La Junta financió los cursos bajo sospecha con partidas que suman 6.925 millones

La Junta de Andalucía financió los cursos para fomento del empleo que están siendo investigados con programas presupuestarios que suman 6.925 millones de euros, tres veces más de lo que afirma en público el Gobierno de Susana Díaz. Esa es la cantidad total que se esconde en las cuentas para formación de trabajadores de la Administración andaluza entre los años 2007 y 2013, la duración del último Fondo Social Europeo de la Comisión Europea, tras diseccionar los presupuestos de la comunidad.

Los 6.925 millones de euros se ocultan tras un laberinto contable que está dificultando el trabajo de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que dirigen la operación Edu. El Ejecutivo de Susana Díaz se ha agarrado precisamente a ese caos para rebajar la dimensión de la supuesta estafa y negar que la malversación de los fondos para cursos pueda llegar a los 2.000 millones de euros que vaticinan las primeras estimaciones de los funcionarios de la UDEF. Según el Gobierno andaluz, esa es casi la suma total de las cantidades que ha dedicado la Junta a la formación para el empleo entre 2007 y 2013, el periodo de aplicación del último Fondo Social Europeo. Sus cálculos cifran exactamente el importe de esos programas en 2.326 millones de euros.

En realidad, la Junta se hace trampas al solitario. La propia investigación interna abierta por el Ejecutivo de Díaz, que por ahora sólo ha analizado 1.728 expedientes de los 8.505 que se habrían aprobado en total durante esa etapa, ya ha detectado irregularidades en el 78,6% de las ayudas concedidas. Si ese porcentaje se mantiene en niveles similares en el resto de la muestra, con el presupuesto que maneja la Junta la presunta malversación de fondos públicos alcanzaría los 1.826 millones de euros, no muy lejos de los 2.000 que adelantan los expertos en delincuencia económica de la Policía en sus primeras valoraciones.

Más de 6.900 millones para programas de empleo

Con todo, el fraude podría ser incluso mayor, entre otros motivos porque la cantidad total dedicada a formación para trabajadores en la etapa 2007-2013 supera holgadamente las cifras que utiliza en público el Ejecutivo andaluz. Así consta en los documentos de la propia Junta. Los diferentes programas ejecutados por la Consejería de Empleo en políticas activas del mercado laboral entre los años 2007 y 2012 (el último ejercicio con datos disponibles de presupuesto ejecutado) suman 6.101 millones de euros. Con los datos del presupuesto de 2013 (aún sin valores de ejecución disponibles), el montante total de esos capítulos aumentaría hasta los 6.925 millones de euros.

Esas cantidades son el resultado de la suma de todos los programas de la Junta para actuaciones de fomento del empleo entre sectores desfavorecidos, como parados, discapacitados, jóvenes o víctimas de violencia de género. Se ubican en el capítulo presupuestario de Promoción Social y están identificados por el código numérico 3.2 o 32 (es más frecuente que aparezcan sin el punto), seguido de una letra que sirve para precisar su denominación exacta.

La labor de los agentes se centra por ahora en las convocatorias de subvenciones para cursos financiadas con cargo a los programas 32.D y 32.L. El expediente con el que arrancaron las actuaciones de la UDEF se financió, por ejemplo, con el 32.D. Se trata de referencias que no existen en todos los ejercicios. De hecho, esa es la tónica general de los programas del capítulo de Promoción Social. Aparecen y desaparecen continuamente a lo largo del periodo que está siendo objeto de investigación, generando una confusión que dificulta el seguimiento del dinero. En ocasiones, los programas son asumidos por otros similares y, otras veces, directamente desaparecen. Además, la información de los presupuestos consolidados aprobados por el Parlamento de Andalucía ni siquiera coincide con la distribución de los fondos que refleja la liquidación de gastos por programas que ofrece la Consejería de Hacienda tras el cierre de cada ejercicio. Es decir, que como mínimo las subvenciones bajo sospecha han tenido la cobertura de prácticas contables poco transparentes.

Cursos para todo el mundo

La mayoría de esos programas ha servido para financiar cursos de formación para el empleo que tenían como destinatarios desde trabajadores ocupados a desempleados, pasando por víctimas de la violencia de género, jóvenes, personas discapacitadas, población sin recursos o ciudadanos de zonas en transformación. La Junta prefiere referirse únicamente al programa 32.D cuando habla de formación para el empleo. Efectivamente, ese programa es identificado siempre con el epígrafe “Formación Profesional para el Empleo”. La suma de las cantidades de los ejercicios en los que está en vigor se aproxima a los 2.326 millones de euros de los que habla el Gobierno de Susana Díaz.

El problema es que ese programa no existe todos los años. En algunos ejercicios es asumido por otros programas similares. E incluso en los años en los que aparece en el presupuesto consolidado aprobado por el Parlamento de Andalucía, acaba en el presupuesto ejecutado dentro de otro programa de la familia 32.

El 32.L, otro macroprograma para formación

El 32.D es sin duda uno de los más importantes, pero no es el único del que habrían salido las subvenciones para formación que están siendo analizadas por la UDEF. El otro programa mencionado continuamente en las pesquisas de la operación Edu es el 32.L. De esa partida salieron centenares de subvenciones para cursos.Entre 2007 y 2013, el 32.L tuvo una asignación presupuestaria total de 3.471 millones de euros.

El programa 32.A no tiene en principio una vinculación directa con las ayudas para la formación. Su propósito es la financiación de los gastos corrientes de la Dirección General de Formación y de la Administración periférica de la Junta encargada de gestionar el resto de programas del apartado 32. Sin embargo, en varios ejercicios, el 32.A acabaconvirtiéndose en un cajón de sastre en el que acaban siendo incorporadas las partidas de formación para el empleo. Ocurre en 2007, por ejemplo, cuando la 32.A recibió una asignación en el presupuesto consolidado de sólo 66,8 millones de euros, pero en la liquidación de gastos acabó teniendo unas obligaciones reconocidas de 947millones de euros, tras haber asumido otros programas de Promoción Social.

Acciones formativas idénticas a las investigadas

El resto de programas de ese capítulo habría tenido menor vinculación con las ayudas que están siendo investigados, pero de casi todos ellos salieron subvenciones para formación con un funcionamiento similar al investigado por la operación Edu. Es decir, que casi todas las partidas están contaminadas por las irregularidades en la adjudicación de acciones formativas para el empleo. Del 32.B, por ejemplo, titulado “Fomento del Empleo” aunque también de naturaleza intermitente, salieron ayudas para cursos organizados por ayuntamientos y otras entidades públicas de toda Andalucía. El dinero de los programas 32.E, identificados con la etiqueta “Inserción profesional”, se utilizó para reciclar a población romaní y a habitantes de zonas en transformación.

Por su parte, los fondos de los programas del 32.F, llamados “Promoción y Servicios a la Juventud”, se utilizaron para ofrecer cursos a jóvenes de toda Andalucía encaminados a favorecer su entrada en el mercado laboral. Asimismo, con el 32.G, designado “Acciones para la Promoción y la Igualdad de las Mujeres”, se costearon cursos para favorecer la empleabilidad de víctimas de la violencia de género. Y del 32.K salieron fondos concedidos directamente a la polémica Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo para que organizara cursos idénticos a los que están siendo analizados por la policía. La Fiscalía ya ha pedido que se investigue a esa fundación para saber qué hicieron sus responsables con 50 millones de euros en ayudas recibidos poco antes de que la institución se extinguiera en mayo de 2011.

El fondo de reptiles, una minucia

En resumen, es cierto que la mayor parte de las subvenciones a la formación para el empleo salió de los programas 32.D y 32.L, pero el análisis de los presupuestos de la Junta demuestra que el resto de partidas de Promoción Social también contribuyó financieramente a las acciones formativas que están en el blanco de la operación Edu. La mancha abarcatodoesecapítulo. Las dudas se ciernen en total sobre 6.925 millones de euros, suficientes para pagara 577.000 personas una nómina de 1.000 euros durante 12 mesessin hacerles salir de su casa y casi tanto como lo que costó el AVE Madrid-Barcelona.

Hay una comparación aún más inquietante. El famoso fondo de reptiles del que salió el dinero para el caso de los ERE fraudulentos que investiga la juez Mercedes Alaya, en el que también están involucrados altos cargos de la Junta, se refiere al vecino programa presupuestario 31.L. En total, entre 2007 y 2012 –el fondo de reptiles fue suprimido tras el estallido del escándalo en 2012– la Junta gastó con cargo al programa 31L 530,1 millones de euros. Se trata de una cifra considerable, pero el fraude de los cursos se mueve en parámetros 13 veces mayores. Al menos por ahora, el caso de los ERE parece un simple aperitivo de lo que podría acabar arrojando la estafa de la formación.