El Gobierno deja en manos de Felipe VI la asignación y el estatus futuro de su padre

El Gobierno da por cumplido su papel ante la abdicación de Su Majestad el Rey con el proyecto de ley orgánica enviado al Congreso por el que las Cortes admitirán la dimisión de Don Juan Carlos. Según fuentes del Ejecutivo consultadas por El Confidencial, de momento no habrá otro texto con rango de ley para fijar el nuevo estatus del actual monarca, y menos aún una ley orgánica de la Corona que regule el funcionamiento de la Casa Real. Será el hoy Príncipe de Asturias, cuando sea proclamado Rey, quien decida el estatus, tratamiento y régimen retributivo de su padre, aunque se supone que la cuestión ha sido acordada entre ambos.

Por su parte, el Ministerio de Justicia trabaja en un proyecto de nueva ley del Poder Judicial, que ya pasó su primer trámite en el Consejo de Ministros del 4 de abril, y que podría afectar a Don Juan Carlos porque incluye un capítulo para aforar a los miembros de la Familia Real. El texto elaborado por el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón pretende solucionar la “deficiencia histórica” de un Estado en el que hay unos 10.000 cargos públicos aforados (que sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo o la máxima instancia judicial de cada Autonomía), pero no Su Majestad la Reina y Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias.

Como es obvio, Don Juan Carlos seguirá siendo miembro de la Familia Real una vez que Don Felipe sea proclamado Rey en las Cortes. Si se aplica el principio esbozado por el ministro de Justicia al ligar el aforamiento al cumplimiento de “funciones de Estado”, el actual Monarca podría tener esa condición propia de parlamentarios y miembros de ejecutivos de todo nivel siempre que mantuviera alguna actividad institucional en el futuro. En ese caso, se podría ampliar a su persona el aforamiento.

El actual Rey, al dejar de serlo cuando entre en vigor la ley orgánica sobre su abdicación, perderá la condición que establece el artículo 56.3 de la Constitución: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Pierde la inviolabilidad, pero no con carácter retroactivo. El Gobierno podrá decidir por la citada ley del poder judicial si pasa a incluirlo en el capítulo de aforados junto con la nueva Reina, la Princesa de Asturias y su futuro consorte.

En fuentes de la Moncloa insisten en que la cuestión del tratamiento, la remuneración y las funciones que Don Juan Carlos vaya a desempeñar en la Casa Real una vez proclamado rey Don Felipe son un asunto interno de la Casa Real en el que el Ejecutivo, en principio, no va a entrar por la vía de un proyecto de ley. Sin embargo, el ministro de Justicia sostuvo ayer en el Senado que las cuestiones que afecten directamente al estatuto del actual Rey una vez que se haga efectiva la abdicación serán regulados en su momento “por un real decreto”.

Mientras el Gobierno y la Casa Real cierran las consecuencias funcionales y protocolarias de la sucesión en la Corona, el Congreso ya ha fijado para el próximo día 11 el pleno en el que aprobará la ley orgánica sobre la abdicación de Don Juan Carlos y se espera que el Senado haga lo mismo el día 17. A partir del día 18 se podría celebrar el pleno conjunto (Cortes Generales) para proclamar a Don Felipe como Rey. Ahora falta que el Ejecutivo y el Rey den su visto bueno para fijar la fecha, que podría ser el mismo 18 según fuentes de la Cámara Baja o algo más tarde. La confirmación oficial no se hará hasta que el Senado concluya su propio pleno para validar la ley orgánica.