Los antidisturbios creen que el PP dejó que los "machacaran" para lavar su fama de duro

La manifestación 22-M Marchas de la Dignidad tenía como objetivo denunciar las supuestas políticas neoliberales del Gobierno de Mariano Rajoy y de la Unión Europea a sólo dos meses de las elecciones al Parlamento de Bruselas. Los organizadores aseguran que la convocatoria fue todo un éxito, pero probablemente su mayor triunfo haya sido el que menos esperaban. Los disturbios que se produjeron tras esa multitudinaria protesta han generado un profundo malestar hacia el Ejecutivo y, sobre todo, el Ministerio del Interior, entre los agentes de la Policía Nacional encargados de mantener el orden público y hacer cumplir la ley. Acusan al Gobierno de pedirles que no se defendieran de las agresiones de los violentos para no dañar su imagen ante los observadores internacionales que envió el pasado fin de semana a España la Organización para la Seguridad y la Cooperación enEuropa (OSCE).

Las críticas de los agentes giran en torno a los dramáticos sucesos que se vivieron en las calles de la capital a última hora del sábado. Los sindicatos policiales denuncian que un grupo de 34 efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) quedó aislado del resto del despliegue y fue literalmente masacrado por unos 1.000 violentos que ocupaban la cola de la manifestación. Los agentes pidieron por radio refuerzos, pero la ayuda tardó en llegar y la única orden que recibieron mientras tanto de sus mandos fue que no usaran el material antidisturbios. “En ese momento estaba dentro de una furgoneta escuchando por radio todo lo que pasaba”, explica un agente antidisturbios que participó en el operativo del sábado y que prefiere no identificarse. “Les mandaron refuerzos, pero ya era tarde. Lo pasaron muy, muy mal. Yo oía por la radio: '¡A ese grupo lo están machacando, lo están machacando!'. Un compañero recibió una pedrada en la pierna, y hay compañeros que han sido apuñalados”.

“Nunca había habido tantos heridos”

La protesta se saldó con 101 heridos, 67 de ellos policías. Fue de las más violentas que se recuerdan. “Nunca antes se había registrado una cifra tan alta de heridos en un dispositivo de este tipo”, denuncia la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica Gracia. "Hay compañeros que han perdido los dientes y otros que probablemente van a tener secuelas para toda la vida. Hay otro que está vivo de milagro. Su chaleco tenía 17 puñaladas. Si no llega a ser por la protección antitrauma, ahora mismo estaría muerto”, asegura la máxima responsable del SUP.

Las imágenes que han trascendido de la protesta y los objetos incautados a los radicales condensan la virulencia de los incidentes: desde lanzacohetes atirachinas y bolas de acero, pasando por machetes y navajas de todo tipo. Los sindicatos denuncian que, frente a ese arsenal, los antidisturbios sólo recibieron la orden deesperar, a pesar del abrumador dispositivo policial que había preparado la Delegación del Gobierno.

“En el briefing que se suele dar antes de salir a la calle se le dijo a nuestros mandos que tuvieran calma y que aguantaran”, asegura otro agente de las UIP que también prefiere ocultar su nombre. “Nunca habíamos aguantado tanto”, asegura otro miembro de las UIP. “Yo estuve en la plaza de Cibeles y vimos como un grupo de radicales cortaba la Gran Vía con vallas de la propia fuente. En esas circunstancias, lo lógico hubiera sido intervenir. Es lo que siempre hemos hecho. Pero se nos dijo que hiciéramos nada. Y antes de salir del complejo de Moratalaz nos ordenaron que no utilizáramos las pelotas de goma, a no ser que no tuviéramos más remedio”.

Observadores internacionales

Los sindicatos policiales sospechan que las órdenes que recibieron los antidisturbios de sus mandos para que no reaccionaran a los ataques de los violentos fueron en realidad instrucciones políticas que sólo tenían como objetivo salvaguardar la proyección mediática del Gobierno. Contribuye a esa hipótesis la presencia el pasado fin de semana en Madrid de observadores internacionales de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Según la propia ODIHR, los observadores tenían como principal objetivo comprobar sobre el terreno si el Ejecutivo de Mariano Rajoy respeta los derechos de manifestación y reunión. Este diario ha tratado de ponerse en contacto con la OSCE para recabar más datos sobre la expedición, pero no ha obtenido respuesta. Ese organismo internacional incluyó en 2013 a España dentro de su lista negra de países sin libertad. Y la Ley de Seguridad Ciudadana que ha comenzado a tramitar el Ministerio del Interior no ha contribuido a mejorar la percepción del Ejecutivo del PP en el extranjero.

Un portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ha aclarado que la visita de los miembros de la ODIHR se produjo por la invitación permanente de España a ese organismo y enmarca su desplazamiento a Madriden el funcionamiento habitual de este tipo de instituciones. Los observadores se reunieron el pasado viernes con representantes de la cartera de José Manuel García-Margallo. También fueron recibidos por la Oficina del Defensor del Pueblo y, según confirman fuentes policiales, acudieron a la Jefatura Superior de Policía de Madrid para mantener otra reunión con mandos de la Policía Nacional.

Campaña de imagen del Gobierno

En este contexto, con los observadores de la ODIHR en Madrid para escrutar la tolerancia con los movimientos sociales del Ministerio del Interior y con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, los representantes sindicales de la Policía Nacional creen que los 67 compañeros antidisturbios heridos el sábado han sufrido en su cuerpo una campaña de blanqueamiento del Gobierno. Y exigen por ellos dimisiones inmediatas.

La Dirección General de la Policía Nacional no descarta que se produzcan esos ceses, pero antes quiere reunir todos los datos sobre lo que ocurrió el sábado. El director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, comunicó personalmente ayer a los cuatro sindicatos más representativos del cuerpo –SUP, Confederación Española de Policía (CEP), Unión Federal de Policía (UFP) y Sindicato Profesional de Policía (SPP)– que ha decidido iniciar un proceso de “información reservada”, es decir, una investigación interna para depurar posibles responsabilidades. El DAO ha pedido informes a las UIP, las unidades de Seguridad Ciudadana y los servicios de Información, y también a los Bomberos y a la Policía Municipal de Madrid. Pino se comprometió con los sindicatos a reunirse de nuevo con ellos para trasladarles las conclusiones de su investigación y les garantizó que llegará hasta el final, aunque el final implique la destituciónde mandos.

Las comisarías pararán el miércoles

Las tres cabezas más señaladas por los sindicatos son las del comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona, el comisario jefe de las UIP de toda España, José Miguel Ruiz Iguzquiza, y el máximo responsable de las UIP de Madrid, el inspector jefe Francisco Javier Virsea. Por lo pronto, SUP, CEP y UFP se reunieron ayer por la tarde y acordaron convocar una concentración en todos los centros policiales mañana miércoles a las 12 horas en apoyo a los compañeros de las UIP y en contra de los violentos.

Por su parte, los colectivos organizadores de las Marchas del 22-M siguen tratando de prolongar la protesta. Ayer convocaron concentraciones frente a la Bolsa y el Ministerio de Economía, pero tuvieron que ser desconvocadas por falta de asistentes. Por la noche, los indignados se concentraron en la Puerta del Sol para tratar de montar una acampada como la del 15-M, pero los efectivos de las UIP bloquearon todos los accesos.