emitirá su informe a finales de año

La OSCE dictaminará si el Gobierno respetó el derecho de manifestación durante el 22-M

La OSCE dictaminará si el Gobierno de Rajoy respetó los derechos de manifestación y reunión durante el desarrollo de las Marchas de la Dignidad del 22-M

Foto: Panorámica de los disturbios que tuvieron lugar el sábado en Madrid tras las marchas del 22-M (EFE)
Panorámica de los disturbios que tuvieron lugar el sábado en Madrid tras las marchas del 22-M (EFE)

La Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) dictaminará si el Gobierno de Mariano Rajoy respetó los derechos de manifestación y reunión durante el desarrollo de las Marchas de la Dignidad 22-M que recorrieron el sábado las calles de Madrid. Fuentes oficiales de este organismo confirman que, además de asistir a la protesta, sus observadores se reunieron con autoridades españolas. Los resultados de su investigación serán publicados a finales de 2014.

Los sindicatos policiales creen que la presencia de estos observadores internacionales es el principal motivo por el que los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) recibieron el sábado la orden de no responder a los ataques de los violentos. Según los sindicatos, los mandos policiales ordenaron a los efectivos antidisturbios que “aguantaran” el lanzamiento de piedras, cohetes y bolas de acero, y que no hicieran uso de las pelotas de goma. Los disturbios se saldaron con 101 heridos, 67 de ellos policías, la cifra más alta que se haya registrado nunca.

El portavoz de la ODIHR, Thomas Rymer, confirma a El Confidencial la presencia el pasado fin de semana en Madrid de un equipo de seis observadores de su organización. "Llegaron el jueves y se marcharon el domingo", afirma Rymer, aunque otras fuentes aseguran que el lunes todavía estaban en la capital. Además de vigilar el desarrollo de las Marchas de la Dignidad, se reunieron con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Oficina del Defensor del Pueblo, Protección Civil, la Jefatura Superior de Madrid de la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid. Otras fuentes afirman que también mantuvieron un encuentro con funcionarios de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Investigación sobre el terreno

Los antidisturbios sospechan que esas visitas condicionaron la planificación del dispositivo para garantizar el orden público durante el 22-M. Según la Unión Federal de Policía (UFP), los máximos responsables del despliegue –el comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona, el comisario jefe de las UIP de toda España, José Miguel Ruiz Iguzquiza, y el máximo responsable de las UIP de Madrid, el inspector jefe Francisco Javier Virsea– ya han reconocido en privado que fueron especialmente precavidos en todas sus órdenes para no proyectar ante los representantes de la OSCE una imagen de policía represiva.

El portavoz de la ODIHR asegura que la visita a España de los observadores se produjo tras considerar que las protestas del 22-M “podían proporcionar información valiosa para la investigación” que están desarrollando sobre el respeto de los derechos de reunión y manifestación en los países adheridos a la OSCE. “La finalidad de la supervisión no fue evaluar el derecho a la libertad de reunión pacífica sólo en España, sino que es parte de un proyecto más amplio que implica el seguimiento de concentraciones en varios países para identificar los problemas y las buenas prácticas en la vigilancia de las protestas”, explica el portavoz de la ODIHR. “Esta información será publicada en un informe que verá la luz hacia finales de 2014”, adelanta Rymer.

Las conclusiones de esa investigación no serán vinculantes para el Ejecutivo de Rajoy, pero podrían dañar su proyección en el continente si los observadores consideran que las autoridades españolas conculcan derechos fundamentales. La fama del Partido Popular no pasa precisamente por su mejor momento en Bruselas. El borrador del Anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana ha obligado al Ministerio del Interior a responder a las numerosas muestras de inquietud que esa iniciativa ha generado en la Unión Europea. 

La OSCE ya incluyó a España en 2013 dentro de su lista negra de “países sin libertad” y denunció que el Gobierno no apoyara la misión de supervisión de otro equipo de observadores enviado el pasado septiembre a Madrid para seguir de cerca la protesta Jaque al Rey, a la que apenas asistieron unos mil manifestantes. En estas circunstancias, a dos meses de las elecciones al Parlamento Europeo, Ejecutivo pretendía sellar su reconciliación con la OSCE el pasado sábado. Pero ahora tiene otro frente con los antidisturbios, que acusan al PP de haberlos utilizado para tratar de blanquear su imagen de duro.

Errores en el dispositivo

El Sindicato Profesional de Policía (SPP) no pone tanto el acento en la presencia de los observadores de este organismo internacional como en los posibles errores que se cometieron el sábado. “Es necesario que se aclare por qué se quedó aislado un subgrupo de UIP y qué hacían un camión de Bomberos y dos furgonetas de la Policía Municipal en un lugar en que no debían estar y que provocó la ruptura de la línea policial”, asegura el secretario general del SPP, José Antonio Calleja. A su juicio, “el problema no se terminará hasta que no deje de salir gratis agredir a un policía y se castigue esa virulencia contra los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. “Sólo uno de los 29 detenidos el sábado ha pasado a prisión provisional”, concluye Calleja.

Los sindicatos se reunieron el lunes con director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, para exigirle la destitución de los mandos encargados del despliegue. Esta tarde volverán a reunirse con Pino para comentar las primeras conclusiones de la “información reservada” que ha abierto la Dirección General de la Policía para depurar las posibles negligencias que se cometieron el 22-M. Los sindicatos mantendrán las peticiones de ceses y han convocado protestas este mediodía en todos los centros policiales de España para apoyar a las UIP y denunciar las agresiones de los violentos.

La falsa muleta-pincho

Por otra parte, la UFP admitió ayer que el pasado domingo difundió una imagen de una muleta-pincho asegurando erróneamente que había sido intervenida a los radicales que atacaron el sábado a las UIP. Sin embargo, lo cierto es que ese artilugio fue localizado dos días antes en los Juzgados de Plaza de Castilla y no tiene ninguna relación con el 22-M. Este diario publicó a última hora de la tarde del domingo la imagen de la muleta, situándola equivocadamente entre los objetos incautados a los violentos. No obstante, fuentes policiales han confirmado que a los detenidos se les incautaron navajas y machetes, y en las imágenes de los disturbios se aprecia cómo se lanzaron cascotes, palos, petardos, cohetes y hasta señales de tráfico contra los agentes.  

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