Caso Bárcenas: un imputado del PP ficha a la asesora del PSOE y cuñada de Almunia
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la abogada, convertida al islamismo

Caso Bárcenas: un imputado del PP ficha a la asesora del PSOE y cuñada de Almunia

El caso que investiga la presunta financiación irregular del PP ha dado un giro sorprendente. El empresario Antonio Vilela ha cambiado de abogada

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El juez Pablo Ruz (Reuters)

El caso que investiga la presunta financiación irregular del PP ha dado un giro sorprendente. El empresario, donante y militante popular Antonio Vilela ha cambiado de abogada y ha elegido a Jadicha Candela, durante más de veinte años asesora del PSOE y cuñada del dirigente socialista Joaquín Almunia.

Resulta también llamativo que entre la red de colaboradores que aparece en la web de su despacho se encuentran Gonzalo Boyé y su socia, Isabel Elbal, que representan a uno de los querellantes en este mismo caso Bárcenas. Sin embargo, fuentes próximas a estos letrados, que tienen despacho propio, justifican la aparición de su nombre por mantener desde hace tiempo una relación de amistad con una de las abogadas del despacho.

En una providencia fechada el pasado 6 de mayo, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz incorporó en la causa el escrito en el que quedaban por personadas Jadicha Candela y su hija Yamila Pardo como representación letrada de Vilela, el apoderado de Construcciones Rubau e imputado en la causa por haber entregado donaciones al margen de la legalidad al PP pudiendo haber sido beneficiado con adjudicaciones para su empresa.

Este cambio llama la atención porque precisamente Vilela no sólo era donante del PP, sino que milita en la formación, como él mismo reconoció ante el instructor que formó parte de la comisión de Infraestructuras del partido, donde a título personal asesoraba a cargos estatales, consejeros autonómicos y cargos municipales de la agrupación política sobre la contratación de obra pública por parte de la Administración. Durante su declaración en mayo del año pasado también reconoció que en 2008 donó a título personal al PP 63.000 euros, que declaró a Hacienda, aunque negó los dos apuntes que aparecen a su nombre en los papeles elaborados por el extesorero de la formación y principal imputado, Luis Bárcenas, con un donativo de 100.000 euros en 2004. En un informe, la Policía destaca que ese año su grupo obtuvo cuatro contratos públicos por 76 millones de euros, uno de ellos por 52 millones para un tramo de la autovía A-23 en Castellón.

Conversa a la fe musulmana

Otra de las afirmaciones que Vilela hizo ante Ruz es que él era amigo del anterior tesorero de la formación, Álvaro Lapuerta, también imputado en la causa, pero que con él se reunía entre otras cosas para hablar de religión. Vilela, hombre de profundas convicciones católicas, ha elegido ahora como abogada a una mujer conversa a la fe islámica y fundadora de la asociación de mujeres musulmanas An Nisa.

Candela ha sido letrada asesora del grupo parlamentario socialista del Congreso de los Diputados y el Senado durante los años 1983 a 2004, y como directora general de la Fundación de Parques Nacionales desde 2004 a 2010. Su hija defendió a Mohamed Needl, alias Abu Nidal, que fue condenado por el Tribunal Supremo a ocho años de prisión por formar parte de la célula terrorista instalada en Madrid liderada por Abu Dahdah. Su cliente fue quien alquiló a los integrantes de la célula del 11-M una casa en la localidad de Morata de Tajuña, donde se prepararon los explosivos que luego se colocaron en los trenes.

Boyé desaparece de su web

Esta abogada comparte despacho con su hija y hasta hace diez días aparecían en su web como colaboradores Boyé y Elbal, que representan a una de las acusaciones en este caso. Constaban como especialistas de Derecho Penal, junto a otros tres abogados, Laura Díez, Jacinto Gil y Angelina Castillo, cada uno especialista en un área del Derecho. Sin embargo, desde el pasado día 31 de mayo han desaparecido sus nombres de la página del despacho Abogados Romanones 5. Fuentes jurídicas consultadas sostienen que si fuera cierta esta colaboración y se mantuviera en la actualidad podría causar una incompatibilidad tanto para la defensa como para la acusación.

El Observatori DESC, representado por Boyé, fue la primera asociación que presentó una querella contra Bárcenas tras la publicación de la presunta contabilidad B del PP. Durante la causa, ha solicitado una serie de diligencias como la “copia auténtica de la integridad de los expedientes de los concursos y contrataciones suscritos” por el Ministerio de Fomento con Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr Vallehermoso, Azvi, Sedesa, Copasa, Copisa, Aldesa, FCC, Urazca y Rubau, así como cualquiera de "sus predecesoras, sucesoras, subsidiarias y empresas participadas".

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