La SGAE vende a precio de saldo dos teatros en plena Gran Vía para hacer caja

Nuevo lío monumental en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que desde la marcha de Eduardo Teddy Bautista en 2011 no levanta cabeza, zarandeada por una sucesión interminable de escándalos, dimisiones y cruentas luchas internas. La entidad que ahora preside José Luis Acosta ha puesto a la venta a precio de saldo, ante la agobiante falta de liquidez y los números rojos que carcomen sus antaño lustrosas cuentas, dos teatros de su propiedad en plena Gran Vía madrileña: el Coliseum y el Lope de Vega. Pero la operación inmobiliaria ha dividido en dos a la sociedad, cuatro de cuyos consejeros dimitieron el pasado mes de abril por su oposición a malvender ambos activos.

La entidad que gestiona los derechos de autor adquirió en 2009 el Coliseum y el Lope de Vega, a través de la Fundación SGAE, por 82,9 millones de euros. Ambos teatros se incorporaron a Arteria, un proyecto impulsado por Bautista que aspiraba a desarrollar, a ambos lados del Atlántico, la mayor red iberoamericana de espacios escénicos. La SGAE invirtió cerca de 400 millones en el proyecto, que se destinaron a la compra de suelo, edificios e inmobiliarias, así como al pago de cánones municipales y a la ejecución de las obras de los proyectos. El Häagen-Dazs Calderón de Madrid, el Paralelo de Barcelona, el Manhattan Center de Nueva York o La Casona de México también forman parte de la red.

Ahora, acuciada por el agujero en sus cuentas –las últimas, que arrojan "un deterioro patrimonial de 200 millones de euros", deben ser aprobadas en una inminente asamblea general que se presume tumultuosa–, la SGAE quiere vender a toda prisa el Coliseum y el Lope de Vega para hacer caja. La recaudación por derechos de autor se ha desplomado en los últimos años, en parte por la enorme morosidad pero sobre todo por la rebaja de tarifas impuesta por las grandes cadenas de radio y televisión durante la etapa de Antón Reixa, el sucesor de Teddy Bautista, defenestrado en julio del pasado año tras ser engullido por las intrigas palaciegas que parecen formar parte del ADN de la sociedad.

El patronato de la Fundación SGAE, que preside Antonio Onetti, aprobó el pasado mes de abril la venta de los dos teatros por 57 millones de euros –es decir, 26 millones menos que la cantidad desembolsada en 2009– a Stage Entertainment, una productora holandesa que ha montado en Madrid espectáculos musicales tan exitosos como El Rey León, La Bella y la Bestia o Los Miserables. Sin embargo, ante la firme oposición de varios miembros del patronato, el acuerdo de compraventa fue trasladado al Consejo de Dirección de la SGAE, que, bajo la presidencia de Acosta, y por 10 votos a favor y cuatro en contra, aprobó seguir adelante con la operación.

Pero el embrollo no acabó ahí. Varios consejeros, encabezados por José Miguel Fernández Sastrón, pusieron el grito en el cielo -querían buscar mejores ofertas para no dilapidar el patrimonio de la entidad- y forzaron una nueva votación para que fuese la Junta Directiva de la SGAE la que adoptase la decisión definitiva. El resultado: siete votos a favor y siete en contra, resuelto por el voto de calidad de Acosta, que volvió a apoyar la venta inmediata de los dos teatros y rechazó trasladar el asunto a la junta. En señal de protesta, cuatro consejeros presentaron su dimisión fulminante: Mónica Valderrama, Javier Losada, José Zárate y el propio Fernández Sastrón. El cisma, otro más, estaba servido.

Solución salomónica

Al día siguiente, y para evitar el escándalo, Acosta propuso a los díscolos una solución salomónica: si daban marcha atrás y revocaban su dimisión, el presidente de la SGAE se comprometía a congelar la venta de los teatros de la Gran Vía hasta la próxima reunión de la Junta Directiva, que será la que tome la decisión definitiva. Pero, según las fuentes consultadas por El Confidencial, los partidarios de deshacerse del Lope de Vega y el Coliseum son mayoría. Entre ellos Onetti, presidente del patronato de la Fundación SGAE, que es quien puso sobre la mesa la oferta de Stage Entertainment. Onetti, cuyo cargo no está retribuido, presentó su dimisión el pasado mes de febrero aduciendo "razones personales", pero, sorprendentemente, sigue en funciones al frente de la fundación, ahora con un sueldo anual de 90.000 euros.

El juez Pablo Ruz, que instruye la causa por presunta apropiación indebida contra la cúpula de la SGAE que encabezaba Bautista -empantanada en la Audiencia Nacional desde hace tres años-, volvió a pinchar en hueso el pasado mes de enero, cuando un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descartó "la existencia de un entramado societario para desviar fondos del proyecto Arteria". En 2011, pocos meses después de ordenar la entrada y registro del palacio de Longoria, sede de la SGAE, Ruz abrió una pieza separada para investigar el presunto desvío fraudulento de fondos en la creación de la red de teatros. Pero el informe de la UCO le dejó sin argumentos: "No se observan movimientos [de fondos] injustificados de los que pudiera desprenderse una actividad ilícita".