El aborto queda fuera del 25-M: el CGPJ y el Consejo Fiscal aplazan sus informes

Tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo Fiscal han preferido emitir sus informes sobre la reforma de la Ley del Aborto después de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran el próximo 25 de mayo. A pesar de llevar meses pendientes de esos textos, desde ambos organismos habían recibido el mensaje de que los documentos no fueran con prisa. Y así ha sido. Después de varias prórrogas, el órgano que regula los jueces ha optado por fijar el pleno que estudiará los borradores para cuatro días después de los comicios, mientras que el órgano del Ministerio Público lo hará la primera semana de junio, según confirman fuentes de ambos órganos a El Confidencial.

De esta manera, se evita el debate público por la polémica reforma de la Ley del Aborto elaborada por el Departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón. Al posponer los plenos, los dictámenes no se conocerán hasta que ya hayan pasado las elecciones, dejando así a un lado este asunto que levanta muchas ampollas, incluso dentro del propio Gobierno porque, entre otras cosa, con la reforma el aborto en España deja de ser un derecho para las mujeres y sí un delito regulado.

En el caso del CGPJ, el presidente, Carlos Lemes, decidió que fueran dos vocales mujeres quienes realizaran dos borradores para luego someterlos a debate, nombres que fueron apoyados por la Comisión Permanente. Según fuentes del órgano, los dos textos ya están finalizados, a la espera únicamente de que se convoque el pleno -al que acuden todos los vocales- para que sea votado el texto mayoritario al que podría incorporarse alguna modificación.

Parte del texto de la vocal progresista, Pilar Sepúlveda, que era especialmente duro con la reforma, ya se dio a conocer hace tiempo. Sin embargo, fuentes próximas a la institución señalan que lo previsible es que salga adelante el texto elaborado por la vocal Carmen Llombart, juez conservadora, al tener el apoyo de la mayoría de los votos del Consejo.

Reconocen la complejidad de los informes por lo ideológico del texto

Aun así, no está tan claro que si Llombart emite un texto haciendo una defensa a ultranza de la reforma (que acaba con la ley de plazos aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) todos los vocales conservadores lo vayan a votar. Entre los puntos de desacuerdo entre los dos borradores, está si el texto del Ejecutivo es procedente. Sepúlveda entiende que el anteproyecto debe ser retirado porque supone un retroceso en el avance de los derechos y la igualdad de la mujer. Sin embargo, la postura de la otra vocal es que un informe del Consejo no puede entrar a valorar si es procedente o no, sino que simplemente tiene que analizar sus artículos y apuntar cuáles pueden ser antijurídicos o inconstitucionales.

Es decir, los informes tanto del CGPJ como del Consejo Fiscal -este último presidido por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce-, que aunque no son vinculantes sí son de gran relevancia, sólo pueden centrarse en los aspectos técnicos del anteproyecto, algo que en este caso es sumamente difícil, según reconocen fuentes jurídicas, porque esta ley tiene mucho de ideológico y moral.

Los puntos que más polémica traerán los informes será la postura entre la ley de plazos o la ley de supuestos a la que se quiere volver. Con el anteproyecto, se deja de considerar la interrupción del embarazo un derecho de la mujer que se pueda ejercer libremente durante las primeras 14 semanas del embarazo y hasta la semana 22 en caso de riesgo para la vida o la salud de la madre o por graves anomalías en el feto.

Establece dos supuestos previstos para abortar, como violación (12 semanas, cuando se aporte denuncia) o riesgo para la salud de la madre (22 semanas). En este último caso deberá acreditarse con un informe realizado por dos médicos distintos al facultativo que practique la intervención y de diferentes centros sanitarios. Otro de los puntos que deben entrar a valorar los informe del CGPJ y Consejo Fiscal es si es legal y constitucional eliminar el supuesto de malformación del feto, tal y como recoge la reforma, que fija como excepción que las mujeres podrán abortar si se demuestran anomalías incompatibles con la vida y un riesgo psíquico o físico de la madre.

Dejar enfriar el debate

Después de las duras críticas recibidas por parte de algunos miembros del Gobierno y de dirigentes del Partido Popular, Gallardón tiene puestas las esperanzas en que estos dos órganos den un espaldarazo a su texto. Esta reforma era una de las promesas electorales de Mariano Rajoy y cuando Gallardón fue nombrado ministro de Justicia anunció que sería una de sus prioridades. Sin embargo, ya ha pasado la mitad de la legislatura y la reforma no acaba de salir adelante.

Fue en el Consejo de Ministros antes de las Navidades cuando se anunció el anteproyecto y desde entonces tanto el CGPJ como el Consejo Fiscal tienen el texto para informar. Ante la reacción negativa de algunos dirigentes del PP, y con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, el Gobierno ha preferido enfriar un debate que ha llegado hasta el exterior por las restricciones que se imponen a la mujer a la hora de decidir la interrupción del embarazo.

Una vez que estén aprobados los informes, el Gobierno tendrá que decidir si incorpora algunas de las recomendaciones y rectifica parte del texto. Sin embargo, el ministro de Justicia ha dejado claro en varias ocasiones que no está dispuesto a hacer ninguna modificación en los puntos esenciales del anteproyecto, lo que pone en una difícil tesitura al jefe del Ejecutivo.