Interior respalda a Botella y González en su 'guerra' contra Cifuentes por las protestas

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, está arrinconada por su propio partido. La excusa, las últimas manifestaciones que han tenido lugar en Madrid. La Comunidad reclamó ayer por enésima vez que se “ordenen las manifestaciones en la ciudad” y Ana Botella aprovechó el pleno municipal para incluir una proposición de urgencia en la que insta a Cifuentes que determine “una serie de espacios que se protejan para realizar manifestaciones”. La última estocada a la delegada del Gobierno se la propinó el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que vio “muy atinada” la propuesta de la alcaldesa de circunscribir el derecho constitucional a manifestarse en “un lugar específico”. Como telón de fondo se vislumbra una batalla: la pelea electoral del PP por las municipales y autonómicas de 2015.

La disputa entre instituciones viene de los disturbios violentos que desataron el pánico tras la manifestación del sábado, que causaron más de cien heridos y daños materiales por valor de 166.000 euros, según la valoración del consistorio madrileño. La Comunidad (PP) y el ayuntamiento (PP) aprovecharon el revuelo para tensar la cuerda y forzar a la delegación del Gobierno (PP) a que restrinjael derecho a manifestarse en el centro de Madrid. Entre bambalinas destaca el enfrentamiento vivo que existe entre los representantes de las tres instituciones, ya que Cifuentes es el nombre que suena con más fuerza para sustituir a González o a Botella en las próximas elecciones.

La alcaldesa de Madrid se ha comprometido a solicitar formalmente a la Delegación del Gobierno una lista o relación de espacios que deberían protegerse de las manifestaciones. “La capital no puede tolerar que el espacio público de todos sea ocupado por quienes hacen de Madrid diana de todas las manifestaciones, tomando como rehenes a los ciudadanos”, aseguró Botella. Para evitarlo, la primer edil concretó que las protestas podían modularse de algún modo, “estudiando caso por caso”, y evitar así que se produzcan en entornos históricos o zonas de gran afluencia como la Puerta del Sol, donde se ubica la sede del Ejecutivo regional.

Tras escuchar las quejas de Comunidad y ayuntamiento, el ministro del Interior vio con buenos ojos acotar un lugar donde los manifestantes celebren sus huelgas sin alterar el orden de la ciudad. La postura de la delegación del Gobierno es que el derecho a manifestarse es una facultad fundamental que no requiere de autorización y que únicamente puede prohibirse cuando “existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. Además, Cifuentes se ampara en que este derecho no sólo es de los madrileños, sino de todos los españoles, vivan en el municipio que vivan, de forma que si se regula en Madrid, en su opinión, “va contra el principio de igualdad y de no discriminación”.

La justicia tendrá la última palabra

Fernández Díaz echó ayer por tierra la tesis que defiende la delegada del Gobierno asegurando que “ningún derecho es absoluto” y que, “por desgracia, son muchas las resoluciones judiciales que derogan las resoluciones de la Delegación del Gobierno”. Por contra, Cifuentes mantiene que, cada vez que ha intentado cambiar el recorrido de una propuesta, los tribunales han tumbado su petición.

El fuego de las manifestaciones todavía no se ha apagado. Cristina Cifuentes mantiene esta misma mañana un encuentro para activar el protocolo de seguridad que se seguirá mañana sábado en la protesta que hay convocada para el sábado contra la Monarquía y en la que se teme que los manifestantes utilicen la violencia para avivar el conflicto con los policías.El debate de las manifestaciones, aunque lo parezca, no es nuevo. Ana Botella se quejó en septiembre de 2012 de que Madrid había sufrido 2.732 concentraciones de este tipo en nueve meses, con un coste para las arcas municipales de casi 4 millones de euros. Cifuentes aceptó entonces un cambio, pero sin que recortase derechos y racionalizando el uso del espacio público, una vía que el Gobierno rechazó.

La polémica se avivó el mes pasado, cuando el equipo de González se quejó de las reiteradas manifestaciones que se producen a diario en la Puerta del Sol y pidió a la delegación que evite que confluyan allí. Entonces, Cifuentes replicó que no depende de ella prohibir las protestas y su itinerario. Quienayerle contestó fueel ministro del Interior: en todo caso, la “última palabra” la tendrá la justicia. La polémica aún está servida.