La Policía quiere que la Audiencia asuma el fraude de los cursos para dejar fuera a Alaya

Las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para esclarecer el presunto fraude masivo de las subvenciones para la formación de trabajadores en Andalucía siguen avanzando a buen ritmo, pero los agentes quieren asegurarse de que ningún contratiempo entorpecerá su labor en el futuro. Fuentes cercanas a la operación Edu consultadas por este diario afirman que la Dirección General de la Policía Nacional va a intentar que el caso sea asumido cuanto antes por la Audiencia Nacional para impedir que pueda acabar en la mesa de la jueza Mercedes Alaya, titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y responsable de la investigación del caso de los ERE.

Por ahora, la operación Edu ni siquiera está judicializada, aunque el Ministerio del Interior desea que ese trámite se produzca cuanto antes para garantizar al máximo la seguridad jurídica de los potenciales encausados por la malversación de los fondos públicos para la formación. Todas las actuaciones realizadas hasta ahora por los agentes de la UDEF han sido dirigidas por la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, la provincia en la que se ha concentrado la primera fase de las pesquisas. Pero Interior espera la operación Edu sea llevada ante un juzgado de esa provincia esta misma semana. Con todo, el Ministerio Público tendrá la última palabra. Deberá decidir si las pruebas recabadas por los expertos en delitos económicos de la Policía son suficientes para sostener la existencia de presuntos hechos delictivos en la gestión de las ayudas públicas. Todas las informaciones dan por descontado que la Fiscalía apoyará la apertura de la fase de instrucción por la contundencia de las irregularidades que ya han sido constatadas.

Eso es lo que ocurrirá de forma casi inmediata, pero la Policía ya piensa en el siguiente movimiento. Como adelantó El Confidencial, la Fiscalía de Sevilla pedirá que la investigación de la UDEF sea asumida por la jueza Alaya alegando que ésta ya instruye un caso sobre hechos similares a los que analiza la operación Edu. La Fiscalía de Sevilla se refiere en concreto a la investigación que la titular del juzgado de Instrucción número 6 de la capital andaluza está realizando sobre el uso que UGT habría dado también a ayudas para la formación de trabajadores. De prosperar esa petición, los hallazgos de la Policía pasarían a estar controlados por la magistrada. La otra consecuencia casi inmediata sería que la UDEF tendría que ceder el caso al grupo de delitos económicos de la Guardia Civil que ejerce como Policía Judicial en todos los casos que ya instruye Alaya, también en el de la formación de UGT.

La jueza de los ERE está desbordada

La Policía no quiere que ocurra ninguna de esas dos cosas. Por un lado, teme que la investigación se frene si es asumido por la instructora del caso de los ERE. Alaya lleva tres años con ese procedimiento y el número de imputados supera los 160. Además, también lleva el caso Mercasevilla y otro macroprocedimiento que gira en torno al expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera. La UDEF tiene serias dudas de que la magistrada sea capaz en esas circunstancias de hacerse cargo de un caso que puede obligar a revisar los más de 8.000 expedientes de ayudas para formación concedidas por la Junta entre 2007 y 2013, los años de duración del último programa del Fondo Social Europeo para el empleo. A su juicio, los magistrados de la Audiencia Nacional están en mejores condiciones y disponen de mayores medios para afrontar un caso de estas dimensiones.

Por supuesto, la UDEF tampoco quiere ser desplazada por la Guardia Civil. Los policías de la unidad adscrita al Servicio de Inspección de la Seguridad Social consideran que el caso en el que llevan dos años trabajando no tiene ninguna relación con el asunto que ya está en el juzgado de Alaya, y que por tanto la operación Edu no debe ser traspasada al grupo de delitos económicos del Instituto Armado que investiga bajo la supervisión de la magistrada.

Esos dos motivos han provocado que la Policía ponga su punto de mira en la Audiencia Nacional. Fuentes del Ministerio del Interior han reconocido a este diario que ese es en estos momentos el destino más probable de la operación Edu. De hecho, los responsables del caso ya barajaron en un primer momento que las pesquisas fueran dirigidas por la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional si su actuación empezaba abarcando a toda Andalucía. Incluso mantuvieron conversaciones en Madrid para valorar esa estrategia. Pero, finalmente, los investigadores decidieron comenzar por un único expediente de ayudas de la provincia de Málaga e ir progresivamente ampliando su foco al resto de regiones andaluzas. Así, la Fiscalía de esa provincia terminó asumiendo la dirección del procedimiento.

La operación Edu cumple los requisitos

Desde la Fiscalía General del Estado explican que, para que la operación Edu acabe en la Audiencia Nacional, sólo es necesario que la Fiscalía o el magistrado de Málaga que empiece a instruir el procedimiento consideren que debe ser esa instancia la encargada de llevar el caso. La posición de la Policía no determina una decisión de este tipo pero los agentes de la UDEF esperan que se tenga muy en cuenta.

Lo cierto es que la presunta estafa masiva de la formación cumple los requisitos jurídicos necesarios para poder acabar en la Audiencia Nacional. Por un lado, las pequisas de la UDEF avanzan la existencia de “delitos económicos con grave perjuicio para la economía nacional” y la posible implicación de funcionarios, dos de las condiciones habitualmente necesarias para que un juzgado central de instrucción se declare competente. Otro requisito imprescindible es de tipo geográfico: que los hechos investigados afecten a dos o más provincias. En ese sentido, la operación Edu está centrada por el momento en Málaga, pero los efectivos de la policía ya disponen de pruebas que extienden las supuestas prácticas fraudulentas a toda Andalucía. Es decir, que la operación Edu cumpliría los requisitos para ser asumida por la Audiencia Nacional, como defiende la Policía. El primer paso en ese camino será la judicialización del procedimiento.