Anticorrupción pide tres años de cárcel y 19 millones a cinco exdirectivos de NCG

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado tres años de cárcel y la devolución de casi 19 millones de euros para el excopresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, y otros cuatro antiguos directivos de la caja por presuntos delitos de apropiación indebida y, alternativamente, estafa. Además, pide para ellos tres años de inhabilitación y una multa diaria de 250 euros durante 10 meses.

Los otros cuatro directivos son el que fuera director general de Novacaixagalicia, José Luis Pego; el exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; el exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada y el abogado Ricardo Pradas, un experto en derecho laboral que asesoró a la entidad gallega.

Están acusados de percibir con abuso de sus funciones prejubilaciones millonarias, que oscilaban entre los 691.000 euros y los 7,7 millones de euros. Según el escrito presentado en la Audiencia Nacional, los altos directivos conocían por la posición que ocupaban en la caja la difícil situación patrimonial toda vez que la entidad ya había solicitado un segundo apoyo del FROB, "engañando" al Consejo de Administración y con la ayuda de Gayoso.

En septiembre de 2011, Gayoso, con plena ignorancia del Consejo de Administración de la caja, aprobó y liquidó los importes correspondientes a los desistimientos unilaterales realizados por Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada. En su auto de procesamiento, el juez Ismael Moreno sostenía que el abono de las indemnizaciones por cese voluntario por un importe total de 18,94 millones de euros supuso en conjunto en torno al 10% del patrimonio de la entidad.

Los 19 millones de euros que les reclama, y que se deben restituir al banco, es el 29% del valor atribuido a Novacaixagalicis antes de la segunda intervención del FROB. Dichas liquidaciones no fueron debidamente conocidos ni autorizados por el Consejo de Administración de la caja hasta después de su pago ni tampoco por el Banco de España. Además, esas liquidaciones se practicaron, según la Fiscalía, infringiéndose deliberadamente las limitaciones asumidas por Novacaixagalicia frente al FROB en materia de indemnizaciones.