La Fiscalía de Sevilla maniobra para que Alaya asuma también el fraude de los cursos
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y cambiar a la policía por la guardia civil

La Fiscalía de Sevilla maniobra para que Alaya asuma también el fraude de los cursos

La operación Edu va camino de generar una nueva disputa entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. La UDEF de la Policía lleva dos años trabajando en el fraude de los cursos, pero la Guardia Civil considera que los hechos se solapan con los ERE

Foto: El fraude de la formación en Andalucía ha generado una nueva disputa entre Policía y Guardia Civil. (EFE)
El fraude de la formación en Andalucía ha generado una nueva disputa entre Policía y Guardia Civil. (EFE)

La operación Edu va camino de generar una nueva disputa entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía lleva dos años investigando la presunta malversación de los fondos públicos para la formación de trabajadores cometido en Andalucía con la colaboración de altos cargos de la Junta. Las pesquisas de la UDEF se centran por el momento en una convocatoria de subvenciones de la provincia de Málaga, pero los investigadores disponen de datos que afectan a todo el territorio andaluz y su objetivo es ampliar progresivamente sus actuaciones hasta llegar al último rincón de la comunidad.

Sin embargo, los planes de la UDEF chocan con las aspiraciones de la Guardia Civil. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado que investigan el caso de los ERE bajo la instrucción de la juez de Sevilla Mercedes Alaya aseguran que la operación Edu está directamente vinculada con ese otro procedimiento y que, por tanto, deben ser ellos los encargados de abordar la estafa de la formación. Según las fuentes operativas de la Guardia Civil consultadas por este diario, incluso habrían empezado a inspeccionar la documentación relacionada con las ayudas para la formación de trabajadores en el marco del caso de los ERE.

La Fiscalía entra en escena

La Justicia puede echar una mano a la Guardia Civil. Fuentes jurídicas consultadas por este diario aseguran que la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, que ejerce la acusación pública en los casos que lleva Alaya relacionados con la presunta corrupción de la Junta, pretende solicitar que la operación Edu sea inmediatamente remitida al Juzgado de Instrucción número 6 de la capital hispalense del que es titular la magistrada, para que esas nuevas pesquisas sean incluidas en la macrocausa de los ERE, que ya suma 166 imputados. Es decir, que si esa petición de la Fiscalía de Sevilla prospera, será Alaya quien controle también el nuevo caso sobre la presunta estafa masiva de los cursos para trabajadores. Según los expertos preguntados, la última palabra corresponderá al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La jueza de los ERE, Mercedes Alaya. (EFE)
Por supuesto, la Dirección General de la Policía Nacional se opone a ceder la operación Edu. Para los máximos responsables del cuerpo de Policía, no hay ninguna duda de que el caso seguirá en manos de sus agentes. Argumentan que los expertos en delitos económicos del grupo de la UDEF adscrito a los servicios centrales de la Inspección de la Seguridad Social llevan dos años diseccionando este complejo caso con dedicación exclusiva, y defienden que la investigación se centra en unos hechos completamente distintos de los que se están instruyendo en el caso de los ERE.

El caso será judicializado en Málaga

Fuentes de la Policía Nacional cercanas a la operación Edu adelantan que las pesquisas serán judicializadas en los próximos días. Hasta ahora, las primeras actuaciones de la UDEF (sus agentes ya han interrogado a más de 200 supuestos alumnos de los cursos investigados) han estado realizándose bajo la dirección de la Fiscalía de Málaga, pero la intención de los investigadores es presentar el caso ante un juzgado de esa provincia para iniciar cuanto antes la fase de instrucción. Según las fuentes policiales contactadas por El Confidencial, en ningún caso se baraja la posibilidad de que el fraude de la formación sea traspasado a la UCO de la Guardia Civil.

La dimensión de la presunta estafa de los cursos está contribuyendo a aumentar la tensión entre ambos cuerpos. El fraude que se habría cometido con los ERE ilegales rondaría los 1.500 millones de euros, pero la UDEF sospecha que la malversación de los fondos para formación podría acabar superando ese registro y llegar a los 2.000 millones. De confirmarse esas primeras estimaciones de los investigadores, se trataría del caso de corrupción en el que se habría malversado la mayor cantidad de fondos públicos de la historia de España.

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