Torres-Dulce respalda a Anticorrupción en su ofensiva contra la Policía en ‘Emperador’

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no se ha quedado de brazos cruzados tras los ataques que están sufriendo los fiscales de Anticorrupción que se encargan del caso Emperador contra la mafia china. Las presiones, curiosamente, no provienen de los ciudadanos de origen chino que se encuentran imputados o en prisión preventiva, sino del entorno de los comisarios sobre los que han solicitado su imputación por su relación con alguno de los miembros de la organización criminal, aseguran las fuentes.

Los ataques a los fiscales no son con luz y taquígrafos sino entre bambalinas, y se están haciendo llegar a las principales cabezas del Gobierno para, en opinión de Torres-Dulce, desacreditar la investigación. El fiscal general es conocedor de todo lo que está ocurriendo y está abanderando la defensa de Anticorrupción, según fuentes conocedoras del caso. Torres-Dulce reacciona de esta manera a lo publicado ayer por este diario acerca de la investigación realizada por la Fiscalía y Asuntos Internos a espaldas del juez Andreu.

La decisión de imputar a tres comisarios y un inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía está ahora en manos del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Éste tuvo que asumir el caso después de que el juez que llevó desde el principio la operación, Fernando Andreu, se abstuviera del asunto porque uno de los comisarios sospechosos, Carlos Salamanca, es amigo suyo.

El nombre de este comisario de Barajas aparecía desde el inicio de la investigación, pero desde Anticorrupción, insisten las fuentes, no se quiso dar un paso en falso. A raíz de la operación, el departamento de Asuntos Internos inició de oficio una investigación sobre policías que podrían tener alguna relación con alguno de los imputados. Juez y fiscales esperaron a tener este informe antes de tomar cualquier decisión.

Con ese amplio y detallado documento encima de la mesa, los fiscales acudieron al juez Andreu para pedir la imputación de diez miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, entre los que también se encuentra algún guardia civil y policías locales. Un informe de Asuntos Internos atestiguaba los comportamientos sospechosos de estos mandos policiales y la Fiscalía lo transmitió al instructor. Es en ese momento, el pasado 28 de marzo, cuando el magistrado anuncia que no puede seguir adelante porque Salamanca es su amigo y no puede certificar que vaya a mantener su imparcialidad como juez.

Los fiscales han dado muchas vueltas sobre el asunto. Incluso se llegaron a plantear que la parte relacionada con estos funcionarios fuera enviada a juzgados ordinarios, pero ni el fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, ni el fiscal general del Estado admitieron esta posibilidad. Si hay sospechas de que altos mandos policiales han beneficiado a la organización liderada por Gao Ping –actualmente en prisión incondicional– deben ser investigados dentro de la trama como el resto de imputados, según las mismas fuentes.

Maniobras para evitar la imputación

Desde el Ministerio del Interior se llegó a omitir la existencia del informe de Asuntos Internos e incluso Carlos Salamanca envió su propio informe de alegaciones a los compañeros que le habían investigado, a pesar de presuponerse un asunto secreto. Desde algunos círculos policiales, sin embargo, corre la idea de que esas sospechas respecto de los comisarios han sido creadas por los fiscales del caso y sin ningún fundamento, sin tener en cuenta ese informe de Asuntos Internos que deja constancia, entre otras cosas, de la relación del comisario de Barajas con uno de los imputados, Yongping Wu Liu, con quien presuntamente habría tenido tratos de favor.

Sobre este imputado –en libertad tras el pago de una fianza– la Policía ya indicaba en los informes que constan en el sumario que se trata de “un individuo bien conocido en el seno de la comunidad china en nuestra Comunidad Autónoma (Madrid) e incluso en el resto de nuestro país”. De las intervenciones telefónicas se desprende su vinculación “con algunos funcionarios de la Administración del Estado”, entre ellos varios policías tanto nacionales como locales. Los agentes indicaban en sus informes que su estrecha relación con algunos de ellos le permitió solucionar un problema que tenía su hermana en la Comisaría de Torremolinos o cuestiones sobre permisos de residencia con un agente destinado en Extranjería en el centro policial de Fuenlabrada.

Desde los círculos menos afines al comisario Salamanca, recuerdan el hecho curioso de que tanto a él como a su esposa les haya tocado la lotería, extremo que podría llegar a ser investigado en caso que finalmente Moreno le impute y le cite a declarar. Este magistrado no quiere dar un paso en falso y está analizando bien la causa antes de tomar una decisión, aunque a día de hoy es conocedor que los fiscales del caso están amparados por sus superiores.

Desde la Policía y el Ministerio del Interior hay mucha intranquilidad por lo que pueda suceder en los próximos días. A pesar de que sus altos cargos han intentando rebajar el asunto, se han encontrado con un fiscal general del Estado dispuesto a defender tanto la investigación de Asuntos Internos como la postura de los fiscales del caso. Y no sólo defiende la postura fiscal sino que está haciendo de escudo de los ataques y presiones que se están viviendo estos días.

El miércoles pasado entró una denuncia en los juzgados de Plaza Castilla, con copia a Moreno, presentada supuestamente por Yonping –aunque no lleva su firma– en la que refleja unas supuestas coacciones de una tal “María” que se presentó ante él como una agente del Centro Nacional de Inteligencia y que le insistía en que si hablaba con José Grinda, fiscal de su confianza, podría ayudarles.

Para el Ministerio Público, esta denuncia no tiene ningún fundamento y únicamente se trata de una maniobra más para intentar desacreditar la labor realizada por los investigadores del 'caso Emperador', centrando la atención y presión en los fiscales.