POR SU RELACIÓN CON LA MAFIA RUSA

Anticorrupción pide dos años y medio de cárcel y 800.000€ para Xavier Crespo (CiU)

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado dos años y medio de cárcel y una multa de 831.600 euros, además de una inhabilitación para empleo o cargo público

Foto: El exalcalde de Lloret de Mar (Girona) Xavier Crespo (c) (Efe)
El exalcalde de Lloret de Mar (Girona) Xavier Crespo (c) (Efe)

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado dos años y medio de cárcel y una multa de 831.600 euros, además de una inhabilitación para empleo o cargo público de ocho años, para el diputado por CiU en el Parlamento catalán, Xavier Crespo, por su relación con la mafia rusa cuando era alcalde de Lloret de Mar.

En su escrito entregado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el fiscal Fernando Bermejo considera que Crespo ha podido cometer los delitos de cohecho y prevaricación y de ahí que le pida una pena de cárcel suficiente para su ingreso en prisión. Crespo fue detenido en la 'Operación Clotilde' iniciada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. También solicita la misma pena de prisión para Andrei Petrov, empresario ruso que pagó dinero a Crespo a través de patrocinios de clubes deportivos y viajes a su familia a cambio de obtener beneficios en una licencia de obra. También están acusados el concejal de Urbanismo de la localidad, Josep Valls, y una arquitecta que medió entre el ruso y el alcalde, Pilar Gimeno.

Todos ellos se sentarán en el banquillo de los acusados por haber cometido en distintas formas de participación un delito de cohecho y otro de prevaricación por bonificar el 50% del impuesto de obras y construcciones" a Development Diagnostic Company (DDC, una empresa del mafioso ruso) en la obra del centro comercial de Els Braus.

Según el fiscal, Petrov obtuvo una serie de favores por parte del Ayuntamiento, que dirigía Crespo, a cambio de favores. Entre ellos, un viaje a Moscú para su familia en febrero de 2008 que el Ministerio Público cuantifica en 5.000 euros. Entre otros beneficios, el empresario ruso no aportó el aval para la obra necesario para llevarla a cabo. En este caso, no fue exigido por el Ayuntamiento pese a que el mismo tenía que haberse otorgado en el plazo de dos meses desde la aprobación de los proyectos y subsiguiente declaración de obra nueva en construcción y división en propiedad horizontal. “En realidad, DDC comenzó las obras incluso antes de haberse aprobado el proyecto, lo que era conocido y consentido por los acusados Crespo y Valls”, afirma la Fiscalía en su escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial.

Así, sostiene que el alcalde y el concejal le dijeron a Petrov que mientras durasen las obras de Els Braus podría construir sin problemas si hacía determinados favores, como el patrocinio de un club de fútbol y otro de hockey administrado por la mujer del alcalde y en los que jugaban los hijos de Valls y Crespo. El actual diputado indicó a Petrov, a través de Gimeno, cuál debía ser el importe de los patrocinios durante cuatro temporadas, siendo éste de 90.000 euros por temporada para los dos clubes: 60.000, para el de hockey, y 30.000, para el de fútbol.

El empresario, relacionado con la mafia rusa, entregaba el dinero a través de cheques introducidos en un sobre y recogidos en las oficinas de DDC, por orden expresa de Crespo, por el presidente del club de Hockey, Joan Perarnau, para quien se solicita dos años de cárcel, al tener conocimiento de la ilegalidad del patrocinio.

Otro de los beneficios que requirió el empresario ruso al alcalde fue una rebaja en el impuesto del valor de la licencia de obras y construcciones que era a 267.508,46 euros. “Con ese objetivo, se pusieron de acuerdo Crespo y Valls para convencer a los demás miembros del Ayuntamiento, quienes no eran conocedores de los anteriores favores que había realizado Petrov a la familia y amigos de Crespo, incluido Valls” recoge el escrito fiscal Bermejo, quien concluye que la conducta de los acusados supuso un perjuicio para el Ayuntamiento de Lloret de Mar de 133.754,23 euros, importe de la bonificación ilegalmente otorgada a "DDC”.

Así, la empresa derribó el hotel y comenzó las obras del centro comercial sin haber prestado los avales exigidos por las resoluciones administrativas pertinentes, siendo conscientes de ellos tanto Petrov como Gimeno. Tanto el alcalde como el concejal “permitieron este impago por las mismas razones que los anteriores actos”.

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