El sucesor de Valcárcel asume hoy toda su herencia... incluidos consejeros imputados
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El sucesor de Valcárcel asume hoy toda su herencia... incluidos consejeros imputados

El nuevo presidente mantendrá en sus cargos salvo improbable sorpresa de última hora a los dos consejeros que actualmente están imputados

Foto: El presidente en funciones de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (i), da la mano a Alberto Garre. (EFE)
El presidente en funciones de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (i), da la mano a Alberto Garre. (EFE)

El nuevo presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Alberto Garre, que hoy martes será oficialmente nombrado en la Asamblea Regional, mantendrá en sus cargos salvo improbable sorpresa de última hora a los dos consejeros que actualmente están imputados en los tribunales por delitos relacionados con la corrupción: Antonio Cerdá, de Agricultura, y Pedro Antonio Sánchez, de Educación.

El primero está involucrado en el caso Novo Carthago, una recalificación de terrenos protegidos para que la urbanizadora de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) construyera un gran complejo turístico en Cartagena. El segundo está inmerso en un caso por cohecho e investigado en relación con la compra del chalet adosado cuando era alcalde de Puerto Lumbreras.

Preguntado al respecto por este diario, Alberto Garre, que es abogado, minimizó la importancia de una imputación de un cargo público ante los tribunales. “¿Pero qué significa estar imputado? Acabo de hablar con Fernando Mateo [actual director general del IMAS], que ha estado imputado durante cinco años [por acoso laboral cuando era director general de Transportes] y acaba de ser absuelto en el juzgado”, explicó. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida. Según el Diccionario de la Real Academia Española, “imputar” es, en su primera acepción, “atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable”.

Antonio Cerdá es el único consejero de Murcia que desempeña la misma cartera desde que fue nombrado en 1995 por el anterior presidente, Ramón Luis Valcárcel, quien dimitió el pasado martes para poder ir en la candidatura europea del Partido Popular, cuya composición aún no ha sido hecha pública por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El que seguirá siendo consejero de Agricultura de Murcia está imputado desde hace ocho meses por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias junto con otros dos altos cargos del departamento que dirige. Fue y es una pieza clave en la estrategia del PP murciano para mantener el trasvase Tajo-Segura y demandar otras transferencias de agua.

Pedro Antonio Sánchez, consejero de Educación desde 2011, era el candidato preferido en los últimos meses por Ramón Luis Valcárcel para sucederle, a pesar de que estaba imputado desde hace varios años por cohecho e investigado por orden del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) por prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos cuando era alcalde de Puerto Lumbreras.

Ramón Luis Valcárcel (d) y Pedro Antonio Sánchez. (EFE)
El Alto Tribunal regional ordenó hace un mes que se mantuvieran la imputación y las investigaciones a Sánchez, rectificando a instancias de la Fiscalía y la acusación popular al magistrado instructor Julián Pérez Templado, que lo había desimputado a principios de diciembre. El TSJ cercenó así las aspiraciones del consejero de Educación a suceder a Valcárcel, quien había mostrado públicamente sus preferencias por él remitiéndose a las consultas que había hecho con el PP regional, cuya presidencia todavía mantiene el exmandatario.

En todas las quinielas que diversos medios vienen publicando sobre quiénes serán los miembros del Gobierno de Alberto Garre, Cerdá y Sánchez se mantienen en sus cargos junto al actual consejero de Presidencia, Manuel Campos. Cambian de nombre, sin embargo, todas las demás consejerías, que serán reducidas de ocho a siete.

El caso de un consejero, Cerdá, que mantenga su cargo a pesar de estar imputado por sus actuaciones como tal es el primero en Murcia. Pero no lo es en lo que se refiere a alcaldes. Al menos 27 alcaldes y concejales murcianos del PP, la gran mayoría, o del PSOE y otros partidos locales, actuales o de legislaturas anteriores, han sido encausados en los tribunales por diferentes posibles delitos que van desde el cohecho y la prevaricación –los más frecuentes– hasta la pertenencia a organización criminal, pasando por fraude, malversación, delito electoral, blanqueo de capitales o delito contra el medio ambiente.

Ninguno de ellos ha dimitido o renunciado al cargo a causa de su imputación. Algunos, hasta cinco, han sido absueltos. Sólo uno, el exalcalde y diputado popular de Totana Juan Morales fue condenado en firme y está cumplido condena. La semana pasada accedió al tercer grado y sólo tiene que ir a la cárcel a dormir.

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