El arquitecto que cobró en B la reforma de Génova se acogió a la amnistía de Montoro

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acaba de remitir un informe al instructor del caso Gürtel, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que confirma que el Partido Popular pagó parte de la reforma de su sede en la calle de Génova con fondos de su caja B. Pero el informe de los expertos policiales va más allá y demuestra que esos fondos opacos que presuntamente administraba Luis Bárcenas acabaron beneficiándose luego de la amnistía fiscal aprobada por el propio Gobierno del PP. Es decir, el dinero negro que abonó la formación de Mariano Rajoy a los arquitectos de Génova regresó a España blanqueado gracias una medida de su Ejecutivo. El círculo quedó completamente cerrado.

Así consta en el informe remitido por la UDEF a la Audiencia Nacional el pasado viernes sobre las operaciones financieras ocultas tras las obras de reforma de Génova. El documento ha servido a Ruz para confirmar que, como ya sostuvo en un auto del pasado mes de noviembre, los populares habrían pagado al despacho responsable del proyecto, Unifica Servicios Integrales S.L., hasta 888.000 euros ajenos “al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas”. Los pagos se ocultaban mediante una doble certificación de las obras.

Los investigadores policiales de los casos Gürtel y Bárcenas también han rastreado el destino que tuvieron esos fondos. Según la UDEF, los dos socios de Unifica, los arquitectos Gonzalo Urquijo y Belén García, los depositaron “en cuentas bancarias en el exterior en sucursales de entidades financieras ubicadas en Suiza, Canadá y Luxemburgo”. Los agentes han detectado que, posteriormente, ambos “se acogieron al proceso de regularización fiscal de patrimonio en el extranjero”, es decir, la amnistía fiscal aprobada en marzo de 2012 por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Cada uno de los propietarios de Unifica pagó “una cuota de 109.445 euros” para regularizar los fondos que hasta ese momento escondían presuntamente fuera de España.

Parte de ese dinero habría salido de la contabilidad no oficial que mantenía Bárcenas, según se desprende de las conclusiones a las que han llegado los efectivos de la UDEF tras analizar la abundante documentación incautada en los registros de Unifica y de la sede del Partido Popular. Sólo de Génova se llevaron 5.068 documentos tras más de 14 horas de búsqueda.

La lista negra de amnistiados

Los socios de Unifica no son los únicos implicados en el caso Gürtel que se han beneficiado de la polémica amnistía fiscal de Montoro. El principal encausado en la pieza separada sobre la presunta contabilidad B del PP, el extesorero Luis Bárcenas, aprovechó esa medida de excepción para regularizar más de 10 millones de euros. El principal testaferro de la trama Gürtel y bróker de confianza Bárcenas, Iván Yáñez, legalizó otros 1,3 millones de euros. Y al menos otros siete imputados, (Alberto López Viejo, Alfonso Bosch, García Pozuelo, Manuel Salinas, Amando Mayo, José Ramón Blanco Balín y José Luis Ulibarri), entre los que figuran políticos y constructores, usaron esa misma vía para blanquear fondos alojados en el exterior.

El informe enviado por la UDEF al sumario de Gürtel no sólo demostraría que el Partido Popular contaba con una caja B que utilizó para abonar parte de las reformas en su cuartel general. También aportaría una nueva prueba de que la amnistía fiscal impulsada por el Ejecutivo de Rajoy fue un auténtico coladero y facilitó la legalización de fondos de procedencia ilícita sin ningún tipo de control.

Supuestamente, eso iba a ser imposible. Montoro aseguró cuando defendió las ventajas de la amnistía que los procedimientos aprobados impedían la regularización de ese tipo de fondos de origen ilícito. Pero las investigaciones de la UDEF han servido para encontrar una decena de casos vinculados con la trama Gürtel en los que se utilizó esta medida excepcional sin que saltaran las alarmas de la Agencia Tributaria. Y se desconoce cuántos otros casos han conseguido completar el trámite sin levantar ninguna sospecha.

Sistema de doble certificación

El informe de la policía afirma que los servicios de Unifica fueron abonados por el PP mediante una cuenta bancaria en la que tenía depositadas subvenciones públicas, aportaciones de otras cuentas, disposiciones de una póliza de crédito y el importe de los donativos. Pero los agentes de la UDEF también subrayan que, en el tiempo que duraron las obras de reforma, esa cuenta bancaria recibió “cinco aportaciones anónimas con origen en salidas de fondos anotadas en la contabilidad de Luis Bárcenas, previo fraccionamiento de cuatro de ellas, por importe de 330.930 euros”.

El informe enviado por los expertos policiales también concluye que Unifica utilizó un sistema de doble certificación para tratar de evadir la acción de Hacienda. Afirma que “las [certificaciones] de menor valor son creadas ad hoc con el fin de adecuar lo pagado por la formación política a través de la cuenta bancaria de la que es titular, a la documentación que se genera en las obras (presupuestos, certificaciones y facturas); y otras de mayor importe resultando ser las verdaderas certificaciones, las que recogen los trabajos efectivamente ejecutados y cuya diferencia se abona en parte con fondos ajenos al circuito económico financiero, correspondientes con las anotaciones procedentes de la contabilización cuya llevanza correspondía a Luis Bárcenas”.

Ruz asume estas conclusiones y afirma que estos datos permiten “seguir sosteniendo aún con mayor fundamento” del que ya había en el auto que dictó en el mismo sentido el pasado mes de noviembre, también sobre la reforma de la sede de Génova, que las pruebas “vienen a confirmar a nivel indiciario la existencia en el seno del Partido Popular de una corriente de cobros y pagos continuos en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas”. “Habría sido utilizada en el presente caso para atender a determinados pagos al arquitecto y responsable de la empresa Unifica [el imputado Gonzalo Urquijo]”, afirma.

La respuesta de Ruz al PP

El auto es la respuesta de Ruz al durísimo escrito que remitió la defensa en la causa del PP el pasado mes de diciembre descalificando todas las averiguaciones de la UDEF en relación con este punto de la causa y criticando que el magistrado asumiera el resultado de esas pesquisas. El escrito de la defensa de los populares fue tan duro con los investigadores –los acusaba de formular “simples presunciones” y haber hecho “un ejercicio de imaginación ciertamente asombroso”– que provocó incluso el enfado del Ministerio del Interior.

El nuevo auto aprobado ahora por el instructor de la causa no sólo dinamita la versión del PP y de su defensa, sino que contiene aún más pruebas de que la formación de Rajoy usó dinero negro para costear gran parte de las obras de reforma de su sede.

Como resultado de estas diligencias, Ruz cita a declarar para el próximo 7 de mayo en calidad de imputados por falsedad documental a tres empleados del despacho de arquitectos, Luis Montero, María Rey y Claudio Montero, y cita como testigos para el mismo día a otros dos empleados de Unifica, Ester D'Opazo y Noelia Fernández, y a dos trabajadores del Partido Popular, Antonio de la Fuente y Luis Molero.