Lourdes Cavero sabrá si sigue imputada por el ático de Málaga la semana que viene

La Audiencia Provincial de Málaga resolverá el martes 6 de mayo el recurso de apelación en la que se decidirá si Lourdes Cavero, la esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, sigue imputada por el 'caso Ático'. La juez de instrucción número 5 de Estepona, Mariana Peregrina, que investiga cómo adquirió el matrimonio González-Cavero el inmueble de lujo que posee en la provincia de Málaga, decidió el 16 de diciembre imputar por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales a la mujer de Ignacio González y a la sociedad que primero les alquiló el piso y luego se lo vendió.

La Fiscalía Anticorrupción, la propia Cavero, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la empresa Coast Inversors LLC (la empresa a la que supuestamente el matrimonio pagaba el alquiler del ático antes de adquirirlo en propiedad) recurrieron inmediatamente la imputación. Las alegaciones que presentaron se basan en que la instructora no precisó siquiera indicios de “al menos, cuál es el delito fiscal que se le imputa, a qué impuesto se refiere y cómo se ha producido y, especialmente, quién es el responsable de ese hecho delictivo”. En este sentido, Anticorrupción señalaba en su escrito que la juez sólo alude a la existencia de una “sociedad extranjera ad hoc, con una estructura organizada y para cuya comisión se han podido utilizar sociedades fiduciarias opacas, pero sin aclarar cuál es el delito antecedente de ese blanqueo de capitales ni la modalidad comisiva ni sus posibles responsables”. A su juicio, no se ha acreditado la participación de Cavero en ningún delito contra la Hacienda Pública o de blanqueo.

En la imputación de Cavero, la juez sugería que de los hechos podría terminar derivándose la imputación del propio presidente madrileño, aunque por su condición de aforado sólo le corresponde tomar esta decisión al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Según especifica el auto,“la condición de imputado de D. Jaime Ignacio González González no se la puede atribuir la instructora, al carecer de competencia, pese a darle traslado de las actuaciones con el fin de evitar indefensión y de que pueda instar lo que a su derecho interese, pese al informe desfavorable del Ministerio Fiscal”.

La juez tomó la decisión de imputar a Cavero tras una denuncia presentada por el SUP en la que se apuntaba la posibilidad de que la vivienda fuera un regalo de un empresario al presidente regional en atención a adjudicaciones públicas. El propio González expresó su “sorpresa y estupor” tras la imputación de su mujer y calificó que el auto estaba “plagado de presunciones” que no acreditan ningún delito.

La investigación se centra en saber cómo adquirió el matrimonio un ático de 496 metros cuadrados situado en una exclusiva urbanización de Marbella. González reconoció que utilizaba esa vivienda como residencia vacacional pero sólo en régimen de alquiler. Según el presidente del Ejecutivo madrileño, él y su esposa abonaban por ella una renta mensual de 2.000 euros, una cifra muy alejada de los 6.000 euros que se pagan de media en la zona por viviendas similares.

El ‘caso Ático’ podría acabar con las aspiraciones del presidente

La investigación pronto constató, además, que la sociedad a la que el matrimonio González-Cavero abonaba supuestamente ese alquiler, Coast Investors, carecía de toda actividad y se encontraba alojada en la demarcación más opaca de Estados Unidos, Delaware. El propietario de esta compañía resultó ser Rudy Valner, un hombre de negocios que se anuncia en internet como testaferro profesional.

La pista de Coast Investors conduce a su vez a otra sociedad, Waldford Overseas Investment, constituida en este caso en Panamá, un territorio que se caracteriza también por ser uno de los paraísos mundiales del blanqueo de capitales. Como informó El Confidencial, Waldford Overseas Investment fue creada por el bufete de abogados panameño Mossack & Fonseca, investigado por numerosos episodios de lavado de dinero, y para darla de alta en el registro de este país se recurrió a dos sociedades cuyo rastro aparece también en las tramas financieras urdidas por Francisco Correa y Luis Bárcenas para evadir el dinero que facturaban en España.

A un año de las elecciones autonómicas y regionales, el caso del ático amenaza con hacer saltar por los aires las aspiraciones de González, el único que ha dicho públicamente que quiere repetir como cabeza de lista del PP para revalidar su puesto en la Comunidad de Madrid, un cargo al que accedió directamente cuando Esperanza Aguirre abandonó la Real Casa de Correos en septiembre de 2012 repentinamente.