta responsabilidad aceptando que todos los trámites serán gratuitos, algo a lo que no pudo comprometerse el Colegio de Registradores en su día porque las circunstancias de los mercantiles y los de la propiedad son distintas. En la actualidad, los registradores mercantiles llevan los registros de las personas jurídicas y, en el futuro, pasarán a asumir también los de las personas físicas.

Plataforma bajo el control de la Administración

El Ejecutivo busca acabar con el colapso y las largas colas que se acumulan en las puertas de estos centros, que están llegando a dar citas para 2019, y que representan el 44% de las quejas que se presentan contra la Administración de Justicia. Para evitar tales disfunciones, el Ministerio apuesta por informatizar los datos y dejar atrás el formato papel. Según ha asegurado, los registradores mercantiles financiarán "sin coste alguno para el Ministerio y el ciudadano" una plataforma digital, que se mantendrá bajo "titularidad pública", para realizar esta gestión.

En ella, se abrirá un historial para cada persona, no a cada acto que realice -como nacimiento, matrimonio, cambio de apellidos o defunción-. El tratamiento de los datos de esta plataforma dispondrá de un sistema de seguridad "superior" a la actual para garantizar su privacidad y la base de datos única seguirá perteneciendo a la Administración General del Estado. Ello hará posible que el 85% de las certificaciones expedidas cada año, unas tres millones, sean innecesarias y se evite el traslado físico de los ciudadanos a los registros.

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