YA HAN DIMITIDO DOS CONCEJALAS SOCIALISTAS

Los expertos avisan: no es nada fácil poner coto a los linchamientos en las redes sociales

La sanción dependerá del contenido concreto de cada comentario. El derecho al honor solo protege a las personas vivas. Sus familiares pueden denunciar

Foto: El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. (EFE)
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. (EFE)

Las unidades de investigación telemática de Policía y Guardia Civil rastrean a estas horas los históricos de internet para aclarar si se han producido delitos a través de las redes sociales en los comentarios ofensivos relacionados con la muerte de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. El ministro del Interior ha dado la orden para que se lleve ante la justicia las decenas de mensajes “injuriosos” que podrían ser constitutivos de “incitación al odio y apología del delito”. El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ha iniciado las averiguaciones tras recibir varias comunicaciones de ciudadanos que les han puesto en alerta de lo ocurrido en la red durante la tarde del lunes.

De momento, mofarse en las redes sociales con la trágica muerte de Carrasco ya se ha cobrado alguna dimisión. Dos concejales socialistas de Galicia se han visto obligadas a renunciar a su acta tras participar con comentarios "desafortunados" sobre la muerte de la presidenta de la Diputación de León. “Quien siembra vientos, recoge tempestades”, escribió la ya exconcejal de Vilagarcía Susana Camiño. Hoy mismo hará oficial su dimisión otra edil socialista de Meis (Pontevedra), Beatriz Martínez Sancho, que apenas unas horas después de morir Carrasco dejó un comentario en Twitter en el que advertía a Rafael Louzán, imputado por un delito de cohecho continuado, y le calificaba como "sinvergüenza" y persona que "se enriquece con dinero público". Asimismo, el comentario continuaba diciendo que las personas que actúan de esta forma "terminan pagando", para terminar comparando la situación generada tras el crimen de León con la que se vive en Sinaloa (México) con los cárteles de la droga.

Pese a que la investigación ya está en marcha, no es fácil fijar qué mensajes constituyen un delito contra el honor de la fallecida y de su familia y cuáles no. El Confidencial ha consultado cómo se debe llevar a cabo esta investigación con dos abogados expertos en derecho online, Joaquín Muñoz y José Carlos Moratilla, y ambos coinciden en que no es fácil identificar a un usuario que se esconde tras un seudónimo, ya que se necesita una orden judicial para proceder a su identificación. Lo relevante en una denuncia como esta es determinar qué legislación y qué autoridades tienen capacidad de resolver estas cuestiones. “En mi opinión, no resulta necesario regular de forma específica las redes sociales, sino simplemente aplicar las leyes existentes”, asegura Moratilla. Para Muñoz, que recuerda que a pesar de que los insultos se vuelquen en una red social, “se aplica el derecho penal tradicional: la misma ley que si el insulto fuera verbal”.

Foto: Reuters.
Foto: Reuters.

La propia Constitución establece que los derechos y libertades fundamentales tienen su límite en el respeto a los demás derechos constitucionales, especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. “Pero todos los conflictos entre derechos fundamentales son complejos de resolver”, continúa. Son los jueces y tribunales los encargados de analizar caso por caso y determinar la prevalencia de un derecho u otro, según las circunstancias concretas. “Parece que en internet el anonimato nos habilita para decir lo que queramos detrás de un seudónimo o de una cuenta de Twitter o Facebook, pero no es así”, argumenta Muñoz.

El derecho al honor, sólo para los vivos

Los expertos recuerdan que el “derecho al honor, a la buena imagen y a la intimidad sólo protegen a la persona mientras está viva”, ya sea por la vía penal, civil o administrativa. “Habiendo fallecido la titular de estos derechos, únicamente podrían perseguirse otro tipo de delitos, como la apología del delito o la incitación a cometer otros delitos similares”, añade Moratilla. No obstante, la normativa prevé que los familiares de las personas fallecidas puedan instar determinadas acciones legales frente a informaciones que puedan herir su sensibilidad para lograr su eliminación.

Asimismo, pese a que las injurias estén volcadas en internet, “es un juez quien debe determinar que esa acción es un delito”. Cuando el magistrado considere que un comentario es constitutivo de tal, “deberá pedir al proveedor de servicios, por orden judicial, que identifique al usuario”.

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