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PP, PSOE e IU pactan que varios ediles de Móstoles cobren lo mismo trabajando menos
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PP, PSOE e IU pactan que varios ediles de Móstoles cobren lo mismo trabajando menos

El consistorio aprobó la adaptación de su corporación municipal a la nueva ley de la administración local el 27 de febrero.

Foto: Daniel Ortiz, alcalde de Móstoles. (Foto: PPMostoles)
Daniel Ortiz, alcalde de Móstoles. (Foto: PPMostoles)

Cobrar prácticamente lo mismo pero trabajando un cuarto menos de lo que hacían hasta ahora. Este es, en resumen, el pacto que se acordó por unanimidad (PP, PSOE e IU) en el Ayuntamiento de Móstoles el 27 de febrero para adaptar la corporación municipal a la nueva ley de Administración local. El objetivo es, según recoge el texto, racionalizar el gasto y hacer la Administración municipal más sostenible.

Según el acuerdo al que llegaron los tres grupos representados en el consistorio mostoleño, el alcalde, Daniel Ortiz (PP), cobra 74.268 euros, "una cantidad inferior a lo que marca la ley" para municipios con más de 200.000 habitantes, alegan las fuentes oficiales. Hay 18 concejales en régimen de dedicación exclusiva, que son los concejales del equipo de Gobierno y los portavoces del PSOE e Izquierda Unida, y que ganan el 90% del salario del alcalde (66.841 euros brutos anuales). Los demás ediles están a dedicación parcial y se les reconoce el mínimo del 75% de desempeño, un trabajo por el que se les bonifica el 45% del sueldo del alcalde: 33.420 euros, prácticamente lo mismo que cobraban antes de adaptarse a la ley como concejales sin delegación y con dedicación exclusiva. Desde el Ayuntamiento de Móstoles se limitan a añadir que "estos nuevos salarios se adaptan a la nueva legislación".

Desde que entró en vigor la ley, los ediles que trabajan a tiempo parcial siguen cobrando lo mismo, aunque ahora trabajen menos. Dolores Landa, delegada de UPyD en el municipio mostoleño, va a presentar este miércoles un escrito a la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid para que investigue si se ha podido incurrir en una infracción del ordenamiento jurídico estatal.

La Memoria de la Cuenta Anual del año 2012 del Ayuntamiento de Móstoles recoge que "los miembros de la corporación que desempeñen sus cargos con dedicación exclusiva percibirán el 45% de la base del cálculo". Es decir, hace dos años, un concejal con dedicación exclusiva cobraba el 45% del sueldo del alcalde, que es ahora lo que cobra un concejal con dedicación parcial al 75%. De hecho, los tres concejales de Izquierda Unida no han sufrido modificación alguna en sus retribuciones, pese a que dos de ellos han perdido la dedicación exclusiva que tenían antes.

En el acuerdo de Pleno del 27 de febrero de 2014 en el que se fijaron las nuevas retribuciones para los concejales según su dedicación se cambió todo para que no cambiase nada, ya que la base de cálculo mínima para los concejales "con dedicación parcial" es exactamente la misma que la que le correspondía antes a los concejales "con dedicación exclusiva pero sin delegación", por lo que no existe ninguna diferencia entre los concejales con dedicación parcial actualmente y los que tenían dedicación exclusiva antes de aprobar la normativa.

"Pacto entre el establishment"

La formación magenta va a registrar un escrito hoy mismo en la delegación del Gobierno para que requiera al Ayuntamiento de Móstoles información acerca de las previsiones presupuestarias del abono de retribuciones a los miembros del ayuntamiento, así como las bases de ejecución de los distintos presupuestos y la relación de todas las nóminas percibidas en la presente legislatura, antes y después de la modificación del régimen de dedicaciones, para poder comprobar y comparar tanto la totalidad de conceptos retributivos como las cotizaciones correlativas.

Cobrar prácticamente lo mismo pero trabajando un cuarto menos de lo que hacían hasta ahora. Este es, en resumen, el pacto que se acordó por unanimidad (PP, PSOE e IU) en el Ayuntamiento de Móstoles el 27 de febrero para adaptar la corporación municipal a la nueva ley de Administración local. El objetivo es, según recoge el texto, racionalizar el gasto y hacer la Administración municipal más sostenible.

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