La UDEF concluye la primera fase del caso Edu con pruebas sólidas de fraude masivo

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha concluido la primera fase de la operación Edu con el hallazgo de sólidos indicios de fraude en la gestión de los fondos públicos para la formación de trabajadores. Las pruebas se refieren a un único expediente de ayudas aprobado en 2010 por la Junta de Andalucía que sirvió para financiar diferentes acciones formativas en la provincia de Málaga, pero los expertos en delitos económicos de la Policía han recabado datos que apuntan a la existencia de una conducta ilícita generalizada que afectaría a muchas otras convocatorias. Además, han conseguido informaciones sobre las empresas implicadas que les van a permitir extender el foco de las pesquisas a otras regiones andaluzas.

Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por este diario, el informe que ha redactado la UDEF con las conclusiones definitivas de esa primera parte de la operación Edu es “completamente demoledor”. El documento acredita que al menos 17 de las 20 empresas del expediente de 2010 analizado habrían destinado el dinero de las ayudas para la formación de trabajadores a fines distintos los que estipulaba esa convocatoria de la Junta de Andalucía.

Los beneficiarios de las subvenciones tampoco habrían respetado los requisitos de ese expediente. Los funcionarios de la UDEF pudieron comprobar en los interrogatorios a alumnos y tutores que han realizado en el último mes que, tal y como sospechaban, esas 17 empresas no cumplieron con la obligación de contratar al 60% de los trabajadores que participaron en las formaciones al concluir el periodo lectivo. Algunas de esas sociedades ni siquiera contaban con la experiencia ni el personal necesario para ofrecer servicios de formación. Es decir, que la Junta nunca debería haberles concedido las ayudas.

Presencia en otras provincias

No obstante, la UDEF se centra por ahora en describir el presunto comportamiento delictivo de los administradores de esas 17 mercantiles, según revelan las fuentes preguntadas. Se da la circunstancia de que algunos de esos empresarios señalados por la investigación tienen también firmas en el resto de provincias andaluzas con las que consiguieron otras subvenciones, un hallazgo que puede permitir a los policías ampliar el ámbito de la operación Edu. Uno de los administradores del expediente de Málaga, por ejemplo, también es propietario de centros de formación en Córdoba, Jaén, Granada, Sevilla y Almería.

Lo cierto es que, aunque los agentes han comenzado centrándose en una sola convocatoria de Málaga, ya disponen de documentos y testimonios suficientes para sostener que la presunta malversación de las ayudas para cursos se habría producido en toda la comunidad con una incidencia masiva. En ese contexto, la UDEF espera que las conclusiones de la primera fase de la investigación sirvan para justificar el salto de Málaga al resto de demarcaciones andaluzas.

Se enviará esta semana

Según ha podido saber El Confidencial, la redacción del informe de conclusiones ya ha terminado y será remitido esta misma semana a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, el órgano que ha supervisado los primeros pasos de la operación Edu. La UDEF pretendía enviárselo la semana pasada para agilizar el procedimiento, pero finalmente tuvo que aplazar unos días la entrega por el enorme volumen de la documentación generada únicamente en la fase inicial de las pesquisas.

Una vez reciba el informe de conclusiones de la Policía, el representante del Ministerio Público deberá valorar si los hechos que refleja son suficientes para dar traslado de las pesquisas a un juzgado de instrucción. Todo indica que así será. A partir de ese momento, la operación Edu pasaría a estar dirigida por un magistrado. El Ministerio del Interior quiere que ese trámite se produzca cuanto antes para evitar que la seguridad jurídica de los potenciales encausados pueda verse lesionada.