La Fiscalía pide 6,5 millones al Deutsche Bank por la ‘estafa de las cartas nigerianas’
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NO VIGILÓ A UN EMPLEADO PESE A LAS ADVERTENCIAS

La Fiscalía pide 6,5 millones al Deutsche Bank por la ‘estafa de las cartas nigerianas’

Deutsche Bank va a tener que hacerse cargo de una estafa de 6,5 millones llevada a cabo por uno de sus empleados, parte de una organización criminal

placeholder Foto: El edificio que alberga la sede del Deutsche Bank en Fráncfort. Foto: Reuters
El edificio que alberga la sede del Deutsche Bank en Fráncfort. Foto: Reuters

Deutsche Bank va a tener que hacerse cargo de una estafa de 6,5 millones de euros llevada a cabo por uno de sus empleados, que formó parte de una organización criminal dedicada a engañar a víctimas a través de las famosas 'cartas nigerianas', algo similar al timo de la estampita en versión africana. La Fiscalía Anticorrupción considera que el banco es responsable civil subsidiario, lo que significa que, de confirmarse por el tribunal, tendrá que resarcir a las víctimas.

El timo era sencillo. El mecanismo del engaño llevado a cabo por esta organización, liderada por el nigeriano Prince Eneka Nwambu –en prisión desde 2010–, consistía, fundamentalmente, en ponerse en contacto (vía e-mail o carta) con las víctimas a quienes se les hacía creer que algún familiar había fallecido dejando una herencia millonaria, o bien que podrían realizar un negocio rentable.

Con la excusa de que había una cantidad de dinero que había quedado depositada en el “Banco Central de España”, se citaba a las víctimas, provenientes de cualquier parte del mundo, para que vinieran a España. Una vez en territorio español, se les exhibía un supuesto lugar de seguridad donde se almacenaba el dinero de la herencia y se remitía a la víctima a un banco, normalmente el Deutsche Bank, donde se le pedían unos ingresos para pagar unos supuestos impuestos y otros gastos antes de acceder a la herencia, elaborando documentos oficiales y mercantiles ficticios para ello.

Según explica la Fiscalía, cada paso que daba la víctima le suponía un desembolso exigido por los miembros de la organización liderada en España por Prince Eneka, que disponía de personas tanto en España como en Reino Unido y Nigeria. En algunos casos, los perjudicados han llegado a pagar hasta dos millones de euros pensando que la recompensa iba a ser mucho más elevada. Incluso muchos de ellos, al no disponer de ese dinero, lo pedían a amigos o prestamistas.

La persona de la organización criminal que se encargaba de dar credibilidad a las víctimas de la estafa era Pablo de la Mata, un trabajador del Deutsche Bank que recibía a los estafados en la sucursal haciéndoles creer que su dinero lo enviaba allí el “Banco Central de España”, siempre y cuando antes pagaran unos impuestos.

El banco hizo caso omiso de las advertencias

La Fiscalía se basa en el artículo 120 del Código Penal, por el que una empresa responde civilmente de lo que hacen sus empleados en el ejercicio de sus funciones, para reclamar al banco el dinero que ha sido estafado a las víctimas por esta organización criminal. Así lo expuso el fiscal en su informe definitivo durante el juicio que se celebra estos días en la Audiencia Nacional.

Durante la vista, un testigo explicó que, después de conocer que había sido estafado, hizo llegar a través de su abogado al banco su sospecha de que un empleado suyo formaba parte de un entramado dedicado a la estafa.

Sin embargo, la entidad hizo caso omiso de las advertencias y reclamaciones de estos perjudicados. Durante el juicio, uno de ellos explicó que incluso habló con el director de la sucursal, la central del banco en Madrid sita en el Paseo de la Castellana, pero el directivo respaldó a su empleado y le explicó que era una persona de confianza. Ahora está acusado en el juicio y el Deutsche Bank va a tener que hacer frente, en caso de ser condenado, al pago del dinero estafado. Es responsable civil subsidiario, pero en caso de que el resto de los acusados se declaren insolventes (como es lo predecible) será la entidad bancaria la que deba hacer frente a la devolución del dinero.

Según relató el representante del Ministerio Público en la vista oral, no reclama al banco esta cantidad por falta de vigilancia ni por haber elegido mal, "sino por el vínculo de un empleado que es condenado". En 2009 consta cómo una de las víctimas relacionaba expresamente a De la Mata, pero la entidad le excluyó de cualquier comportamiento reprobable. Es más, en las actuaciones aparece que en septiembre del año siguiente el empleado del banco se puso en contacto con Prince para ver si le ofrecía algún trabajo porque estaba "pelado" de dinero. Justo después, la trama nigeriana le lleva una víctima al Deutsche Bank para hacerle creer que estaba a punto de recibir una suculenta cantidad de dinero a falta de pagar unos impuestos para recibirla.

Así, el fiscal concluye que el banco no controló a su empleado, a pesar de tener advertencias de sus actuaciones, y por tanto debe ser responsable. La vista está pendiente del informe de la acusación particular y se estima que solicitará a la entidad una cantidad superior a la del fiscal.

El fiscal pide a De la Mata –que se sienta con otros trece acusados en el banquillo– dos años y tres meses de prisión por un delito de asociación ilícita, otros seis años y medio por un delito continuado de estafa y cuatro años por otro de falsedad en documento mercantil y oficial.

El modus operandi era el siguiente. En la primera comunicación, uno de los acusados se solía identificar con un nombre falso diciendo ser representante de una entidad financiera, abogado o familiar de un político de un país africano o de un fallecido y que poseía una cantidad de varias decenas de millones de euros o dólares en efectivo, depositados en alguna entidad o banco de Nigeria u otro país africano, o una empresa de seguridad de un país europeo. El depósito de ese dinero en Nigeria o su traslado a una empresa de seguridad en España se habría producido antes del infortunio sucedido a su propietario.

El acusado proponía a la víctima que colaborase con él en el desbloqueo de esa suma de dinero a cambio de un porcentaje de la cantidad depositada y le pedía que facilitara su número de cuenta bancaria para transferirle los fondos. Una vez que la persona les había comunicado su número de cuenta, le remitían un documento ficticio emitido por la entidad que supuestamente custodiaba los fondos en el que se acreditaba haber recibido la orden de transferencia de los mismos a favor de la víctima.

Sin embargo, antes de que la orden de pago se llegara a ejecutar, los acusados comunicaban al supuesto beneficiario la necesidad de hacer una primera entrega de dinero para pagar los gastos que por diversos conceptos se adeudaban a la empresa de seguridad o al banco en que estaban depositados los fondos. Solían hacer un encuentro en España con la víctima, donde se les mostraba una o varias cajas de grandes dimensiones repletas de billetes simulando dinero.

Tras la visita, la víctima se volvía a su país convencida de haber comprobado la existencia real del dinero y con la idea de que debía realizar otra segunda entrega para sufragar los gastos (tasas, comisiones, impuestos, multas, sobornos, etc.) que permitieran disponer de la comisión prometida, y que nunca llegaría.

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