La II República y Franco también estudiaron devolver la mezquita a los musulmanes

Más de doce siglos la contemplan, erguida frente a la ribera del Guadalquivir, desde que Abderrahman I mandó construirla, orientada hacia Damasco, sobre la antigua basílica visigoda de San Vicente Mártir. Un tesoro de 23.400metros cuadrados que recoge el aliento de espiritualidad del pueblo cordobés de ayer y de hoy, testigo que fue del esplendor del Califato pero, también, de la conquista de la ciudad por las tropas de Fernando III de Castilla, que la donó a la Iglesia a mayor gloria y honra del triunfo del cristianismo sobre el islam. La mezquita-catedral de Córdoba, envuelta hoy de nuevo en un debate cíclico que se repite con el paso de los años, sigue asombrando y enmudeciendo a los millones de turistas y peregrinos que la recorren cada año.

Una sensación semejante a la que experimentó el rey Faisal de Arabia Saudí cuando penetró en ella tras cruzar el patio de los naranjos y, maravillado, se echó literalmente a llorar. Tal fue la sensación que le embargó que llegó a ofrecerle a Franco –año 1966– hasta diez millones de dólares para que durante dos o tres días a la semana los musulmanes pudieran volver rezar en la vieja Al-Ándalus y ante el mihrab encargado por Alhakén II. La idea no cayó en saco roto. Y Franco, al menos, la estudió seriamente. Hasta pidió informes sobre la posibilidad de “trasplantar” la catedral, piedra a piedra, para devolver al templo su aspecto original. La propuesta se la planteó al marqués de Lozoya como agradecimiento a la colaboración de los países árabes con el régimen.

En un país como España, eternamente condenado a repetir su misma historia, la mezquita vuelve estos días a protagonizar un curioso debate entre quienes defienden a la Iglesia católica como su legítima propietaria histórica y quienes sostienen que hay que rescatarla de esas manos para devolverla al pueblo. Una idea que no es nueva y que, cada cierto tiempo, vuelve a ponerse sobre la mesa. Tal y como ocurrió en la II República, después durante la Dictadura o, a mediados de los setenta, cuando la UNESCO estudiaba su declaración como Monumento Patrimonio de la Humanidad.

Así lo recuerda Manuel Nieto, que a sus 79 años es una auténtica memoria viva de la historia de la mezquita-catedral, cuyo enjambre de columnas y arcos de herradura conoce hasta el último recoveco. Durante los últimos 47 años ha ejercido como responsable del archivo general del Obispado, en donde se conservan la mayor parte de los documentos históricos que legitiman la propiedad de la iglesia sobre este monumento durante los últimos ocho siglos.

En una conversación con él, considerado uno de los mayores estudiosos del templo, Manuel cita de carrerilla los derechos históricos de la Iglesia desde la época de Fernando III el Santo. “La Iglesia ya lo tiene por pacífica posesión”, concluye. “La historia es tan larga, casi 800 años, que ha producido una documentación que fundamenta una corriente social, histórica y económica que ha sido aceptada por todos hasta el primer año de la II República española”, recuerda.

En efecto, la pregunta que recientemente formuló en el Senado un parlamentario de Izquierda Unida a Alberto Ruiz-Gallardón sobre el templo enlaza con la propuesta que, el 8 de diciembre de 1931, primer año de la II República, planteó en el Congreso el diputado por Melilla Antonio Acuña Carballar. El diario de sesiones recoge su planteamiento en los siguientes términos: “España es una nación que posee un enorme tesoro artístico, la mayor parte del cual lo debemos al genio de aquellos árabes que por espacio de ocho siglos nos dominaron. La República ha iniciado ya una política de compensación, creando centros de estudio árabes. Hay en España una joya artística que es admirada por todo el mundo, una joya artística cuyo primitivo nombre no han podido borrar los siglos de civilización cristiana, de civilización católica, y yo ruego al Sr. Ministro de Instrucción pública que esa joya, que es la Mezquita de Córdoba, se convierta al culto musulmán”.

Cinco años después, el 28 de mayo de 1936, otro diputado, Antonio Jaén Morente, propondría también al pleno que la mezquita se convirtiese en el mejor museo hispano-árabe del mundo.

¿Se puede poner en tela de juicio los derechos de la Iglesia católica sobre este enorme monumento? ¿Tienen derecho los musulmanes a volver a rezar en estas naves? “Se está aludiendo a la posesión por Fernando III el Santo de la mezquita por derecho de conquista y realmente eso no fue así, ni ocurrió así”, relata Antonio Nieto. “Fue, simple y llanamente, una venta de los musulmanes a Fernando III, con lo cual los musulmanes no tienen derecho en la actualidad a reclamar una cosa que vendieron en 1236”.

Se trata del pacto de capitulación al que el rey accedió tras la conquista de la ciudad. “Sabemos el volumen de lo que se pagó por la mezquita –relata Nieto–. La ciudad estaba cercada por las tropas castellano-leonesas. Fernando III nunca tuvo una política de sangre derramada. Evitó que se produjeran actos militares cruentos en la conquista de Andalucía. Su actitud era cercar por hambre a la ciudad. Cuando ya estaban al límite, los musulmanes pidieron pactar con los cristianos la salida y lo primero que pusieron como condición es que tenían que llevarse las joyas, sus ropas de seda y otros objetos suntuosos con ellos. En esa capitulación se pone en juego el botín al que tiene el derecho el que conquista y el botín eran las joyas y los objetos de valor de los musulmanes. Ellos amenazaron con que si no se les permitía salir en esas condiciones estaban dispuestos a quemar la mezquita. La hermosura, la belleza y la magnitud del edificio era conocida de sobra en Castilla por los viajeros y cronistas, y el rey logró llevar a su campo a toda su corte y permitió que los musulmanes saliesen en esas condiciones. El hecho contractual es que Fernando se queda con una mezquita en pie, pero le cuesta a él el botín al que tiene que renunciar. Y era un botín con el que tenía que pagar a las tropas que habían asediado la ciudad. La capitulación tiene un carácter contractual que hace que, en derecho, los musulmanes se olviden de reclamar ningún derecho sobre el monumento. Eso no se tiene en cuenta, no se dice, pero se hizo antes de que Fernando la entregase a la Iglesia”.

El rey aplicó en este caso la costumbre tradicional de la época de ceder las mezquitas a la Iglesia para la construcción de nuevos templos cristianos. Las mezquitas siguen en pie, pero con una cruz y una campana en lo alto como símbolo de su dedicación al cristianismo. En la toma de Córdoba, además, Fernando postergó su entrada a la ciudad 24 horas para ceder el paso, simbólicamente, a cinco obispos y a la clerecía que, entonando el Te Deum, tomaron la mezquita y la consagraron al cristianismo.

“Como archivero me han venido, en muchísimas ocasiones, personas que les gustaría conocer las escrituras de donación. Yo siempre les he contestado que las había, pero que se habían borrado porque el acto litúrgico de toma de posesión, que era aceptar la posesión del templo, consistió en extender sobre la puerta de la iglesia una capa de ceniza y, sobre esa capa de ceniza, el signo de la toma de posesión era trazar la cruz de San Andrés de ángulo a ángulo. En un brazo, el alfabeto griego y, en el otro, el alfabeto latino. Este era el acto de toma de posesión y, por tanto, no hay escritos de toma de posesión porque se escribió sobre ceniza”.

Polémica a raíz de la denuncia de un particular

La polémica ha saltado a las redes sociales, y de ahí a los medios de comunicación, a raíz de que se diera a conocer que la iglesia inmatriculó la mezquita por primera vez a su nombre en el año 2006. Un gesto que, para sus detractores, equivale a algo así como adueñarse de algo que es de todos por menos de lo que vale un plato de lentejas. “La Mezquita-Catedral es propiedad de la ciudadanía, Bien de Interés Cultural, Monumento Nacional y Patrimonio Mundial”, afirma la plataforma cívica que pide la intervención de la Junta de Andalucía. “Cualquier acto de apropiación privada carece de valor jurídico al tratarse de un bien de dominio público”, añaden. Una polémica estéril para el director del archivo de la catedral, que cita otros tantos ejemplos históricos que vendrían a demostrar, en la práctica, como nunca, durante siglos, se ha dudado sobre su propiedad.

“Por ejemplo, al año siguiente, en 1237, ya se estaba organizando el que la mezquita llevase el título de catedral. El mismo rey Fernando III acudió al Papa Gregorio IXpara pedirle permiso para actuar en un punto de la gestión de la catedral, que era el nombramiento de cuatro canónigos en el nuevo cabildo que se iba a crear. El rey le pidió permiso al Papa, lo que demuestra que la mezquita no era de su propiedad”, explica. “Se puede seleccionar otro caso. Aquí se dio el derecho de asilo, que sepamos, en un caso en un caso que ocurrió en 1428. Unos facinerosos asesinaron a unos cuantos zahoneros de Córdoba y, cuando los quisieron coger, se refugiaron en la mezquita. La justicia se presentó ante las puertas de la catedral y no entraron. El obispo les responde que primero se enteraría de qué había pasado y, después, si lo veía oportuno, se los entregaría. Ahí tenemos otro ejemplo claro cómo la autoridad respetaba la propiedad”.

Pero hay más anécdotas históricas. Como cuando, en 1626, el inca Garcilaso de la Vega firmó con el obispo un contrato de venta de un solar de la mezquita para poder construir una capilla en la que reposasen sus restos. O como cuando el rey Felipe IV quiso transformar y ampliar la Capilla Real, de estilo mudéjar, y presentó hasta tres proyectos arquitectónicos distintos que recibieron sendos rechazos por parte del cabildo. “En el expediente se conservan dos cartas de Felipe IV en las que reconoce en primer lugar que entra en contacto con el obispo como dueño legítimo de la catedral de Córdoba”, apunta Nieto.

Doce siglos a sus espaldas y ocho en manos de la cristiandad no bastan, en principio, para cerrar un debate que ha prendido fácilmente hasta en los propios cordobeses. El Gobierno, de momento, ha rechazado cualquier idea que pueda pasar por algo parecido a una expropiación mientras que, por su parte, la Dirección General de Patrimonio acaba de terminar un informe que concluye que no hay “ningún indicio” de que el monumento sea público. El Gobierno ha dado así carpetazo a la denuncia de un particular que consideraba que la Iglesia había usurpado los 23.400 metros cuadrados más preciados de Córdoba. La polémica parece cerrarse de momento a la espera de que, con el tiempo, el ciclo de este país vuelva a devolver esta misma cuestión al centro del debate.